Improvisación, descoordinación, falta de transparencia, descontento y, por supuesto, ataques. De esta forma se puede describir la primera semana de Rodrigo Chaves en el gobierno. El oficialismo le achaca los errores a su inexperiencia y a su curva de aprendizaje en el manejo del aparato público, pero, justo lo contrario fue lo que prometieron en campaña. Mas allá de esas pifias –que son una gran angustia para la burguesía porque muestran un gobierno débil, descoordinado e inexperto, cuando apostaban por lo contrario–, para los sectores trabajadores el motivo de preocupación deben ser las medidas planteadas por Chaves, que están en la línea de continuidad y profundización del ajuste.
En estos pocos días del nuevo gobierno se han delineado algunas características que posiblemente serán la constante durante su gestión. Poses autoritarias, lejanía y un supuesto tecnicismo para justificar las contrarreformas. El propio traspaso de poderes fue un ejemplo de esto. Se realizó a puerta cerrada en la Asamblea Legislativa con la presencia de pocos asistentes, principalmente las delegaciones diplomáticas. Esto contrasta con la tradición que han sostenido los nuevos mandatarios de darse un baño de masas en su inicio de gestión. En este caso, esta decisión indudablemente tiene relación con su poca legitimidad a nivel social, ya que su presidencia es la del voto en contra y donde siete de cada diez personas no lo apoyaron en las urnas.
Bajo su halo de “hombre fuerte” que viene a solucionar todos los problemas del país Chaves no tiene miramientos en cuidar las mínimas formas de la política burguesa. En ese mismo acto firmó los primeros decretos, que no se hicieron públicos hasta varios días después. Posteriormente, el gabinete mantuvo su primer Consejo de Gobierno, también a puerta cerrada. Al día siguiente, con motivo de su llegada a Casa Presidencial no atendió a la prensa ni dirigió una sola palabra a las trabajadoras y los trabajadores que se encontraban reunidos en el lugar. Todo esto ya le ha abierto un flanco de ataques desde la prensa por su falta de comunicación y tosquedad.
Mas allá de los cuestionamientos por estas formas y simbolismos hay que entrar a evaluar las posiciones políticas y los proyectos que esta impulsando. Hasta el momento esta claro que tiene toda la intención de aplicar la reestructuración que tanto ansia la burguesía en temas laborales y del aparato publico.
De decretos, mascarillas y vacunas
Los primeros decretos firmados por el presidente están relacionados a medidas sanitarias implementadas durante la pandemia contra la covid-19. Uno elimina la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios cerrados, dejándolo a discrecionalidad de cada institución o empresa. Solo se mantiene esta exigencia para el personal de primera línea. El otro es sobre la vacunación, en un primer momento anunció que suprimiría su obligatoriedad, sin embargo, pasados los días y con la publicación del documento quedó claro que en realidad solo realizó una solicitud a las instituciones y patronales a no ejecutar despidos motivados en la no aplicación de las vacunas. Además, le requirió a la Comisión Nacional de Vacunación una evaluación al respecto. Este órgano ya emitió criterio en el sentido de que, por el momento, se mantienen los mismos alcances que hasta ahora.
Dichas disposiciones comienzan a regir justo en la entrada de la quinta ola pandémica en el país. Esto y la falta de criterios médicos y científicos para la toma de estas decisiones provocaron un aluvión de criticas desde distintos sectores sociales presionando al gobierno a moderarse. La ministra de Salud matizó el alcance de los decretos e incluso Chaves monto un acto para colocarse la cuarta dosis ante las cámaras y decir que él esta a favor de la vacunación. Si bien, no nos colocamos a favor de la obligatoriedad de la vacunación y mucho menos del despido de personas bajo este motivo, lo cierto es que la postura del gobierno es desde la perspectiva populista y negacionista, que, en ultima instancia, responsabiliza a las personas trabajadoras por un problema de salud pública. Lo que le compete al gobierno es asegurar el acceso de la vacuna a todas las personas y ejecutar acciones de educación y concientización al respecto.
Se pone a prueba el gerencialismo de Chaves
Además de los decretos anteriores, Chaves realizó una serie de ordenanzas que van en el sentido de mostrar la supuesta capacidad de gestión gerencial que prometió aplicar en el manejo de las instituciones públicas. Le solicitó al ministro del MOPT que diseñe y presente un plan de “reingeniería absoluta” de este ministerio en un plazo máximo de 3 meses. Públicamente no trazó una aproximación del significado de esa orden pero, si se tienen en cuenta los antecedentes, sería en la linea de cerrar algunos o todos los consejos que dependen de este ministerio. Ya en la administración de Luis Guillermo Solís se había presentado un proyecto en ese sentido, pero finalmente no progresó.
Esta institución ha sido sumamente cuestionada durante los últimos años por conocidos casos de corrupción que han implicado la malversación de miles de millones de colones y el enriquecimiento de una camarilla de empresarios de la construcción, pero, lo cierto es que la línea de reestructuración que plantea Chaves no ataca estos problemas, sino que, simplemente plantea la eliminación de órganos y su reabsorción dentro de la estructura ministerial, con la consecuente afectación para las personas trabajadoras y la funcionalidad de las tareas que realizan.
Para atacar frontalmente el problema de la corrupción (comerse la broca en palabras de Chaves) se debe realizar un cuestionamiento al modelo de concesión de obra pública, pero asistimos al caso contrario, desde el gobierno y la Asamblea Legislativa plantean reformar las “alianzas público-privadas”, lo cual, en el lenguaje llano, simplemente quiere decir asegurarle una mayor participación al sector privado en la construcción de infraestructura pública. De esta forma, se continúa desmantelando a este ministerio que, en los hechos, ya no realiza construcción de obra, sino que simplemente es un administrador de contrataciones y licitaciones.
Por otra parte, giró instrucciones relacionadas con el manejo del ICE, y es que parece que esta será una de las instituciones más atacadas durante esta administración, incluso el bloque de bancadas neoliberales puntualizó este tema como una de sus prioridades. Lo ordenado por Chaves tiene que ver con una modificación de los registros contables para que se recalifiquen una serie de gastos e inversiones. Esto conlleva que esos montos no sean contemplados dentro de la fórmula de cálculo tarifario y, por supuesto, afectará las finanzas de la institución. El supuesto objetivo de esta modificación es bajar el costo de la electricidad (algo necesario) pero que debe ser visto con el filtro burgués, es decir, se toma una reivindicación valida para propinar un ataque, y en este caso es el debilitamiento de la institución con miras a su futuro cierre, privatización o apertura. Ademas, es cuestionable que en realidad estas medidas generen una disminución en la tarifa eléctrica ya que la mayoría de las modificaciones ya fue aplicada el año pasado por la institución.
Otra de las ordenanzas con respecto al ICE tiene que ver con el requerimiento que le hace para la entrega, en un plazo no mayor a 6 meses, de una serie de frecuencias del espacio radioeléctrico en las que se puede desarrollar la tecnología 5G. Esta medida, en ultima instancia, lo que pretende es quitarle este espectro para lanzarlo a subasta que, muy probablemente, será ganada por las empresas privadas de telecomunicaciones con su gigantesco respaldo financiero de las casas matrices. Nuevamente, en lugar de desarrollar esta tecnología de una forma que sea accesible para todas las personas y a través de una institución pública que tiene presencia en todos los rincones del país, la pretensión es gestionar esta tecnología de manera privada, teniendo como objetivo la generación de ganancias y no la prestación del servicio.
Chaves también ordenó la revisión de algunos mercados y sus condiciones de comercialización para, supuestamente, bajar el precio de productos como los medicamentos o el arroz. Sobre lo primero la idea esencial es que se proceda mediante un proceso de homologación, es decir, si una agencia “fuerte” como la FDA estadounidense lo aprueba se utilizaría esa información para permitir su comercialización en el país. Esto deja todo el proceso de pruebas y verificaciones por fuera de los controles y disposiciones nacionales, por ejemplo, esto ya sucede con los agroquímicos que se utilizan en las labores agrícolas y hay que recordar las múltiples denuncias de trabajadores y comunidades por las afectaciones negativas tras la exposición a estos químicos que están autorizados por estas agencias.
En cuanto al arroz, debido a la importancia que tiene en la dieta del país es el único producto que mantiene un precio fijado por decreto. Lo que pretende Chaves es la liberalización del mercado de forma tal que se beneficien los sectores importadores en detrimento de la producción nacional. Si bien es cierto es necesario bajar su costo –de la mano de la necesidad de bajar el costo general de la vida en el país, máxime ante una creciente inflación que no para de crecer– lo cierto es que el planteamiento gubernamental no está en función de esto (aunque tenga ese efecto) sino en la generación de un gran negocio para los sectores importadores.
Al respecto, por ejemplo, la empresa importadora de arroz Maquila Lama dio a conocer que con la aplicación de su propuesta el precio de una bolsa de arroz de 1,8 kg puede bajar hasta 500 colones. ¿Cuál es su planteamiento?, que se aplique una rebaja en los aranceles de importación. Actualmente estos impuestos son del 35% y la propuesta que trazan es que baje a un 3% y que ese monto sea utilizado como un subsidio mínimo a los pequeños productores nacionales. En el país el 60% del consumo de arroz es importado y uno de los principales mercados es el de Estados Unidos, que con la aplicación del TLC ha ido disminuyendo gradualmente su arancel, actualmente se encuentra en 6,7% y el próximo año llegará a ser de cero. Esto implica una gran desventaja para los pequeños productores nacionales que operan sin ningún tipo de salvaguarda.
La aplicación de algunas de las reformas inevitablemente generará roces entre diferentes grupos burgueses, ya que, implican tocar los negocios e intereses de unos para favorecer a otros. Esto puede generar jalonazos desde diferentes sectores y algunas pugnas interburguesas, contradicciones que hay que aprovechar desde los sectores de izquierda para fortalecer la lucha contra las medidas de ajuste.
Una agenda ajustadora: pensiones, jornadas de trabajo y cierre de instituciones
Durante los próximos meses el gobierno maneja la agenda de la Asamblea Legislativa. En la primera convocatoria se incluyeron un total de 10 proyectos, de los cuales dos son nuevos y otros ocho fueron heredados de la administración anterior. Posteriormente, el jueves, el gobierno convocó una veintena de proyectos más, la mayoría de los cuales son de los llamados chayote, en la jerga legislativa, es decir, que son de poca importancia y su tramite es meramente una formalidad.
Como parte de los proyectos de recién presentación esta uno para combatir la corrupción a partir de una modificación al Código Procesal Penal que establecería la obligatoriedad de denunciar en caso de que se conozca de actos de corrupción, caso contrario la persona se consideraría como cómplice. También incorporaría la posibilidad de que no se procese a personas que fueron parte de este tipo de acciones si deciden delatar a otros involucrados y aportan información con la que se logre una sentencia.
El otro proyecto marca Chaves es un ataque frontal, debido a que plantea la eliminación de 15 órganos desconcentrados y que sus funciones sean asumidas por los respectivos ministerios. Este proyecto va en la línea de “simplificación” del Estado a través de la eliminación de instituciones y, por supuesto, de la afectación hacia los sectores trabajadores. Un aspecto notable es que la mayor cantidad de estos órganos están relacionados a temas de salud y cultura. En salud se incluye al Consejo Técnico de Asistencia Medico Social, el Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente, el Consejo Nacional de Investigación en Salud, la Auditoria General de Servicios de Salud y la Oficina de Cooperación Internacional en Salud.
En cuanto al sector cultural están en peligro el Sistema Nacional de Educación Musical, la Dirección General del Archivo Nacional, el Centro Histórico de la Reforma Agraria de Costa Rica y Parque Temático, la Casa de la Cultura de Puntarenas, el Parque Marino del Pacifico y la Comisión Costarricense de Cooperación con Unesco. Además, otras instituciones incluidas en la lista son la Junta Administrativa y Dirección General de Migración y Extranjería, el Órgano de Normalización Técnica, el Fondo Nacional de Becas de Solidaridad Social y el Consejo Nacional de Clubes 4-S.
En cuanto a los proyectos heredados hay una reforma constitucional para declarar el derecho humano a la conectividad, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, una ley para fomentar el turismo de salud en el país y un plan relativo a la industria pesquera de atún. Con este se establece la protección del Estado de ciertas áreas ricas en este recurso, medidas para el aprovechamiento sostenible y la priorización de la flota nacional, además, se aleja el límite para la pesca avanzada a 60 millas náuticas y se crean cánones de registro, licencias y autorizaciones para la flota atunera.
En otros temas esta la modificación al cálculo del marchamo mediante una actualización continua por inflación de los montos mínimos y tractos para calcular el impuesto, lo que afectaría principalmente a las motocicletas, taxis y vehículos de carga que pasarían a pagar montos mayores. Además, una reforma a la Ley de Aduanas para modificar el concepto de contrabando e incluir en él diferentes formas de evasión aduanera, asimismo, establece un modelo de control de cargas mediante tecnología y métodos no intrusivos, el uso anticipado de información desde el país de origen y la trazabilidad en el transporte.
Además, se convocó un proyecto que crearía el Sistema Nacional de Inversión Pública cuya rectoría estará en manos del Mideplan. Con esto se pretende que sea ese ministerio el que oriente todas las inversiones de las entidades estatales, excepto de las empresas públicas en competencia. Esto ya se aplica en el Poder Ejecutivo, pero el proyecto pasa por encima de la autonomía de múltiples órganos para atarlos a las prioridades y disponibilidad de recursos que establezca el gobierno. De esta forma, bajo esta tutela también se incluirían los otros supremos poderes, el TSE, las instituciones semiautónomas y la administración descentralizada (universidades, municipalidades o CCSS).
Finalmente, los últimos dos proyectos son las joyas de la corona en cuanto a ataques a los sectores trabajadores. Uno implica el cierre y la liquidación de seis regímenes de pensiones complementarios especiales. Estos son los de la CCSS, el ICE, el ICT y de los bancos Nacional y de Costa Rica, además, deroga un fondo de la JPS que nunca se concretó. Este proceso conlleva que no se apruebe ninguna nueva asignación de jubilaciones y que quienes lo hagan hasta en los 18 meses después de la vigencia de la ley tendrían que devolver hasta el 10% de los montos asignados por estas pensiones en caso de desequilibro actuarial, lo cual inevitablemente va a suceder, justamente, porque los fondos se cierran.
El otro proyecto dispone la flexibilización de jornadas laborales al incorporar las jornadas de 12 horas y las anualizadas. Las cámaras empresariales han más que felicitado al nuevo gobierno por el impulso a este proyecto que, por más está decir, tiene el apoyo no solo del Ejecutivo sino del bloque neoliberal de diputados y diputadas, lo que hace suponer que será aprobado prontamente. De concretarse, supone un gran golpe a los sectores trabajadores y un retroceso en la legislación laboral de más de 100 años. Una reivindicación histórica de la clase trabajadora quedará pisoteada bajo la excusa de la “reactivación económica” y la exigencia de que las condiciones de trabajo se adapten al mercado y no a las necesidades humanas.
Este proyecto representa un retroceso para las mujeres, ya que, este tipo de jornadas no están en sintonía con el resto de actividades sociales, en particular el cuido de las personas menores de edad, adultas mayores y discapacitadas. Ante estas necesidades y debido a nuestra sociedad patriarcal, en la que le son asignadas a las mujeres ciertas tareas simplemente por su género, es inevitable pronosticar un traslado de mujeres del sector laboral hacia los hogares para cumplir con estas tareas. Por otro lado, esta medida implicará una presión adicional en la, ya es de por sí, alta tasa de desempleo, no solo por la salida de mujeres de la fuerza de trabajo sino porque al amoldar a las personas trabajadoras a las jornadas de las empresas se requieren menos contrataciones, que de otra forma emplearían a mas personas.
Hay que organizar la lucha
De esta forma, los decretos, las ordenanzas y los proyectos legislativos convocados en estos días muestran las intenciones del gobierno de Rodrigo Chaves tendientes a la “simplificación” y la reestructuración del Estado, lo cual encuentra un ambiente más que dispuesto en la mayoría de las bancadas legislativas. Si bien en estos días desde los partidos de oposición le han lanzado críticas al gobierno, lo cierto es que son porque no se han incluido proyectos aún más ajustadores en esta primera semana. Los diputados y las diputadas claman por trabajar, claman por aplicar las recetas de ajuste. Esto reafirma la caracterización de que, a pesar de ser de oposición y de mostrar críticas al gobierno, en lo esencial, que es la aplicación del ajuste en detrimento de los sectores populares y trabajadores, todos estos partidos se encuentran en la misma sintonía.
A pesar de este panorama, no todo es sombrío. El propio día del traspaso de poderes una importante movilización de al menos mil personas marchó en San José en rechazo al gobierno neoliberal y conservador de Rodrigo Chaves, demostrando que se abre un nuevo período, distinto al de la pasividad que reinó durante las administraciones del PAC. También, durante las últimas semanas se han dado manifestaciones en diferentes comunidades por temas de infraestructura, servicios y tarifas.
Ante la creciente insatisfacción y la cada vez mayor ausencia del Estado en la solución de los problemas sociales, debido a los recortes y a la aplicación estricta de la regla fiscal –que este gobierno promete continuar– la presión social se ha venido acumulando y existe la potencialidad de que se exprese callejeramente. Este gobierno que tiene todas las características de ser uno más ajustador y represivo, lo cual es la apuesta de la burguesía para avanzar en las contrarreformas, pero esas mismas características pueden provocar el efecto contrario y a eso deben apuntar los sectores de izquierda y luchadores. Ante esta perspectiva es que señalamos la necesidad de salir a luchar a las calles contra el plan de ajuste neoliberal y las contrarreformas que vienen para pararle la mano a este gobierno.
