«He pedido a TEPCO [la empresa que opera la destruida planta de Fukushima] que se prepare rápidamente para comenzar con el vertido de las aguas, de acuerdo con el plan aprobado por la Autoridad de Regulación Nuclear. Espero que la descarga comience el 24 de agosto, si las condiciones meteorológicas lo permiten», comunicó este martes el primer ministro, Fumio Kishida.

«Las aguas» en cuestión son 1,34 millones de toneladas de líquido radioactivo procesado proveniente de la planta nuclear Fukushima Daiichi. Se trata de la instalación nuclear destruida durante el tsunami de 2011, generando un desastre en términos ecológicos y humanitarios.

Tras el desastre y la evacuación masiva el gobierno japonés comenzó un proceso de «recuperación» de la zona. Pero el mismo no fue de ninguna manera transparente. Esta semana el premier japonés planea comenzar a descargar sobre el océano toneladas de agua utilizada para enfriar las barras de combustible del reactor de Fukushima.

Dicho líquido fue procesado mediante el sistema conocido como ALPS (Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos en inglés) que permite remover la mayor parte de los componentes radioactivos del agua, pero no todos. En concreto, dicho sistema no permite remover el tritio. Informes de científicos especializados remarcaron que la presencia de tritio podría significar peligros para la salud y el medio ambiente.

¿Cuál es la justificación del gobierno japonés para liberar esos desechos al mar? La falta de espacio físico para seguir almacenando el agua contaminada. Una muestra expresa de la irracionalidad humanitaria del capitalismo. Una de las principales potencias económicas del planeta pretende generar un daño ecológico de escalas difíciles de dimensionar por «falta de espacio».

Rechazo

El gobierno japonés alega que la concentración de tritio es relativamente baja y cumple con estándares internacionales. Sin embargo, las consecuencias concretas del vertido no son aclaradas por el gobierno ni sus voceros. Según los planes del Estado nipón, el vertido comenzará este jueves y tomará «décadas».

El rechazo a la medida anunciada por Kishida involucró tanto a organizaciones ecologistas, sectores de la industria pesquera japonesa e incluso a voceros diplomáticos del gobierno chino. Sucede que la contaminación radioactiva podría generar un impacto directo sobre el ecosistema marino y su fauna, con el pertinente daño sobre la industria pesquera.

Kishida se había reunido el lunes con el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Cooperativas Pesqueras de Japón para comunicar la medida. Pero las muestras de rechazo continúan.

Trabajadores y empresas del sector pesquero denuncian que el impacto será grave. «Es como un plan para liberar el agua antes de que estalle la oposición pública», expresó Takashi Nakajima, un comerciante de la zona. «Lo que se pesque en la zona no se venderá».

En el centro de Tokio centenares de activistas ecologistas se concentraron frente a la oficina del primer ministro durante el último martes. Voceros de algunas de las organizaciones participantes hablaron rechazaron la medida frente a los medios japoneses. «No sabemos cuánto tiempo durará el vertido de agua, que dejará una deuda a las generaciones futuras».