• ¡Ni con el gobierno ni con los anti-vacunas! Es necesario que las organizaciones sindicales y populares impulsen una campaña a favor de la vacunación en los barrios obreros y populares, la cual también se oponga al plan de ajuste del gobierno y el FMI.
  • El NPS dedicará parte de su campaña electoral en San José y Cartago a promover la vacunación.

Victor Artavia

La vacunación obligatoria del PAC: una medida autoritaria contra la clase trabajadora

En los últimos días se abrió un debate sobre las medidas anunciadas por el gobierno para garantizar la obligatoriedad de la vacunación contra el Covid-19, particularmente por estar dirigidas contra las personas trabajadoras, a las cuales se amenaza con sanciones –económicas, administrativas y hasta el despido- en caso de no inocularse.

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) consideramos que la vacuna es una conquista para combatir la pandemia, por lo cual defendemos su uso e instamos a todas las personas a inocularse. Pero rechazamos la obligatoriedad impuesta por el gobierno, particularmente en lo concerniente a las medidas disciplinarias contra las personas trabajadoras, a quienes tácitamente responsabiliza de propagar el virus, mientras deja impunes a los grandes empresarios que, durante lo que va de la pandemia, no tuvieron reparo en sobreponer sus ganancias a la salud pública -recordemos los casos de las piñeras y empresas de construcción- o presionar constantemente por la supresión de las restricciones sanitarias sin importar el colapso de los centros hospitalarios (a lo cual el gobierno cedió en la mayoría de los casos).

Aunado a esto, los argumentos del gobierno para justificar las medidas disciplinarias contra la clase trabajadora coinciden –y fortalecen- el discurso anti-obrero esgrimido en otros temas, por ejemplo, en materia fiscal, donde reiteradamente concentran sus ataques contra la clase trabajadora del sector público, a la cual señalan como la única causante de los desbalances económicos por sus conquistas salariales y laborales, invisibilizando el problema estructural que representa la evasión y elusión fiscal realizada por los principales grupos empresariales en el país.[1]

Por todo lo anterior, insistimos, la obligatoriedad de la vacunación impuesta por el gobierno expresa un marcado carácter de clase burgués, pues apunta a fortalecer el control de la patronal y del Estado burgués sobre la clase trabajadora, amenazándola con despojarla de su trabajo, es decir, el único medio que cuenta para ganarse la vida. Así, la conquista de la vacuna es instrumentalizada para avanzar en una medida regresiva contra la clase trabajadora, legitimando -política y socialmente- su control y castigo por parte del Estado y las patronales.

Contraria a la salida autoritaria del gobierno, desde el NPS consideramos que la mejor manera de masificar la vacunación es por medio de una campaña de las organizaciones sindicales y populares para convencer a los miles de personas trabajadoras que, al día de hoy, no se inoculan por miedo a los efectos secundarios o por desinformación debido a los grupos anti-vacunas. Una campaña que, además del tema sanitario, discuta la necesidad de luchar contra los ataques del gobierno y sirva para reconstruir el tejido social del movimiento sindical y social costarricense. Sobre esto ampliaremos al final del texto con nuestra propuesta de campaña por la vacunación.

 

La obligatoriedad fortalece a los anti-vacunas y los partidos de derecha

Aunado a lo anterior, la obligatoriedad de la vacunación dio “aire” a los sectores anti-vacunas que, aunque minoritarios, sostienen un discurso reaccionario y anti-científico, el cual gana espacio entre quienes tienen reticencias en vacunarse, principalmente por las denuncias sobre los efectos secundarios que presentaron algunas personas tras aplicarse una dosis de Pfizer o AstraZeneca (las marcas utilizadas en Costa Rica).

También salen gananciosos los partidos de derecha y evangélicos, los cuales denuncian una “dictadura sanitaria”, se presentan como defensores de la “libertad” y concentran sus ataques alrededor de la supuesta inconstitucionalidad de la medida, es decir, constituyen una oposición por derecha al gobierno donde se diluye el ataque dirigido contra la clase trabajadora y, por el contrario, erigen un discurso centrado en el individuo abstracto donde nunca se cuestiona el control que ejerce el Estado burgués y las patronales sobre los sectores explotados y oprimidos. Además, aunque se declaran defensores de la vacunación, no plantean ninguna medida para convencer a los miles de personas sin vacunar.

De esta forma, la clase trabajadora y los sectores populares quedan atrapados en un cruce de posiciones burguesas y reaccionarias: por un lado, el gobierno liberal-progresista de Carlos Alvarado con la imposición de la vacunación obligatoria y las amenazas de sanciones para las personas trabajadoras; por otro, los anti-vacunas con sus campañas reaccionarias contra la ciencia a partir de “argumentos” falsos; por último, los partidos evangélicos y de derecha liberal, cuya oposición al gobierno radica en la forma en que debe administrarse el Estado burgués, pero nunca en denunciar sus ataques contra la clase trabajadora.

 

¿Por qué hay personas que rehúsan vacunarse?

Aunque no existe un estudio que pormenorice los motivos, podemos inferir algunas de las causas que responden a esta pregunta.

En primer lugar, no se puede obviar un factor de orden político: la falta de credibilidad del gobierno de Carlos Alvarado, producto de sus constantes ataques contra la clase trabajadora y los sectores populares. Además de aprobar el plan fiscal, la ley anti-huelgas y recortar el presupuesto para instituciones públicas, la actual administración destaca por mentir descaradamente y reprimir las luchas sociales. Por ejemplo, durante el movimiento de lucha contra el FMI en 2020, reprimió fuertemente a comunidades de zonas rurales y costeras, a las cuales atacó con gases lacrimógenos que afectaron a cientos de personas –incluidas personas mayores y niños- en sus casas de habitación-; también, hay que recordar la provocación que organizó la DIS con agentes infiltrados en las afueras de una marcha en Casa Presidencial, operativo que fue expuesto en redes sociales y medios de prensa.

Por todo esto, no resulta extraño que miles de personas trabajadoras y de los sectores populares desconfíen de los argumentos que brinda el gobierno y el Ministerio de Salud sobre la vacuna, pues identifican como enemigo –con justa razón- a Carlos Alvarado y todo su gabinete.

En segundo lugar, está el impacto social de los casos de personas que presentaron fuertes efectos secundarios tras inocularse. Aunque estadísticamente son calificados como “casos aislados” y poco representativos, hay una realidad humana detrás de esas cifras que no se puede diluir en la fría estadística. Ya sea por las redes sociales, medios de comunicación o por relaciones directas, esos casos son de conocimiento público y generan temor entre sectores de la población, particularmente entre las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad social.

En relación a esto, nos parece importante resaltar una estadística de la Costa Rica del siglo XXI: el 44% de las personas trabajan en el sector informal, por lo cual no cuentan con derechos sociales en caso de tener problemas de salud. Son 823 mil personas que salen a trabajar hoy para ganarse lo que se comen el día de mañana, por lo que dejar de trabajar varios días, semanas o meses por los efectos de una vacuna, es algo que los condena a morirse de hambre (y con ellos a sus familias), pues no pueden incapacitarse. ¿Se puede llamar irresponsables a personas trabajadoras del sector informal que tienen miedo de vacunarse por temor a presentar efectos secundarios sin contar con ningún tipo de respaldo estatal para sobrevivir?

El tercer motivo corresponde a los acuerdos secretos firmados entre el gobierno con las empresas farmacéuticas. A pesar de que la vacuna es una conquista de la humanidad producto del conocimiento científico –particularmente desarrollado en las universidades públicas de todo el mundo-, fue apropiada por algunas grandes empresas multinacionales, las cuales condicionaron la venta de las vacunas a la firma de acuerdos secretos que, además, les libra de toda responsabilidad en caso de presentarse efectos secundarios sobre las personas. Así, ni empresas farmacéuticas ni gobierno se hacen responsables por afectaciones en la salud de las personas.

Por último, están los sectores anti-vacunas y sus campañas conspirativas, las cuales encuentran un terreno fértil para desarrollarse producto de las condiciones anteriores, logrando incidir sobre parte de la población que rehúsa vacunarse. Pero, por todo lo anteriormente expuesto, nos parece incorrecto asumir que, todas las personas que rehúsan vacunarse hasta el momento, sean anti-vacunas con ideas reaccionarias y conspirativas.

 

¡Por una campaña a favor de la vacunación!

De las estadísticas que brinda el Ministerio de Salud, se desprende que las personas que rechazan la vacuna contra el Covid-19 son un sector minoritario; por ejemplo, ya se vacunó con la primera dosis al 82,4% la población meta –equivalente a 3,5 millones de personas-, mientras que un 56% cuenta con el esquema completo (alrededor de 2,4 millones). De lo anterior, se concluye que, solamente, un 18,6% de las personas incluidas en la población meta aún no se han vacunado (cerca de 750 mil personas).

Pero ese dato no es preciso, pues en nuestro país recién se empezó a vacunar a la franja de personas entre los 12 y 18 años, lo cual distorsiona las cifras. Así las cosas, en realidad la tasa de vacunación en Costa Rica es bastante elevada para los estándares de la región y, según algunas estimaciones, al ritmo actual para la segunda quincena de enero estaría inoculada el 80% de la población.[2]

Ahora bien, la pregunta es ¿cómo maximizar la vacunación en Costa Rica? En vez de utilizar amenazas de sanciones y despidos, desde el NPS planteamos impulsar una campaña en los barrios obreros y populares –de zonas urbanas, rurales y costeras- para convencer a quienes aún no se han vacunado. Junto con eso, hay que sumar la exigencia de que el Estado respalde económicamente a las personas trabajadoras informales que sufran efectos secundarios que los incapaciten para trabajar, así como indemnizar a quienes tengan secuelas graves.

Para que una campaña así sea efectiva, tiene que estar encabezada por las organizaciones sindicales, sociales y populares, pues no se trata solamente de explicar los datos científicos que respaldan la eficacia de la inoculación, sino de construir un canal de comunicación que genere confianza con las personas trabajadoras y las comunidades, tarea en la cual el gobierno de Alvarado fracasó por completo.

Además, debe posicionarse rotundamente contra los ataques del gobierno –actual y entrante, como parte de la agenda de ajuste con el FMI- y llamar a la organización desde las bases; es decir, la campaña por la vacunación puede convertirse en un puente para reconstruir el tejido del movimiento social costarricense, tan maltrecho por las recientes derrotas –plan fiscal, ley anti-huelgas- y por la atomización social derivada de la pandemia. Esto garantizaría que, además de diferenciarse de los sectores anti-vacunas, también se trace una línea divisoria con relación a los partidos evangélicos y liberales, los cuales se oponen a la obligatoriedad de la vacunación desde la derecha.

En el país contamos con experiencias previas de este tipo, por ejemplo, la campaña contra el TLC que incorporó a diferentes sectores y comunidades. No dudamos que brigadas de personas trabajadoras, estudiantes, ecologistas, activistas comunales, apoyando a los equipos de vacunación de la CCSS, puede impulsar fuertemente la vacunación. Lastimosamente, las dirigencias sindicales no se posicionan ante este tema, denotando su capitulación –una vez más- ante las políticas del gobierno y la estrechez gremialista que las caracteriza.

Por todo lo anterior, desde el NPS vamos a llevar esta propuesta a las organizaciones sindicales donde tenemos presencia militante, así como al sector estudiantil. Asimismo, vamos aprovechar nuestra campaña electoral para promover la vacunación y la lucha contra el gobierno en los barrios obreros y populares que visitaremos a partir de noviembre, cuando iniciemos con nuestras actividades electorales.


[1] Por este motivo, se trate de un tema de salud pública, uno de economía o de cualquier índole, desde la izquierda que se reivindica socialista y anticapitalista –como es el caso del NPS-, no se puede perder la brújula de clase para analizar la realidad, pues, de lo contrario, se pierden los criterios básicos para construir una política con independencia de clase. Es el caso de la postura que expuso Roberto Herrera, candidato a diputado del Partido de los Trabajadores (PT) por Cartago –la cual compartió el PT en su página oficial-, el cual, básicamente, defendió la política del gobierno de la obligatoriedad de la vacunación y, peor aún, no cuestionó las medidas disciplinarias contra la clase trabajadora por parte del Estado burgués y las patronales. Esto lo justificó con una retórica superficialmente “izquierdista”, pero que, en realidad, denota una adaptación a las presiones del medioambiente progresista e impresionista de la academia universitaria, carente de cualquier cable a tierra con la realidad de la clase trabajadora y demostrando una falta de profundidad teórica con relación al marxismo revolucionario (por ejemplo, utilizando sin ningún rigor categorías como fascismo o esquiroles).

[2] Datos tomados del diario La Nación, en la nota “Catalina Crespo dice, sin fundamento, que 800.000 ticos rechazan vacuna” del 15 de octubre de 2021.

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