El debate de la deuda y el ajuste entre la izquierda en las elecciones

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  • En medio de una campaña electoral enmarcada por el programa de ajuste debatimos sobre las posiciones de la izquierda sobre la deuda y el FMI.

Johan Madriz

La deuda pública está ahogando al país; más del 40% del presupuesto nacional se destina al servicio de la deuda. Ante esto los gobiernos, y especialmente los del PAC, configuraron un plan de ajuste sobre los sectores trabajadores y populares para “hacerle frente”. La inversión social cada vez se reduce más, desamparando a miles de personas que sufren la pobreza y la precarización. Mientras tanto al gran empresariado le aseguran todas las peticiones que exigen: exoneraciones fiscales, amnistías tributarias, desregulación, flexibilización laboral, etc.

Al mismo tiempo, el gobierno tiene secuestrados cientos de miles de millones de los sectores trabajadores y de instituciones. Se trata de los recursos de las operadoras de pensiones y de entidades públicas como la CCSS, el ICE o el INS que financian al gobierno a través de la adquisición de deuda interna. Este dinero es captado para seguir sosteniendo los privilegios de los sectores empresariales que no pagan impuestos y ante la inestabilidad de las finanzas publicas colocan en peligro las pensiones y dineros que deberían invertirse en suplir las necesidades de los sectores populares en lugar de en la especulación. Esos compromisos deben honrarse.

El tema de la deuda es uno de los grandes problemas nacionales, un lastre que sangra la riqueza producida en el país. Desde los sectores burgueses se aborda de una forma “técnica” y “economicista”, simplemente velan por reducirla, al tiempo que se aseguran mantener sus privilegios. Esta visión no toma en consideración las implicaciones sociales de las medidas. El gobierno y el empresariado gritan al unísono que hay que “socarse la faja” pero no dicen que es una soga al cuello para los sectores populares. En realidad, hay que cuestionar los efectos de seguir el camino trazado por el gobierno: mas pobreza, más desempleo, más desigualdad…

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) con nuestra inscripción electoral y nuestra actividad militante en las luchas hemos colocado el cuestionamiento de la deuda y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como ejes centrales. Nuestro programa electoral “Una propuesta anticapitalista para la clase trabajadora, las mujeres y la juventud” expone un planteamiento claro en el sentido de que no hay que pagar la deuda externa en su totalidad y hay que sacar al FMI del país de inmediato. Esta posición tiene su expresión en nuestra actividad callejera donde, por ejemplo, nos sumamos, con planteamientos críticos, a las manifestaciones populares contra el acuerdo con el Fondo que marcaron el 2020.

En medio del actual proceso electoral la discusión se ha mantenido dentro de los parámetros de la agenda burguesa del ajuste, dándola por hecha y consolidada, es decir, se ha dispuesto un ambiente conservador y ajustador. Esto a pesar de que existen tres partidos políticos que se identifican como de izquierda en la contienda presidencial, además del nuestro con participaciones provinciales. Ante esto presentamos este debate como parte del enriquecimiento de la discusión de ideas con el Frente Amplio (FA), el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Pueblo Unido (PPU). Para esto se han tomado como base los programas oficiales presentados al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

 

La esperanza choca con la realidad

El FA cada vez mas se aleja de las posiciones de la izquierda y, continuamente, su cúpula asume posiciones alejadas de las reivindicaciones de los sectores populares. Desde hace algunos años profundizó su adaptación al régimen posicionándose como una “izquierda democrática”, con lo cual justifican su renuncia a denunciar la farsa que supone la democracia burguesa e intenta colocarse como una “opción responsable” –a ojos de la burguesía– que garantice la continuidad de la institucionalidad. A pesar de las airadas declaraciones de lucha que, de tanto en tanto, realizan sus principales figuras, en los hechos, su apuesta es electoralista e institucional dejando de lado la lucha callejera.

En su programa “Hay esperanza” se guarda un vergonzoso silencio con respecto al problema de la deuda: no hay una sola mención al tema. Al respecto, la única referencia es su oposición al ajuste aplicado por el gobierno para reducir el déficit fiscal: “el recortismo solo limita el cumplimiento de los derechos sociales y económicos de los y las ciudadanas por parte del Gobierno, erosionando la eficacia de los programas de combate a la pobreza y la desigualdad, así como la educación pública, principal mecanismo generador de movilidad social ascendente” (pág. 22).

Plantean una crítica correcta al programa de ajuste del gobierno, el cual afecta a los sectores más desfavorecidos, mediante el ataque de programas sociales y aumento de impuestos para destinar esos recursos al pago de la deuda, pero de una forma miope no ven el hecho generador de esas medidas que es el cada vez mayor peso del servicio de la deuda en el presupuesto nacional. No profundizan en el porqué de ese déficit y, por tanto, no hay un cuestionamiento a la deuda. Ni siquiera alcanzan al reformismo estilo Correa que con su posición de auditoraje al menos sostuvo una postura parcialmente crítica hacia los acreedores de Ecuador, aunque al fin y al cabo terminara pagando.

Si se analizan sus posturas en temas relacionados se advierte un sistemático posicionamiento adaptado a la institucionalidad, tienen extremado cuidado en acoplarse a las reglas de la burguesía. Sacrifican el papel que deberían tener como una oposición beligerante que desnude continuamente la podredumbre del régimen capitalista y que se posicione desde y para los intereses de los sectores explotados.

Siguiendo este hilo, veamos su posición o no posición sobre tres temas. Uno es la regla fiscal que deviene en un mecanismo arbitrario para justificar los recortes en el presupuesto, justamente un hecho contra el que desde el FA se posicionan en contra, sin embargo, su propuesta al respecto pasa por “reformar la regla fiscal” (pág. 23) haciendo excepciones para la utilización de los recursos propios de las instituciones, de ingresos por empréstitos, la excepción del gasto de capital y de la inversión social. Es decir, todo un laberinto legal con el único fin de no tomar una posición más consecuente que debería ser la derogación de esa regla, la cual constituye una herramienta central en la política de ajuste fiscal del gobierno actual y la burguesía en general.

Otra cuestión es el acuerdo entre el gobierno y el FMI que traza un plan de ajuste estructural para colocar al país a tono con las políticas fiscales del capitalismo internacional. En su plan de gobierno solo se menciona este tema en una ocasión y únicamente para oponerse a una de las medidas acordadas, “evitar la venta de la cartera de CONAPE” (pág. 61). La oposición a una institución imperialista como el FMI, que donde coloca un billete provoca un tsunami de pobreza, debería ser un principio básico de sectores de izquierda, sin embargo, parece que se creyeron la predica de la institución de que ya no son el martillo ajustador que eran en los ochenta y noventa.

Lo anterior, explica la ausencia del FA en la lucha contra el acuerdo con el FMI en octubre de 2020, ante la cual José María Villalta explícitamente llamó a desmovilizar y confiar en las mesas de negociación con el gobierno de Alvarado, a la vez que Sofía Cortés defendió en la APSE que había que plantear la “renegociación” del acuerdo con el FMI. De esta forma, la principal organización de “izquierda” –al menos así lo referencia un sector de la población– rehusó apoyar y orientar un movimiento de lucha contra el FMI –una reivindicación progresiva y antimperialista–, dejando el camino libre para que fuera dirigido por figuras burguesas como Correales y otras de la pequeñoburguesía –como Célimo Guido y el MRN.

Finalmente, con respecto a los Tratados de Libre Comercio, su posición es “revisaremos y evaluaremos permanentemente los tratados vigentes”, “fiscalizar una aplicación justa”, “promoveremos la renegociación de los Tratados de Libre Comercio que presenten repetidas cláusulas abusivas o perjudiciales para los intereses nacionales” (pág. 19). Nuevamente una posición timorata que no concibe nada por fuera del marco institucional burgués y que debería extrañar de un partido que participó en la lucha contra el TLC con Estados Unidos.

 

¿Deuda buena y deuda mala?

La posición plasmada en el programa del PT con respecto a la deuda es la “suspensión inmediata del pago y auditoria popular de la Deuda Pública: Es necesario que las organizaciones sindicales y populares realicen una auditoria de la deuda y definan sus tramos ilegales para determinar cuánto corresponde a acreedores privados y a negocios corruptos” (pág. 17).

Esta propuesta parte de considerar que existe una deuda “buena” o “legítima” y otra “ilegítima”. Bajo ese supuesto, se tendría que repudiar la segunda y aceptar y pagar la primera, pero ¿cómo se determina cada caso?, ¿quizás por el gobierno que la contrajo, por el acreedor o por su finalidad? ¿Hay gobiernos que procedieron según los intereses de la clase trabajadora? ¿Cuáles bancos, empresarios o inversionistas compraron bonos solo para ayudar al país, renunciando al cobro de intereses?

Además, hay que cuestionar en qué ha beneficiado la suscripción de estas deudas a los sectores trabajadores, y la respuesta es en nada. Por un lado, algunos podrían decir que con esos recursos se construye obra pública, una verdad a medias, ya que son conocidas las deficiencias en las obras realizadas por las empresas resultado de los contratos de concesión de obra pública y de la enorme perdida de dinero debido a la corrupción. Además, esa obra se construye en función de las necesidades del empresariado para que sus negocios sean más rentables y no de las necesidades populares. A modo de ejemplo, ¿por qué no se utilizan estos recursos para la construcción masiva de vivienda que es un problema de enormes proporciones y que afecta a los sectores trabajadores que cada vez tienen menos acceso a una casa? Otro argumento sería que, gracias a los préstamos de apoyo presupuestario, se logra cambiar deuda cara por deuda barata, pero esto solo significa pagarles cada centavo a los capitalistas y asegurar sus ganancias a costa del ajuste a las y los de abajo.

De esta forma, el planteamiento del PT resulta muy limitado y, en última instancia, no cuestiona por el fondo el mecanismo de expoliación imperialista que representa la deuda. Bajo este sistema económico y en un país semicolonial no hay una deuda legítima y otra que no, simplemente el servicio de la deuda es un enorme saco sin fondo, que es parte integral de un régimen económico sustentado en la generación de ganancias para un pequeño grupo de zánganos.

Extraña esta posición de un partido que sustenta su campaña electoral en la frase “socialista y revolucionaria” y que parece tener claras las implicaciones de la deuda: “la deuda, es uno de los principales chantajes que utilizan los capitalistas y sus organismos financieros internacionales para someter a los países, por un lado, asfixiándolos con intereses impagables y por otro señalando que el país si deja de pagar esas deudas se quedará aislado y en la quiebra”[i].

Además, al respecto, en su programa señalan (refiriéndose a la regresividad del Plan Fiscal) “garantiza el funcionamiento de los restos del Estado endeudándose con el capital financiero internacional, emitiendo bonos de deuda externa e interna que luego son comprados por otros empresarios y ricos. Estos bonos son pagados con jugosos intereses por el Estado” (pág. 17). Es decir, no desconocen la dinámica de la deuda.

A pesar de esto, su posicionamiento político esta más en el sentido del reformismo o de la postura que levanta el sector de la burocracia sindical en torno a Albino Vargas. Asimismo, la auditoría es una política que, en los países donde se implementó, se terminó legitimando la deuda y pagándola –en un ejemplo perfecto de gatopardismo–, por ejemplo, como la planteada por Correa en Ecuador.

Otro elemento insólito es que en su programa no dicen una sola palabra con respecto al préstamo firmado con el FMI. Este es uno de los elementos medulares del plan de ajuste del gobierno y que durante 2020 desató, con muchas distorsiones, una ola de rechazo hacia el organismo y sus medidas. Un olvido impresionante que demuestra que el programa del PT, aunque tiene posiciones formalmente anticapitalistas y de independencia de clase, adolece de una falta de comunicación con la experiencia de lucha real en el país y, por ende, su campaña es muy abstracta, pues no tiene como eje la pelea contra el ajuste fiscal y el rechazo al acuerdo del FMI.

Es así como, lo cierto es que la deuda externa y la que está en manos del empresariado simplemente son parte de un negocio del capitalismo para lucrar a base de la obtención de jugosos intereses y, al mismo tiempo, someter u obtener influencia política sobre los gobiernos como demuestra el acuerdo con el FMI. Por eso hay que despreciarla y no pagar un centavo más.

 

Ninguna posición

El escueto programa de Pueblo Unido se sustenta en la concepción estalinista del papel del Estado, por lo que, expresa la idea de este como “actor fundamental de la economía y el que corrige las fallas del mercado. Es decir, el Estado como planificador, empresario, inversionista, banquero, regulador, productor del desarrollo […]” (pág. 18). Bajo este concepto se entendería que la estatización, por sí misma, soluciona los asuntos del país y, peor aún, de que implica un avance contra el capitalismo.

La experiencia de la burocratización de las revoluciones y procesos de lucha del siglo pasado da cuenta de que no basta con que la propiedad de los medios de producción sea estatal, sino que es necesario que se encuentren bajo el control directo de la clase trabajadora. Así, la propiedad implica no solo la definición de la posesión sino, también, de en función de quién se utiliza. Realizando una analogía, este enunciado funciona como un argumento para repudiar la deuda: es pública, pero suscrita por gobiernos que le responden al gran empresariado.

 

Lastimosamente para PPU este asunto no posee la suficiente relevancia como para incluirlos en su programa de gobierno y colocarlo secundariamente en su campaña. Al respecto, no pasan de una crítica a los PAEs y el TLC por destruir “las bases del Estado de Bienestar social” (pág. 15), por lo cual plantean “impulsar a nivel centroamericano la renegociación de los TLC con EEUU y con la Unión Europea” (pág. 16). ¡Sostienen la misma política del FA, el otro heredero del estalinismo criollo! Más allá de eso no existen planteamientos anticapitalistas relativos a la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda.

 

No al pago de la deuda y fuera FMI

Desde el Nuevo Partido Socialista hemos colocado la consigna del no pago de la deuda y el rechazo del acuerdo con el FMI como una de las propuestas centrales de nuestra campaña anticapitalista (figura entre los ejes programáticos de nuestro volante electoral), por las implicaciones para los sectores populares y trabajadores que conlleva continuar pagando. El gobierno insiste en que la única vía es ajustar para pagar, pero eso no es cierto, esa es la opción con la que continua el saqueo del país. La otra opción, la que planteamos, es la que conlleva que sean los de arriba los que carguen con la crisis.

Entendemos que la deuda externa es una vía de expoliación de las potencias capitalistas para controlar a países dependientes como el nuestro, además, esos recursos no son administrados en beneficio de las y los de abajo, sino, al contrario, para asegurar los negociados del gran empresariado. Durante los últimos años Carlos Alvarado y los gobiernos precedentes han aumentado la deuda publica a niveles insostenibles y cuyos beneficios son inciertos, al menos para quienes trabajan.

Es por esto por lo que planteamos el cese inmediato del pago de la deuda externa en su totalidad y de la deuda interna que se encuentra en manos del empresariado, así como, la ruptura inmediata con el FMI que es una maquina de pobreza. Además, resulta indispensable derogar totalmente la regla fiscal que solo funciona para recortar la inversión social y los salarios, mientras que no toca los recursos para el servicio de la deuda. Finalmente, resulta necesario avanzar en medidas fiscales progresivas que graven el gran capital y las fortunas para generar nuevos recursos que suplan las necesidades de los sectores populares.


[i] “El crimen de pagar la deuda y no entender el hambre del pueblo”. En www.socialismohoy.com

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