• La lucha contra el FMI adquiere una enorme relevancia, pues representa el “vehículo” por medio del cual el gobierno pretende legitimar un feroz plan de ajuste estructural contra la clase trabajadora y los sectores explotados y oprimidos. Por eso nos oponemos a las “mesas de diálogo” para consensuar una propuesta al FMI; aceptar eso es iniciar perdiendo la lucha: hay que rechazar del todo negociar con el FMI e imponer que la crisis fiscal la paguen los ricos y el gran capital.

Víctor Artavia

Las jornadas de lucha que encabezó el Movimiento Rescate Nacional contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) marcaron un punto de quiebre en la situación política, pues evidenciaron que el país atraviesa una crisis de dimensiones históricas, cuyo desenlace será determinante para configurar la Costa Rica del siglo XXI.

Más que una crisis, tenemos que hablar de la confluencia de tres crisis. En primer lugar, el modelo de desarrollo neoliberal del capitalismo costarricense, sustentado en la promoción de exportaciones y el libre comercio, demostró su total fracaso luego de cuatro décadas. Sumado a esto, la pandemia agravó una difícil situación económica nacional (vinculada a la economía mundial), lo cual se refleja en los dramáticos índices sociales. Por último, una crisis política marcada por la polarización, la cual apunta hacia la redefinición de un nuevo “contrato social” y modelo de Estado.

Por lo anterior, para comprender el trasfondo de las protestas contra el FMI y la compleja realidad que desencadenó (o dejó al descubierto), es preciso analizar a fondo la situación nacional.

La crisis del modelo de exportaciones

A partir de los años ochenta, la economía costarricense experimentó una reconversión productiva hacia un modelo de exportaciones, bajo el cual se orientaron los principales recursos del aparato estatal en función de las empresas exportadoras y de servicios (la “nueva economía”), en detrimento de sectores como la agricultura y la manufactura local (la “vieja economía”). Además, este modelo se caracteriza por generar pocos encadenamientos productivos con la economía local, algo elemental para dinamizar la economía en su conjunto.

Pero cuando se contrastan las estadísticas sobre generación de empleo entre la nueva y la vieja economía queda en evidencia lo absurdo de dicha apuesta. Por ejemplo, según el actual presidente de la UCCAEP, José Alvaro Jenkins, en total hay 375 empresas ubicadas en el régimen de zona franca (datos de 2018), las cuales representan 115 mil empleos directos y otros 57 mil indirectos, alrededor del 12% de los trabajos formales del sector privado.[1] En contraposición, solamente el sector agropecuario generó 279 mil puestos de trabajo (I trimestre de 2019), de los cuales 43 mil los ocuparon personas mayores de 60 años, un segmento de la población con elevado desempleo en otros sectores.[2] Agreguemos que la construcción y el comercio representan otro 24% de los empleos del país.

Estos datos ilustran lo absurdo e insostenible que resulta el modelo de exportaciones que, si bien genera muchas ganancias para las empresas exportadoras transnacionales y algunos sectores burgueses nacionales, es incapaz de resolver los problemas de desempleo del país, en particular para amplios sectores de la población que no está calificada para acceder a los trabajos de zona franca (manejo de idiomas, capacitación técnica, etc.).

¿Por qué persisten los gobiernos de turno con el modelo de exportaciones a pesar de su evidente fracaso y alto costo social? Porque beneficia al capital imperialista (especialmente al estadounidense), ante lo cual la burguesía costarricense se coloca como un apéndice que obtiene una parte minoritaria del pastel. De esta forma, la riqueza generada por este modelo es concentrada en muy pocas manos, lo cual afecta sensiblemente a enormes franjas de la clase trabajadora en las zonas rurales y sectores populares urbanos, así como a pequeños propietarios que no tienen ningún tipo de respaldo estatal.

Asimismo, un componente fundamental del modelo de exportaciones es la impunidad tributaria hacia las grandes empresas, lo cual se refleja en el comportamiento permisivo del Estado costarricense ante la evasión y elusión fiscal, prácticas muy comunes dentro del ambiente empresarial: ¡la estimación de evasión fiscal es de ¢2.22 billones al año! Aunado a esto, producto de las exoneraciones fiscales a las zonas francas, solamente en el 2018 el país dejó de percibir ¢552 mil millones.

La pandemia abrió una crisis económica histórica

Previo a la pandemia, la economía nacional mostraba síntomas de estancamiento en todos los indicadores, lo cual presagiaba una nueva crisis económica. Pero desde que se reportó el primer caso de contagio en en marzo, las estadísticas económicas no dejan de asombrar, sobre todo las que se refieren al aumento de la condición de pobreza y el desempleo. En realidad, estamos en medio de una crisis económica histórica, cuyas repercusiones negativas para las grandes mayorías se extenderán por muchos años.

Empecemos por el desempleo, el cual pasó del 12% en marzo al 24% en setiembre. Además, el dato es más alarmante para grupos demográficos específicos, por ejemplo, en el segmento de la juventud (15-24 años) el desempleo es del 48% y, para el caso de las mujeres, es del 30,2%. Son cifras muy preocupantes, porque representan a 551 mil personas que el país no ofrece ninguna oportunidad laboral para ganarse la vida.

Las estadísticas no mejoran para el caso de la pobreza, la cual llegó hasta el 26,2% (alrededor de 1,5 millones de personas), la más alta en los últimos 28 años.[3] Esto tiene relación con el crecimiento del desempleo y la consecuente caída de ingresos en los hogares, los cuales en la zona urbana disminuyeron un 13,7%, mientras que en la zona rural la caída fue del 5,7%. Para empeorar la situación, esto ocurre pocos meses después de que entrara en vigencia el IVA, el cual encareció el costo de la vida afectando a los sectores de menos recursos al tener que pagar impuestos por más productos y servicios básicos.

 

Tabla n° 1. Pobreza y pobreza extrema por región
Región Pobreza (%) Pobreza extrema (%)
Pacífico Central 34,7 11,3
Chorotega 31,7 9,0
Huetar Caribe 29,8 8,2
Huetar Norte 28,6 9,8
Brunca 26,5 (-3,8 p.p.) 5,9  (-3,3 p.p.)
Central 23,7 (+6,7 p.p.) 6,0 % (+1,7 p.p.)
Nacional 6,2 7,0
Fuente: datos obtenidos de la página del INEC.
 

También, es notable que en las regiones costeras y periférica son más fuertes los efectos de la crisis económica (ver tabla n° 1), lo cual explica que en esos lugares los bloqueos contra el FMI fuesen más fuertes y radicales en sus enfrentamientos con la policía, reflejo de la frustración social acumulada en esas comunidades durante estos meses (y años de olvido en general).

Todos estos datos son una radiografía del insoportable capitalismo del siglo XXI, el cual no tiene nada de “pura vida” ni del “país más feliz del mundo”; por el contrario, son el reflejo de una sociedad cada vez más desigual donde los costos de la crisis recaen sobre los sectores explotados y oprimidos, mientras unas élites de burgueses acaparan enormes fortunas a costa de la miseria de las grandes mayorías.

El acuerdo con el FMI y el retorno de la lucha de clases

Bajo este contexto, cuando el gobierno presentó su propuesta de negociación con el FMI, detonó el malestar social acumulado tras años de neoliberalismo y exacerbado durante los meses de crisis económica por la pandemia. Así, en cuestión de días, se rompió la “paz social” abierta con la pandemia y se produjo un retorno de la lucha de clases (precedido por las movilizaciones feministas contra los femicidios en setiembre).

Desde el inicio el gobierno quedó aislado defendiendo su propuesta, pues ningún sector social o político acuerpó su plan de crear nuevos impuestos o aumentar algunos de los vigentes. La primera oposición vino de sectores de la gran burguesía y los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa, los cuales instalaron la consigna “no más impuestos”, apelando a concentrar el ajuste con recortes brutales al presupuesto y reventando los salarios de la clase trabajadora del sector público. Esto representó un cambio en la situación política, pues evidenció la ruptura del frente burgués en torno al plan de ajuste del gobierno, algo que fue muy efectivo en 2018 para imponer a golpe de tambor el regresivo “combo fiscal” y derrotar la gran huelga nacional (además de la renuncia de la burocracia sindical por radicalizar la lucha).

Ahora, por el contrario, se abrió una pugna inter-burguesa muy profunda que explica el curso errático de los partidos y cámaras patronales, a grado tal que tienen problemas hasta en acordar una mesa de diálogo para resolver la crisis en torno a la negociación con el FMI. No hay que perder de vista que estas mesas no son el terreno predilecto para la gran burguesía, acostumbrada a imponer su agenda por medio del lobby parlamentario o con presiones económicas, pero en medio de la actual coyuntura se vislumbra como la mejor forma de contener las movilizaciones y un eventual desborde social. Otra opción es una salida autoritaria de la crisis, pero luce lejana en estos momentos (incluso la represión no fortaleció al gobierno), aunque hay sectores minoritarios que comienzan a “murmurar” llamados por la destitución del presidente o que traslade su poder en los hechos a una comisión legislativa tecnocrática (como hizo Juan Carlos Hidalgo o La Nación, ambas salidas reaccionarias desde todo punto de vista).

La pugna inter-burguesa es consecuencia de la profundización de la crisis económica, pues el “pastel” se achicó y se intensificaron las peleas entre los de arriba para repartir las ganancias. Esto explica que ahora la UCCAEP sea oposición por derecha del gobierno, pues Carlos Alvarado está más vinculado al sector burgués que reúne Horizonte Positivo, el cual colocó a André Garnier como ministro. También la UCCAEP tuvo una crisis interna meses atrás, con la salida de varias cámaras patronales debido a diferencias sobre la agenda por desarrollar en medio de la crisis económica.

Incluso a lo interno del PLN se conformaron bloques regionales municipales exigiendo un nuevo régimen del partido, sobre todo para elegir la candidatura presidencial por consenso y no por convención abierta, así como reformar la elección de los cuatro primeros puestos a diputación por San José. Esto denota una puja del sector municipalista por tener mayores vínculos con el poder ejecutivo y legislativo en el futuro, dado los fuertes golpes que recibió tras la imposición de la regla fiscal.

Pero el potencial acuerdo con el FMI también generó malestar en otras clases sociales, como los pequeños y medianos propietarios vinculados al mercado interno (campesinos, transportistas, pescadores y arroceros), los cuales vieron en peligro sus intereses ante la eventual imposición de nuevos impuestos que los condenaría a la quiebra, como ocurriría con el de transacciones bancarias o la triplicación del de bienes inmuebles.

Esto desató el movimiento encabezado por Rescate Nacional, el cual expresó los intereses de esos pequeños propietarios afectados por décadas de apertura económica bajo la conducción caudillista de José Miguel Corrales y Célimo Guido, el cual sumó a sectores de las comunidades rurales y costeras a los bloqueos en sus regiones. Esto explica la complejidad de este movimiento de lucha, pues combinó elementos progresivos como la oposición al acuerdo con el FMI y a la venta de instituciones públicas, con otras consignas regresivas como “no más impuestos” y “sí al recorte del gasto público”, las cuales hacen parte del programa de ajuste de la burguesía.

Ante esto, era clave que la clase trabajadora ingresara a la lucha por medio de sus propias organizaciones levantando un programa unificado con los pequeños propietarios. Pero las dirigencias sindicales burocráticas sabotearon esta posibilidad al darle la espalda a los bloqueos en las comunidades y no convocar a ningún espacio democrático para que sus bases discutieran sumarse a la lucha; por el contrario, prefirieron convocar a “caravanas” con unas decenas o cientos de carros, una forma de lucha sumamente pasiva y sin ningún impacto para derrotar el acuerdo del gobierno con el FMI. Esta orientación califica como una verdadera traición por parte de la burocracia sindical, pues dejaron pasar una oportunidad histórica de consumar una derrota categórica al gobierno de Carlos Alvarado, pues la incorporación de las bases sindicales del sector público hubiese fortalecido las movilizaciones y bloqueos debido a su experiencia acumulada en anteriores procesos de lucha.

Por otra parte, el Frente Amplio (FA) dejó en claro su giro a la derecha en los últimos años, llamando a levantar los bloqueos y presionando porque el gobierno llamara a un diálogo “racional”, algo absurdo dado el carácter neoliberal y autoritario de la actual administración. A pesar de la brutal represión, Patricia Mora aún sigue en el gobierno, limitándose a sacar cada tanto un estado en redes sociales diferenciándose de aspectos puntuales de la política de Alvarado. Por todo esto, señalamos que el FA traicionó a la izquierda.

En este contexto de relativo aislamiento, el gobierno libró un feroz operativo represivo contra los bloqueos de las comunidades, desatando verdaderas batallas con los manifestantes. Es de resaltar la heroica resistencia de las personas en las manifestaciones, obligando a los antimotines a huir de varios lugares. De igual manera, el gobierno dio un paso atrás con el retiro temporal de la propuesta de negociación con el FMI, dando inicio a los llamados al diálogo nacional, con la intención de concertar una propuesta con los demás sectores de la burguesía y apostando a la colaboración traidora de las burocracias sindicales. Al momento de escribir este artículo no está claro la viabilidad de los diálogos, pues los primeros llamados del gobierno fueron rechazados por varios sectores y lo obligó a convocar a una mesa amplia multisectorial para definir una metodología de concertación, cuando su intención era imponer desde Casa Presidencial las reglas del juego.

Una nueva situación marcada por la polarización y la debilidad del gobierno

Bastaron dos semanas de bloqueos, el enorme dispositivo de represión policial, así como la respuesta radical de los sectores y comunidades en lucha, para terminar de enterrar el mito de la “Suiza centroamericana”, el cual no presenta ninguna relación con la realidad actual del país. Cuarenta años de modelo de exportaciones y ajustes neoliberales destruyeron muchas de las conquistas sociales obtenidas por décadas de lucha de la clase trabajadora y los sectores populares.

Ahora la burguesía aspira por un nuevo “pacto social” más acorde a sus intereses, por lo que presiona para redefinir el modelo de Estado vaciando al máximo su contenido “social”, para transformarlo en un aparato que garantice la represión y el desarrollo de sus negocios. Esto ya ocurre, pero aún persisten conquistas que resultan una carga innecesaria para los capitalistas, como la elevada inversión en educación y salud pública, entre otras cosas.

En este marco, la lucha contra el FMI adquiere una enorme relevancia, pues representa el “vehículo” por medio del cual el gobierno pretende legitimar un feroz plan de ajuste estructural contra la clase trabajadora y los sectores explotados y oprimidos. Por eso nos oponemos a las “mesas de diálogo” para consensuar una propuesta al FMI; aceptar eso es iniciar perdiendo la lucha: hay que rechazar del todo negociar con el FMI e imponer que la crisis fiscal la paguen los ricos y el gran capital. Además, es un hecho que el gobierno está en debilidad y sumarse a la trampa del diálogo es darle espacio para que se reposicione y contraataque.

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) llamamos a todas las organizaciones sindicales, sociales y populares a preparar la lucha unitaria contra el FMI, para lo cual proponemos ocho puntos programáticos y organizativos:

1) Fuera el FMI, ni un colón para los buitres del imperialismo. No hay acuerdo posible que beneficie al pueblo trabajador con este organismo imperialista.

2) Oposición rotunda a los recortes al presupuesto público y la privatización de empresas estatales. El gobierno, los partidos burgueses y las cámaras de empresarios quieren vender empresas estatales rentables; además, impulsan fuertes recortes al presupuesto que afectan instituciones que juegan un papel social muy importante (como el Ministerio de Cultura, el FEES, etc.), así como la Ley de empleo público para precarizar las condiciones salariales de la clase trabajadora del sector.

3) No a la creación de impuestos contra el pueblo trabajador. En el primer borrador de negociación el gobierno pretendía crear impuestos al consumo, como el de transacciones bancarias, un verdadero robo al salario de la clase trabajadora que equivalía a pasar el IVA aumentara del 13% actual al 20%.

4) Por impuestos a las grandes empresas y fortunas. El país no percibe cerca de ¢552 mil millones al año por las exoneraciones que tienen las empresas de zona franca.

5) Persecución a los evasores y elusores del fisco. El Ministerio de Hacienda no hace nada para obligar a las grandes empresas a pagar los impuestos. Po eso, la evasión deja un hueco por ¢2.22 billones al año, una fortuna que bastaría para resolver muchos de los problemas económicos del país.

6) No al pago de la deuda externa y la que poseen entes privados y redireccionar esos recursos para cubrir las obligaciones con al CCSS, los regímenes de pensiones y otros de carácter social, así como desarrollo de obra pública.

7) Repudiamos la represión del gobierno contra los bloqueos y la criminalización de los manifestantes. Reivindicamos el derecho a la autodefensa de las comunidades contra la policía y exigimos la liberación inmediata y desprocesamiento de todos los manifestantes detenidos. No podemos permitir que el gobierno encarcele personas por luchar por sus derechos y contra los ataques del gobierno.

8) Por un Encuentro Sindical y Social para organizar la lucha contra el FMI de forma democrática. Proponemos a los sindicatos, organizaciones sociales y a Rescate Nacional convocar a este espacio, para unificar a todo el movimiento social contra el acuerdo con el FMI bajo un mismo programa de consignas y un plan de acción unificado, en aras de organizar una gran huelga general.

Por último, está planteada la tarea de construir una verdadera alternativa de izquierda anticapitalista en el país, la cual exprese los intereses de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. Para esto impulsamos la construcción del Nuevo Partido Socialista (NPS) e invitamos a nuestros lectores y lectoras a colaborar con nuestra organización, acompañándonos en las luchas y en el proceso de inscripción electoral en San José y Cartago para las elecciones del 2022.


[1] Oscar Ugarte Jiménez, “Uccaep cree ´contraproducente` quitar beneficios a zonas francas, su presidente tiene sociedades bajo ese régimen”. En https://semanariouniversidad.com/pais/uccaep-cree-contraproducente-quitar-beneficios-a-zonas-francas-su-presidente-tiene-sociedades-bajo-ese-regimen/  (Consultada el 24/10/2020).

[2] “Costa Rica. Empleo en el sector agropecuario. I trimestre 2016 – I trimestre 2019”. En http://www.infoagro.go.cr/EstadisticasAgropecuarias/EMPLEO/2019I-Empleo.pdf  (Consultada el 24/10/2020). Incluso restando los 32 mil trabajos directos que generan las piñeras (las cuales están en el régimen especial), el empleo generado por el sector agropecuario es muy superior al que producen las zonas francas.

[3] “Pobreza por ingresos alcanzó un 26,2%”. En https://www.inec.cr/noticia/pobreza-por-ingresos-alcanzo-un-262 (Consultada el 21/10/2020).

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