Notas para un diagnóstico marxista de la crisis económica argentina, segunda parte

Un análisis de la bancarrota histórica del capitalismo argentino. Una salida anticapitalista de la clase trabajadora.

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3- La crisis actual

  1. Un Estado quebrado que abandona a su suerte a la población

La crisis financiera del Estado, que se viene arrastrando desde que hace décadas se conformara la fraudulenta e impagable deuda externa, a cada paso deja al país al borde de una nueva cesación de pagos. Si hoy Argentina no está en default se debe exclusivamente a que el Fondo Monetario Internacional algo aprendió desde sus manejos brutales de 2001 y descubrió que soltarle la mano a un país entero tiene consecuencias políticas peligrosas. Así, muestra su “buena voluntad” para renegociar (una vez más) el infame acuerdo suscrito por Macri en 2018 y que ya debiera ser renegociado una vez con Martín Guzmán el año pasado.

Sencillamente, no hay forma de hacer frente al esquema de pagos en su forma actual. Al término del tercer trimestre de 2022, la deuda externa bruta se ubicó en 271.776 millones de dólares, de la cuales dos tercios (66%) está nominada en dólares (Indec y Página 12, 21-12-2022). Aun con la refinanciación del FMI, la deuda pública externa continúa siendo una pesada carga presente y futura por lo menos por otros 10 años. Los pagos de deuda pública total en moneda extranjera se reducen hasta 2024 en relación a los vencimientos antes del acuerdo con el FMI, pero a partir de 2025 pegan nuevamente un salto hasta 2034, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Es que a los vencimientos con el FMI y demás organismos se agregan a partir de 2025 los pagos a los bonistas privados con los que se hizo la renegociación y canje en 2020.

De este modo, entre los pagos a bonistas, al FMI y demás organismos internacionales el total pasa de los 9.900 millones de dólares en 2024 a 13.500 millones en 2025, 14.400 millones en 2026 y a partir de 2027 hasta 2032 superan los 21.000 millones anuales (I. Bermúdez, Clarín, 27-3-2022).

No hace falta decir que el Estado argentino no tiene ni remotamente recursos para afrontar esos pagos. Las reservas brutas del Banco Central no llegan a 32.000 millones de dólares, y en cuanto a las netas, es materia de discusión si éstas existen realmente o están en números negativos. Por supuesto, esta penuria total de divisas no hace más que alimentar las especulaciones cambiarias y, con ellas, el salto del índice inflacionario.

Tanto el macrismo con su endeudamiento irresponsable como el kirchnerismo con su vocación de “pagadores seriales” (CFK dixit) son responsables de la delicada situación actual. Ni uno ni otro sector tiene ni el diagnóstico ni la voluntad política de buscar una solución que honre las demandas atrasadas y no atendidas de la mayoría de la población; a lo único que aspiran es a ver si negocian un nuevo esquema con el FMI que sólo puede traer más ajuste y sufrimiento social (la derecha PRO y Milei) o seguir estirando la agonía de un modelo que no da para más (el peronismo/kirchnerismo).

Teniendo como punto de partida un Estado que se aproxima a la insolvencia, las derivaciones son todas tan lógicas como visibles. El gasto público del Estado (en pesos) se financia vía la emisión de una montaña de títulos y letras del Tesoro o del BCRA. Estos “pasivos remunerados” no son otra cosa que cancelar pagos hoy con deuda indexada al 120 ó 140% anual, generando una bola de nieve que en cualquier momento se volverá inmanejable. Si la “bomba de las Lebac” estuvo a punto de estallarle a Macri cuando decidió recurrir al Fondo, la situación actual es que el “déficit cuasi fiscal” (emisiones del BCRA) orilla el 12% del PBI.

El hecho de que se trate de deuda en pesos es un magro consuelo, porque si bien no genera presiones cambiarias adicionales de manera directa, la inflación no la licua (como ocurre con los “pasivos no remunerados”, esto es, los billetes circulantes) sino que, al revés, agrava y retroalimenta el problema.

La resultante concreta de esto es el ajuste real en el gasto del Estado en todos los rubros. Considerando que hay gastos que son por ahora inescapables y no ajustables (jubilaciones, pensiones, planes sociales), so riesgo de agravar el cuadro de tensión social, hoy la principal damnificada es la infraestructura estatal general, que ya estaba lejos de venir en una situación holgada.

La traducción social de esto es el virtual colapso de la atención en los hospitales públicos (los privados no están mucho mejor), el achique incesante de las partidas presupuestarias para educación y la reducción de la obra pública a los proyectos más urgentes y de mayor impacto electoral. También sufre el transporte: sea el gestionado por el Estado o el privado que recibe subsidios públicos, el deterioro es tal que la calidad, frecuencia y hasta continuidad misma del servicio se ven comprometidos, agregando más problemas a una población ya agobiada por el costo de vida.

Frente a esta suma de urgencias, la capacidad del Estado argentino para financiar sus gastos corrientes vía ingresos tributarios es totalmente insuficiente y revela hasta qué punto la estructura tributaria está permeada por los intereses de la clase capitalista en detrimento de la mayoría de la población:

Esquema de recaudación tributaria – 2021

Rubro                                                                  % total

IVA                                                                         29,1

Ganancias                                                             20,9

Seg. Social-Contrib. Patronales                        11,8

Comercio ext. (retenciones)                              8,8

Seg. Social-Aportes Personales                         8,5

Imp. al cheque                                                      6,8

Bienes Personales                                                2,5

Impuesto País                                                        1,0

Otros                                                                     10,6

Total                                                                      100,0

Fuente: datos oficiales, en Ámbito Financiero, 4-1-21.

La forma de leer estos datos es transparente: la mayor fuente de recaudación fiscal son los impuestos al consumo (IVA), que paga toda la población independientemente de su nivel de ingresos. El impuesto a las ganancias está casi 10 puntos por debajo, lo que muestra el nivel de regresividad de la estructura impositiva argentina. Ni hablar de las retenciones: el sector que genera el 50-60% de los dólares que ingresan por el comercio exterior aporta menos del 10% del total. En cuanto a los supuestos impuestos “asfixiantes de la actividad privada” que “impiden generar puestos de trabajo”, como las contribuciones patronales, basta de verso: los patrones pagan apenas un 40% más que lo que pagan los propios trabajadores como aporte jubilatorio.

El colmo de lo regresivo es lo exiguo de la cifra recaudada por Bienes Personales: apenas 2,5% del total, muy por debajo de lo que representan los impuestos al patrimonio en cualquier país capitalista desarrollado.

La cuestión de fondo es que las urgencias del servicio de deuda impiden destinar tiempo, ideas y sobre todo recursos a resolver las carencias infraestructurales del país, algo que sólo se puede hacer desde el Estado, como ilustra toda la experiencia internacional… y la historia de la clase capitalista argentina.

Las áreas donde hace falta reforzar la infraestructura del país son infinitas. El gobierno se jacta de Vaca Muerta y el gasoducto Néstor Kirchner, pero eso es casi volver al punto de partida de hace medio siglo en el sentido de dejar de depender de la importación de energía, problema que históricamente Argentina nunca tuvo. En cambio, queda todo por hacer en rubros cruciales:

Vivienda. El déficit habitacional que afecta a la Argentina es de 3,5 millones de viviendas, según estimaciones oficiales de la gestión Macri. De ese total, el 60% de los casos se trata de unidades que existen pero tienen serios problemas de calidad. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en el país hay más de 4.400 asentamientos informales, que concentraban alrededor del 10% de la población; datos de 2018 que seguramente han empeorado con el aumento de la pobreza. Pese a esto, el grueso de la construcción inmobiliaria hoy existente se concentra no en la renovación de las unidades existentes y en viviendas nuevas para los sectores con menos acceso a la vivienda, sino en viviendas de lujo para los sectores de alto poder adquisitivo. Y es lógico, dado que de parte del Estado (ni hablar del sector privado, al que sólo le interesan los emprendimientos estilo Nordelta con los que Eduardo Costantini hizo una fortuna de nueve ceros en millones de dólares) no hay el menor impulso a 1) planes de viviendas a gran escala (las inauguraciones oficiales son de cifras ridículas de unos pocos centenares de viviendas) y 2) acceso al crédito hipotecario, virtualmente inexistente en la Argentina.

Transporte ferroviario. El grueso de las exportaciones argentinas es de mucho volumen físico (commodities), para cuyo transporte hay condiciones casi ideales para el trazado de vías férreas (la mayor parte del territorio implicado en la producción agrícola es llano). Ambos factores hacen del tren de carga un activo de valor estratégico. Pues bien, el país tiene hoy menos km de vías operativas que hace un siglo. En efecto:

1918: 35.000 km

1947: 47.000 km

2022: 18.000 km para carga, menos de 5.000 km para pasajeros.

El parque de locomotoras es de apenas 350, ninguna posterior a 1980. En cuanto al volumen transportado, comparemos con Brasil: en 2015, Argentina transportó 18,4 millones de toneladas transportadas contra 380 millones en el país vecino (20 veces más). El índice de densidad (toneladas transportadas por km de línea) es de 1.022 en Argentina y 13.300 para Brasil. Esto da una idea del escandaloso atraso en infraestructura en este rubro clave (A. Calvo, J. Calzada y A. Sesé, “El sistema ferroviario en Argentina y la comparación con Estados Unidos y Brasil”, 25-12-2016). No hay que alarmarse de que ese estudio tenga más de seis años: nada ha cambiado desde entonces.

Flota mercante. Un cálculo publicado en Ámbito Financiero (31-12-2021) estima que el país pierde unos 7.000 millones de dólares al año por su carencia casi absoluta de flota mercante marítima y fluvial. No es más que uno de los muchos costos de ser un país periférico con una clase capitalista local mitad extranjerizada y mitad lumpenburguesa.

Puertos e infraestructura para la exportación. Hay una incoherencia total de la clase capitalista argentina y sus políticos, que hablan de aumentar las exportaciones sobre todo de commodities, hidrocarburos y minería, pero no son capaces de proponerse la construcción de puertos de aguas profundas con capacidad suficiente, en vez de, como hoy, embarcar todo vía la Hidrovía (Paraná-Río de la Plata), que requiere dragados permanentes y costosos. Todo porque es el lugar más accesible a la zona núcleo del agro, que tiene que transportar todo en ¡camiones! Resultado: el costo absoluto del flete desde el Norte argentino hasta la Hidrovía (todo en camiones) es más alto que el costo del flete marítimo desde la Hidrovía hasta Singapur, Ciudad del Cabo o Rotterdam.

Todo esto es lo importante, lo estructural, lo estratégico. Pero ¿cómo vamos a pedirle que invierta en estos sectores a este Estado capitalista tornado insolvente por la deuda, que no quiere o no puede cobrar impuestos a quienes tienen capacidad de pagarlos y que ya ni es capaz de garantizar insumos básicos a los hospitales o jubilación digna a los ancianos? Quien no puede lo urgente, menos podrá lo de largo plazo: ésa es la síntesis del funcionamiento del Estado y de la “visión estratégica” de la clase capitalista en Argentina.

  1. El drama de la inflación

Las explicaciones y, sobre todo, las “soluciones” de los partidos capitalistas, sean neoliberales, liberfachos o “progresistas”, son totalmente insuficientes. Dejemos de lado que todos gobernaron y ninguno resolvió el problema (más bien, lo agravaron). Veamos algunas de las versiones más conocidas.

a) Los ultraliberales repiten como loros el mantra de Milton Friedman desde los años 50: “La inflación es un fenómeno monetario”. Es decir, todo se reduce a la oferta de dinero por parte de la autoridad monetaria, el Banco Central. En realidad, la explicación se desplaza al problema del déficit fiscal: como al Estado no le cierran las cuentas, tiene que endeudarse emitiendo moneda que luego no tiene respaldo en la producción de bienes o en la generación de divisas, y eso termina en el aumento generalizado de precios.

Ese factor sin duda existe, pero no agota en absoluto la cuestión. Para no dar más ejemplos, la mayoría de los países desarrollados hizo una gigantesca emisión monetaria (y ninguno más que EEUU); si bien la inflación aumentó, no lo hizo ni remotamente de manera proporcional a la emisión, y menos que menos siguiendo la fórmula de Friedman. De hecho, la mayoría absoluta de las grandes economías del mundo tienen déficits fiscales incluso más grandes que el de Argentina, sin que eso les genere una inflación comparable.

Si los axiomas liberales no se cumplen en el mundo desarrollado, mucho menos lo hacen en el caso de la Argentina, donde desde hace tiempo el índice de inflación está desacoplado del índice de emisión monetaria. La visión ultraliberal está interesada sobre todo en justificar el desguace completo del gasto estatal, con excepción de las fuerzas represivas a las que deberán recurrir para defender sus políticas de la ira popular.

b) El progresismo K, keynesiano o no, tiene varias explicaciones. La más habitual es la de los “precios monopólicos”. Aquí también, el fenómeno existe pero no es el centro de la explicación, porque esos precios monopólicos a) son temporarios, y b) generan renta adicional no por el nivel general de precios relativos sino por redistribución de ganancias por precios relativos entre la misma clase capitalista: para que unos ganen de más, otros ganan de menos. Es un fenómeno localizado, no generalizado. Por otra parte, ni siquiera son consecuentes con sus propios diagnósticos, ya que todos los intentos de este gobierno (y de otros) por establecer controles de precios o limitar las “ganancias monopólicas” fracasaron estrepitosamente, no en menor medida por falta de voluntad política real de ir a una puja con las grandes empresas

Otros, desde la derecha o desde el “progresismo” hablan de inflación por “puja distributiva”. Pero en ningún caso eso explica el movimiento de la inflación del 40 al 100% anual en los últimos 4 años, salvo que alguien crea que la culpa de la inflación la tienen las paritarias. Es al revés: la capacidad negociadora del salario por parte de la clase trabajadora se ha deteriorado, en parte como consecuencia de la propia aceleración de la inflación. Así, los salarios corren de atrás a la inflación y casi siempre pierden.

Por otro lado, el argumento de los K de que “si se recompone el salario se recompone el consumo y con él toda la actividad económica” tiene dos serios problemas. Primero, es falso: en términos generales, no coyunturales, la actividad económica depende siempre en primer lugar de la producción, no del consumo. Y segundo, aun si fuera cierto, evidentemente no convence en absoluto a los capitalistas, que tienen excelentes motivos no para aumentar los salarios sino, al contrario, para bajarlos todo lo posible.

c) Para nosotros, marxistas, en la lucha por el reparto del producto social, la continuidad de la inflación es un indicador (no un resultado) de una relación de fuerzas global entre las clases que hoy no está saldada para un período dado (las propuestas más “milicoides” de Bullrich-Milei-Macri apuntan justamente a apelar a la represión estatal para saldar la cuestión por la fuerza bruta).

Hay dos ejemplos no tan lejanos de cómo la “solución” del problema de la inflación estuvo atada al factor político de la lucha de clases, y no a ningún plan genial de premios Nobel de Chicago o Harvard ni a ninguna medida “técnica”: los períodos 1976-1980 y 1991-2000 en la Argentina. En ambos hubo “paz inflacionaria” –en los 70, desde un piso muy alto cercano al 100%–, pero sobre la base de una derrota de la clase trabajadora y un cementerio social (en el caso de la dictadura militar, un cementerio a secas con 30.000 desaparecidos). Pero aun en esos casos, la inflación en la Argentina vuelve siempre, porque no puede superar sus desbalances estructurales.

El principal es el desequilibrio cambiario crónico, que a su vez es hijo de la “restricción externa” y de la insuficiente acumulación capitalista, que obedecen a las razones ya expuestas. El economista Guillermo Vitelli sostiene, para nosotros con razón, que las grandes rupturas de la estabilidad de precios en Argentina desde 1948 se deben a devaluaciones, no a la emisión monetaria: lo que inicia la estampida es el movimiento del tipo de cambio, y el reemplazo de las funciones del dinero local, en grado cada vez mayor, por el dinero-divisa, el dólar.

Y esto nos conduce al problema de los problemas, que es que ni siquiera el Estado capitalista y los gobiernos de turno tienen el control real de los movimientos de divisas: ese control está en manos de los grandes exportadores y los acreedores. Son ellos los que abren o cierran la canilla de entrada y salida de dólares, sin que las (muy tímidas) regulaciones existentes hagan mayor diferencia en beneficio de las arcas públicas.

Por otro lado, esa estrechez fiscal inducida se traduce en el endeudamiento en moneda local vía el festival de letras y pases del BCRA, como ya señalamos. Al respecto, nuestra propuesta de nacionalizar por completo el sistema bancario está casi “cumpliéndose” por la vía de los hechos: ya hay quienes se refieren al sistema financiero argentino como “pseudo estatizado”. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que desde que está en funciones Miguel Pesce al frente del BCRA, la cartera de inversiones bancarias se divide así: 48% en Letras de Liquidación del Banco Central, 38% en títulos de deuda del Estado nacional y sólo 14% en préstamos al sector privado.

¡El 86% de la plata de los bancos va a parar a financiar el Estado! ¿Qué sentido tiene un sistema “privado” cuyas operaciones (y ganancias) tienen casi como único cliente al Estado? Este esquema replica lo que sucedía con las AFJPs entre 1994 y 2008: invertían un porcentaje cada vez mayor del dinero de sus afiliados en deuda del Estado, hasta que el gobierno K (en lo que fue la única medida de cierta reversión de la estructura creada en los 90 por el menemismo) reestatizó el sistema. Con los bancos habría que empezar por hacer lo mismo, pero mejor, es decir, también con control obrero y popular.

Pero esa deuda en moneda local es en último análisis un problema derivado del principal, que es la incapacidad del Estado para sustentar sus cuentas en divisas. El ingreso de dólares vía el comercio exterior no deja saldo real al Estado, salvo las retenciones (y toda la clase capitalista quiere eliminarlas). Ahora bien, si en una economía bimonetaria el dólar da la medida de los demás precios, y la oferta de dólares la maneja un puñado de conglomerados agrícolas, mineros o financieros, es evidente que el propio Estado y la sociedad toda serán siempre rehenes de los grandes capitalistas con acceso al mercado mundial y a la moneda extranjera.

Mientras esa situación se mantenga, será imposible domar la inflación, porque la escasez (artificial) de divisas no se puede superar sin que haya un manejo y control públicos, no privados, de la entrada y salida de divisas. Pero esto sólo tiene sentido si está a cargo de organizaciones de las y los trabajadores, en primer lugar para evitar la corrupción y los negociados a través de los infinitos vínculos entre los funcionarios corruptos del estado capitalista y el sector capitalista privado.

4- Siete medidas hacia una salida anticapitalista desde la clase trabajadora

El kirchnerismo sólo aspira a administrar el actual equilibrio inestable entre las exigencias del pago de servicio de deuda, el monopolio sojero de las divisas y la inflación, cada vez con menos margen, hasta la próxima crisis. Como dijeron varios voceros del oficialismo, el objetivo es “ganar tiempo”. La bandera “industrialista” se abandonó hace tiempo, cuando el kirchnerismo descubrió que la burguesía nacional no existe. No hay ningún proyecto de desarrollo capitalista autónomo. Para que lo hubiera, tendría que inventarlo el Estado, como ocurrió en otros países periféricos. Y las ideas que se le caen al kirchnerismo son de corto plazo e insuficientes, como la defensa de un extractivismo que le dé divisas al Estado para mediar y arbitrar con una clase capitalista que lo odia. Por algo en el discurso K de los últimos tiempos todo son loas al litio y Vaca Muerta. Pero eso no representa un cambio mucho mayor que atenuar la dependencia del Estado respecto de la patronal agraria para reforzar la dependencia respecto de las grandes multinacionales mineras y de hidrocarburos. No hay salida de la dependencia y el atraso vía devaluaciones “competitivas” + “shock exportador”.

Desde el kirchnerismo se ha dado sepultura definitiva a toda veleidad “industrialista” en beneficio de una supuestamente más “realista” admisión de que como lo que hace falta es exportar, lo que tenemos más a mano no son autos, productos químicos o software, sino granos, combustibles fósiles y minerales. Así lo dijo con todas las letras el director del Centro de Estudios para la Producción y funcionario del Ministerio de Desarrollo Productivo, Daniel Schteingart: “Es clave generar divisas: nos guste o no nos guste, los sectores intensivos en recursos naturales son los que nos van a permitir en la próxima década tener el salto exportador que necesitamos” (Ámbito Financiero, 5-1-22). Para ser más precisos, “minerales e hidrocarburos, siendo realistas, son los dos sectores que más potencial tienen para destrabar la restricción externa” (ídem). Como se ve, dólar escaso mata relato “industrialista”.

Schteingart critica la “sobresimplificación” de quienes cuestionan el extractivismo, y pretende convencernos de que la primarización no es mala porque, después de todo, “Noruega, Australia o Nueva Zelanda tienen canastas exportadoras tanto o más primarizadas que la nuestra”. Desde ya, por qué Argentina va a parecerse más a esos países en vez de a Angola, Kazajistán o Venezuela, que también disfrutan de “canastas exportadoras tanto o más primarizadas que la nuestra”, es algo que Schteingart no se molesta en explicar. Si hasta parece deslizar que las exportaciones industriales son un peligro, porque podríamos parecernos a “México o Filipinas, que difícilmente podríamos llamar desarrollados [¿y por qué no a Corea del Sur, o a Alemania?]”, y en todo caso en Argentina “las exportaciones industriales dependen mucho del Mercosur, que viene muy estancado hace una década”. Lo cual es muy cierto, pero Schteingart actúa como quien resuelve el problema de la falta de vivienda diciendo que, después de todo, tampoco se está tan mal viviendo debajo de un puente.

En suma, la salida del laberinto de la restricción externa que se nos propone no son las “ideas estatizadoras de la izquierda”, sino “replicar el modelo de Vaca Muerta, de YPF aliada con otras compañías globales, que disponen de cuantiosos fondos que hoy el país no tiene” (ídem).

Es difícil decidir qué “modelo” es más inviable o perjudicial: si el del primer kirchnerismo que pretendía la asociación con –o la creación de– una mítica burguesía “industrial” desarrollista, innovadora, respetuosa de los derechos laborales y otros delirios (un “unicornio azul”, como debió llamarla incluso un historiador K, Hernán Brienza), o la nueva y supuestamente más “realista” versión de un modelo de asociación de empresas privadas y estatales (y hasta “provinciales”, según Schteingart) argentinas con “compañías globales”. Las cuales, es de suponer, traerán desinteresadamente sus dólares y su “know how” en pos de la explotación salvaje de recursos naturales, para mayor gloria de las exportaciones y las reservas del Banco Central.

Tan timorato y cobarde es el “nuevo modelo exportador” que promueven el PJ y el kirchnerismo que, en guiño a los reclamos de los gobernadores peronistas de las provincias mineras, sus candidatos ya aclararon que Argentina no seguirá el “modelo chileno” de Gabriel Boric, que, sin ser desde ya nada ni remotamente revolucionario, se propone dejar algo más de margen de maniobra a las arcas del Estado mediante la intervención de una empresa estatal no simbólica y regalías más altas.

Por su parte, el proyecto de la derecha neoliberal es romper el actual precario equilibrio derrotando de manera brutal a la clase trabajadora, con dos ejes: reformas laboral (adiós a los convenios, paritarias y organización sindical) y previsional (“liberando” al Estado de su obligación de atender a los jubilados, al estilo de las AFPs chilenas y de las felizmente eliminadas AFJPs argentinas). Los medios serán violentos: Bullrich toma el programa militarista de Milei, Larreta incorpora a Espert y premia la represión de Morales en Jujuy designándolo como acompañante de fórmula presidencial. Por nada se pelean más los espacios de derecha y ultraderecha que por ver quién promete represión más dura y mayor equipamiento para las fuerzas de seguridad.

Sus objetivos declarados son generar condiciones de repago de deuda y (supuestamente) iniciar una acumulación capitalista “virtuosa”. Pero la experiencia histórica muestra que ni siquiera dándole a los capitalistas todo lo que piden se genera ningún ciclo de desarrollo real. Lo que buscan es reforzar la dependencia y el atraso vía apertura total de la economía, generar exportaciones primarias sin ningún ingreso para un Estado raquítico –proponen eliminar desde las retenciones hasta las contribuciones patronales–, sin protección alguna para los trabajadores e incluso la industria y, en el límite (Milei), liquidar la moneda nacional, todo sobre un cementerio social (y no sólo social: Macri inició las bravuconadas de “me banco los muertos” y todos los demás siguen esa senda).

La profundidad de la crisis actual remite a un estado terminal de una forma de funcionar del capitalismo argentino que ya dio de sí todo lo que tenía para dar. El ciclo de altos precios de materias primas motorizado por el despegue de China como potencia global benefició a toda la región y también a la Argentina, donde además se combinó con el fin del ciclo político neoliberal menemista, aunque la crisis económica le hubiera estallado al gobierno de De la Rúa. Esa combinación le dio aire político y económico al kirchnerismo por unos años (los de los “superávits gemelos” y la cancelación cash de la deuda con el FMI), pero de a poco el funcionamiento de la economía global fue volviendo a sus patrones habituales, que no son precisamente los de permitir el desarrollo de la periferia “emergente”.

En esas nuevas condiciones, al “modelo K” sencillamente se le acabó la nafta y sólo le quedó la tarea cada vez más difícil de administrar políticamente márgenes económicos de maniobra cada vez más estrechos… a menos que se los ensanche tomando medidas anticapitalistas, cosa que ni Néstor, ni Cristina, ni Alberto soñaron hacer jamás: todos dieron sobradas muestras de su profesión de fe capitalista.

Durante su gestión, Macri no se atrevió a hacer lo que toda la clase capitalista le pedía: romper con el esquema de subsidios cruzados administrados por el Estado con criterios políticos y dar libre juego al mercado. Ahora tanto él como el resto de la troupe neoliberal parecen más decididos a hacer ese trabajo sucio (que incluye la represión a las manifestaciones de descontento y reclamo popular), a la vez que el peronismo-kirchnerismo no es capaz de decir una sola medida que vaya a implementar para detener el derrumbe económico y el deterioro social que trae aparejado.

Sólo la izquierda marxista está en condiciones de proponer algo radicalmente distinto. A grandes problemas, grandes soluciones.

  1. 500.000 pesos de salario mínimo

Con una inflación del 100% anual, toda paritaria se transforma en una trampa mortal para el salario: hace falta indexación ya del salario según la inflación mensual. El gobierno se jacta de que la desocupación bajó, pero no dice que eso sólo muestra el derrumbe del salario, ya que crecen los índices de “pobreza asalariada” (trabajadores con empleo y por debajo de la línea de pobreza). El monto del salario mínimo debe subir ya hasta los 500.000 pesos, también con indexación mensual.

El deterioro del nivel salarial, además, empuja a cada vez más personas a conseguir un ingreso. En las condiciones actuales, eso deriva en un aumento de la informalidad y la precarización laboral para millones de personas, situación en la que ya se encuentra la mitad de los asalariados. Las “soluciones” que nos proponen los partidos capitalistas son o bien planes sociales que no significan empleo sino clientelismo estatal (los K), o bien la total desregulación del mercado laboral (Juntos y Milei), que implica la desaparición de hecho de toda forma de derecho del trabajo, el retroceso a condiciones laborales del siglo XIX y mayor sufrimiento para las amplias mayorías… todo para que los capitalistas engorden sus ganancias “dando trabajo”.

Tenemos el enfoque opuesto. A los que hay que “disciplinar” no es a los trabajadores que ya se desloman 10, 12 o más horas por jornada, y cada vez más sin reconocimiento de relación laboral formal, sin obra social, sin seguro de accidente de trabajo y con sueldos miserables e inestables, sino a los capitalistas que se aprovechan de esa situación.

Proponemos también la inmediata formalización del empleo de todos los trabajadores en negro, contratados o a los que quieren disfrazar de “autónomos” (como los de aplicaciones de reparto), y la expropiación inmediata de toda empresa grande que incumpla las leyes laborales, despida o cierre.

Se trata, por lo demás, de medidas que, pese a su forma, son en primer lugar políticas, no puramente económicas. Y esa decisión política es proteger el principal activo que tiene la sociedad para emprender cualquier proyecto de transformación: la clase trabajadora. Todos los demás programas capitalistas apuntan a lo contrario: a someter, disciplinar, superexplotar y llegado el caso reprimir con la violencia física a los millones de personas que levantan y ponen en movimiento la economía del país.

  1. Plan de obras públicas y reconstrucción frente al derrumbe del país capitalista

Durante décadas, ni progresistas ni neoliberales fueron capaces de generar condiciones mínimas para el desarrollo económico. El país sigue sin la infraestructura elemental que le permita proyectar crecimiento en serio: carece de grandes puertos, de red ferroviaria y vial acorde a las necesidades de la economía, de flota mercante marítima y fluvial propia y de generación de energía continua y sustentable. A los capitalistas privados nacionales y extranjeros eso no les interesa, y el Estado actual no tiene recursos para hacerlo aun si quisiera. A eso se suma el déficit habitacional (el crédito hipotecario prácticamente no existe en la Argentina) y la necesidad de obras hídricas para energía (represas) y prevención de inundaciones y sequías (canalización).

Todos los ejemplos de desarrollo económico reciente, en cualquier lugar del mundo y bajo regímenes sociales muy diversos, muestran que no se puede pegar un salto en el crecimiento económico sin un ambicioso plan de obras públicas de infraestructura, que debería representar al menos el 20% del presupuesto nacional. Eso hoy sólo puede hacerse bajo control de las organizaciones obreras y populares, ya que tanto los empresarios privados como los altos funcionarios estatales son garantía de sobreprecios, corrupción e ineficiencia.

Desde ya, el aumento del presupuesto estatal para inversión en infraestructura no puede salir del ajuste en rubros como salarios y gasto social, sino que se financiará con una reducción de los egresos por pago de la deuda externa ilegal, ilegítima y fraudulenta, y con un aumento de los ingresos vía la recaudación efectiva de impuestos a los grandes capitales y grandes fortunas que hoy los evaden, y que además pagarán alícuotas mayores; las retenciones a las exportaciones agrarias irán al 50%.

Basta de contemplaciones, mano blanda o complicidad del Estado capitalista con los grandes evasores: aplicación estricta de la ley penal tributaria y expropiación inmediata a quienes evadan o estafen al fisco vía la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, práctica ancestral de la clase capitalista argentina en la cual jamás  se tomó el toro por las astas. La situación no da para medias tintas: si no aportan lo que deben a las necesidades de la sociedad, si privilegian sus ganancias individuales, o se los expropia o van a la cárcel.

  1. Fuera las manos capitalistas del manejo de los dólares

El recurso financiero más estratégico del país, las divisas extranjeras, está en manos de evasores, especuladores y estafadores. Vicentin no era ninguna manzana podrida sino sólo el botón de muestra del modus operandi de una clase social entera. El kirchnerismo grita, llora y se queja, pero no hizo ni hace nada: no hay un solo estafador serial al Estado que haya ido preso. Por eso la necesidad del monopolio del comercio exterior bajo control de los trabajadores y sus organizaciones: para sacar las manos de los capitalistas del manejo de los dólares. Lo mismo con la banca privada, que se llena de plata prestándole al Estado y cobrándole intereses al Estado.

La voracidad empresaria, el manejo cartelizado de ramas enteras de productos y la especulación privada son una afrenta en el contexto actual de inflación. Aunque no sean la única causa, es necesario cortar de cuajo con esas prácticas. Pero el gobierno cree que se puede arreglar el problema pidiéndoles por favor que colaboren, mientras que para el macrismo y Milei está prohibido hasta rogarles. Proponemos un control de precios eficiente y en serio, con intervención de sindicatos y asociaciones de usuarios y con pena de cárcel efectiva para infractores y especuladores.

La inflación castiga más que a nadie a los que viven de un ingreso: asalariados y jubilados. Desde 2001 en adelante, todos los gobiernos no han hecho más que acelerarla y agravar la situación. El gobierno K prácticamente admite que no sabe qué hacer, mientras que el macrismo es parte esencial del problema y Milei es un demagogo irresponsable que quiere dejar el país sin moneda, como si Argentina fuera una mini colonia yanqui en vez de uno de los 40 países más importantes del mundo.

El primer paso para la consolidación de una moneda propia que no viva agregando ceros a su tipo de cambio es sostener su valor con las divisas que hoy se llevan los capitalistas (un PBI fuera del país) y los acreedores externos, gracias al acuerdo con el FMI. Un shock antiinflacionario para bajar la inflación drásticamente en seis meses es posible, pero a condición de que el Estado tenga en sus manos el manejo total de la entrada y salida de los dólares, cuyo manejo especulativo por parte de los grandes capitalistas es hoy la causa central de la inflación.

  1. Ruptura del acuerdo con el FMI

El acuerdo firmado por el cipayo Macri e implementado por el pusilánime Alberto es una ruina y una hipoteca de décadas sobre la capacidad del Estado y la sociedad de orientar los recursos a quienes los necesitan. Se trata de una deuda documentadamente fraudulenta, que sólo se considera legal porque la sostienen los grandes poderes capitalistas que se benefician de ella. Mientras esa hipoteca financiera y legal exista, todo es ilusión. La “renegociación” que propone CFK es una mentira, una utopía o las dos cosas.

El primer acto de verdadera independencia es romper con ese pacto de sujeción semicolonial y rechazar el pago de esa deuda, que se lleva la parte del león de los dólares que genera el comercio exterior y que el país necesita para cosas mucho más urgentes y legítimas. Desconocemos la “continuidad del Estado” de los capitalistas, teoría que obliga a toda la sociedad a pagar in eternum las consecuencias de las trampas, estafas y canalladas de una minoría numéricamente ínfima, pero defendida por todos los partidos del sistema.

  1. Combatir las raíces de la desigualdad social

Los millonarios argentinos fugan divisas, evaden impuestos y hasta se mudan a otro país, mientras el 60% de los niños argentinos está debajo de la línea de la pobreza. El “progresismo” argentino ni siquiera bajo la pandemia se atrevió a cobrar un impuesto real a las grandes fortunas, como hicieron muchos países capitalistas desarrollados (empezando por EEUU y la Unión Europea), sino apenas un “aporte” casi simbólico. Ni hablar del macrismo y los liberfachos, para quienes no hay nada más sagrado que las ganancias empresarias y que exhiben el más olímpico desprecio de clase por las necesidades de los sectores empobrecidos. Pero los que hablan de “redistribución” no son capaces siquiera de cobrar de verdad el misérrimo impuesto a los bienes personales, que los capitalistas saltan como alambre caído.

Los datos de la riqueza que se lleva la clase capitalista a buen resguardo en el exterior son ampliamente conocidos. Ha habido infinidad de investigaciones que muestran con nombre, apellido, razón social y domicilio quiénes son los que se fugan los al exterior los dólares que el país necesita y cuya falta es un factor fundamental de alimento a la presión cambiaria y por ende a la inflación. Pero nunca ningún gobierno hizo nada para recuperar ese robo, salvo “blanqueos” que prometían inmunidad a cambia de ínfimas contribuciones en impuestos o repatriaciones de capital que en general no sucedieron.

Sólo 200.000 hogares (el 1,8% del total) representan el 75% de los “dólares de los argentinos en el exterior”. La cuenta de la crisis que la pague ese puñados de privilegiados, no los casi 12 millones de hogares restantes. Todos los partidos capitalistas y sus candidatos creen que sin ese grupúsculo de millonarios el país no puede funcionar y que todos los demás debemos aceptar la inviolabilidad de sus intereses. Para nosotrxs, ese grupo minúsculo de parásitos es el mayor problema del país.

Proponemos un impuesto progresivo a las grandes fortunas, con aplicación en serio de una ley penal tributaria que castigue a los verdaderos infractores en gran escala con multas, confiscaciones o cárcel.

  1. Recursos naturales: sustentabilidad ambiental contra el extractivismo capitalista

El país podría aprovechar mucho mejor su riqueza de recursos naturales como hidrocarburos, minería metálica y agua. Pero para los grandes capitalistas (y los políticos que los sirven), esa explotación de recursos no está pensada en función de financiar las obras de infraestructura y las necesidades populares, sino de asegurar la mayor tasa de beneficio para las multinacionales extranjeras y sus socias locales, a expensas de una depredación continua, rápida e irreparable del medio ambiente.

Un ejemplo claro de esto son los vergonzosos acuerdos que han hecho los gobiernos provinciales con las multinacionales mineras, que le han puesto un precio bien bajo (3% de la facturación para los caciquejos provinciales y un ¡0,5%! para las comunidades involucradas) a la vida, la salud y el ecosistema de las provincias productoras de litio, oro y otros minerales. Y han hecho esto con la absoluta anuencia y bendición de todos los sectores del peronismo y el kirchnerismo, por supuesto, a los cuales, como vimos, no se les cae ninguna idea más que ser partícipes muy minoritarios del expolio de recursos naturales mientras les queden unas muy moderadas regalías.

Por el contrario, nuestro plan anticapitalista apunta a aprovechar los recursos naturales de manera sostenible, lo que incluye la participación y la decisión democráticas de las comunidades involucradas. Hacer un uso racional, científico y sostenible de esos recursos, generando puestos de trabajo, es perfectamente posible, pero a la vez del todo incompatible con la explotación salvaje que buscan las mineras multinacionales, ávidas de ganancias extraordinarias y garantizadas, mano de obra barata y temporaria y facilidades impositivas de todo tipo “para que vengan las inversiones”.

Las bases y condiciones de la acción humana sobre la naturaleza no las pueden poner los capitalistas ajenos a todo lo que no sea el lucro, sino las comunidades interesadas y la sociedad en general. Las empresas que no cumplan con esos criterios democráticos y ecologistas esenciales no podrán operar o serán expropiadas.

  1. Terminar con la estafa de los servicios públicos privatizados

Desde los años 90 que se nos vende que los servicios esenciales no pueden ser del Estado. El resultado es el que vimos este año, que es la repetición de lo que sucede todos los años: un servicio caro, espantosamente  ineficiente y que para colmo sigue requiriendo apoyo y subsidios estatales. La “privatización” fue sólo de las ganancias; las pérdidas las asume el Estado en forma de subsidios, y las inversiones necesarias, sencillamente, no las hace nadie.

Esa estafa de ganancias privadas, pérdidas públicas, servicio desastroso y vaciamiento debe terminar. Como reclamaron muchos vecinos durante las recientes crisis de suministro de energía eléctrica –la última, por sólo diez días consecutivos de calor en marzo–, hay que estatizar las empresas de servicios públicos y ponerlas bajo estricto control de sus trabajadores y asociaciones de usuarios. Lo cual debe incluir una ambiciosa ampliación y modernización del tendido de redes de electricidad, gas y agua, en el marco del plan de obras públicas.

 

Para concluir, cabe aclarar que estas medidas que presentamos no están pensadas como un “plan económico alternativo” que pueda implementar cualquier tecnócrata. , sino como puntos de partida y palancas de apoyo para ayudar a poner en marcha la única posibilidad de salida al desastre de la Argentina capitalista. Es decir, un gran movimiento social desde la clase trabajadora, los sectores populares, las mujeres, la juventud y todos los sectores explotados y oprimidos, los únicos que nunca han gobernado y los que siempre han soportado el peso de los sucesivos ajustes capitalistas.

Liberales, ultra capitalistas, radicales, peronistas y kirchneristas ya han gobernado, ya han fracasado y ya no tienen nada nuevo ni mejor que proponerle a una sociedad exhausta, malhumorada y ávida de un cambio. Ese cambio sólo puede venir desde la izquierda, con las banderas del anticapitalismo, del socialismo, del poder de la clase trabajadora. Ya es hora de un cambio de rumbo.

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