Heidy Valencia Espinoza

Recientemente la Fiscalía General junto al Organismo de Investigación Judicial pusieron en pie un operativo con 57 allanamientos, incluida Casa Presidencial, por tráfico de influencias, peculado, falsedad ideológica y malversación de fondos. Esta es la segunda ocasión que se allana Casa Presidencial en la administración de Carlos Alvarado, luego de que el año anterior fuera por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Este caso de corrupción incluye regalías, sobornos e irregularidades en la adjudicación de obra pública para favorecer a grandes empresas constructoras como lo son Meco y H. Solís. Por ese motivo, se revela una red de tráfico de influencias a lo interno del gobierno. Incluso, fue allanada la oficina de Camilo Saldarriaga, gerente de la campaña del PAC y asesor más cercano al presidente Carlos Alvarado. Además, fueron arrestadas 32 personas, 19 son funcionarios del gobierno.

Desde el 2019 existen denuncias en torno a dádivas a jerarcas del Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi) y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). También, es sabido que las grandes empresas constructoras Meco y H. Solís ganan los contratos de obra pública más costosos del país. Según reveló recientemente la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) los funcionarios públicos recibieron desde carros, terrenos, dinero en efectivo, trabajos y “favores sexuales” como pago de sobornos por pagos irregulares para contratos de trabajos de construcción y conservación vial. Debido al encarecimiento de los proyectos se generó un hueco presupuestario que asciende los 78 mil millones de colones, dinero público que se le dio a las empresas para que terminaran las obras pendientes.

Aunque se encuentra detenido un empresario de Meco y una empresaria de H. Solís, la justicia burguesa no es para nada confiable, menos en estos procesos de investigación de la corrupción donde los grandes empresarios, funcionarios del gobierno e incluso expresidentes han quedado impunes y sin cárcel efectiva. Es necesario que desde abajo nos organicemos y movilicemos para exigir cárcel para todos los funcionarios y empresarios corruptos. También, es imperiosa la expropiación de las empresas corruptas, en este caso las señaladas son Meco y H. Solís, pero en general se debe investigar al conjunto de empresas encargadas de obra pública.

Además, es urgente salir a las calles a luchar contra el gobierno de ajustadores y corruptos que continúa atacando a sectores trabajadores y populares, actualmente con el proyecto de Ley de Empleo Púbico Público que se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa. Mientras el gobierno ajusta a los de abajo con impuestos indirectos y precarización laboral, favorece a los de arriba con exoneraciones, privilegios y tráfico de influencias.

Asimismo, el actual modelo de concesión de obra pública fomenta la corrupción y evasión fiscal. De acuerdo al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LANAME), Meco y H. Solís concentran el 90% de la obra pública con fortunas inmensas a partir de recursos públicos, a cambio de entregar obras carísimas y de baja calidad.

Por eso, desde el NPS planteamos la derogatoria inmediata de la Ley de Concesión de Obra Pública debido a que este modelo solo sirve para enriquecer a un puñado de empresas privadas, deben ser el MOPT y el ICE (por medio de una ley de construcción de obras pública) los que construyan la infraestructura del país y generen empleo genuino, orientado especialmente a la juventud y las mujeres, sectores con las mayores tasas de desempleo en el país.

Así como el PLN y el PUSC tuvieron sus casos de corrupción como La trocha y el Caja-Fischel, el PAC ha estado envuelto -junto a otros partidos burgueses- en el Cementazo y ahora en el tráfico de influencias a empresas constructoras. Esto demuestra que para acabar con la corrupción es necesario sacar a los burgueses y sus gobiernos del poder, que gobierne la clase trabajadora en unidad con los sectores explotados y oprimidos para que el gobierno no esté en función de empresarios, sino de las y los de abajo.

¡Cárcel efectiva para empresarios y funcionarios corruptos!

¡Expropiación inmediata de empresas corruptas!

¡Derogatoria inmediata de la Ley de Concesión de Obra Pública!

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