• Desde hace al menos cuatro meses todas las semanas la noticia se repite: el precio de la luz bate récord histórico.

Xavi Posets

Desde hace al menos cuatro meses que, semana sí, semana también, la noticia se repite: el precio de la luz bate récord histórico. En el día de hoy, jueves, el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista se sitúa en 215.63 euros el megavatio hora (MWh), unos 40 euros más caro que ayer.

Si comparamos con octubre del año pasado, el precio se situaba sobre los 57 euros. Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), la tarifa de la luz de agosto de un hogar medio (4,6 kW de potencia y 292 kWh de consumo mensual) subirá un 38% respecto el año pasado. Hablamos de cuando la luz estaba a 78,38 € el MWh (2021) frente al 56,57 €/MWh (2020). Ahora con precios superando las dos centenas, el porcentaje debería ser considerablemente mayor.  Todo esto, bajo el contexto de pandemia y crisis social, deja en evidencia lo que el “gobierno más progresista de la historia” es capaz de permitir (y facilitar) a las eléctricas para que puedan seguir amasando una fortuna a costa de la población.

¿Por qué sube la luz?

Los principales medios de comunicación sirven como altavoz de las grandes empresas energéticas, que insisten que la subida del precio de la electricidad está causada por las subidas de los precios del gas en Europa y de las emisiones de CO2 por tonelada (tendencia que seguirá hasta la siguiente primavera). Sin embargo, esta explicación no contempla como parte del problema la lógica capitalista de las compañías eléctricas, así como tampoco pone le foco sobre todo un sistema estatal al servicio de éstas.

Veamos. Actualmente en el Estado español encontramos dos formas de contratar el servicio eléctrico. El primero, llamado “mercado libre”, consiste en que el consumidor llega a un acuerdo con la empresa directamente. Lo habitual es que en los acuerdos los precios no estén sujetos a los precios del mercado mayorista pero, a la práctica, las comercializadoras suben el coste de los servicios contratados, haciendo de esta la opción habitualmente más cara. Bajo esta modalidad se encuentran 17 millones de usuarios.

El segundo tipo de contrato es el “mercado regulado”, al cual están acogidos 11 millones de usuarios. En este modelo, la tarifa de la luz se divide en un precio fijo, correspondiente a la potencia contratada, en KW, y un precio variable según el consumo eléctrico, en KWh. Anteriormente a la reforma de Rajoy, el precio del KWh era fijo y regulado por el Estado, pero con la ley vigente, este precio va variando tal y como hemos podido ver en el gráfico anterior.

¿Y quién regula el precio de los KWh que hoy está en las nubes? Pues proactivamente las compañías eléctricas. El Estado organiza una “subasta” donde las empresas productoras de energía eléctrica venden, y las distribuidoras compran. De esta manera se determinan los precios del KWh del día después.  La clave es que estas empresas acaban formando parte del mismo oligopolio eléctrico, y por lo tanto acaban fijando ellas los precios. Un sistema hecho a medida de las empresas por partidos políticos cuyos altos cargos acabaron en las “puertas giratorias”.

Y por último pero primordial, no se nos escapa la lógica capitalista de estas empresas, que en su afán por ganar todo lo posible suben los precios para que el aumento de los precios del gas y el CO2 no afecte a sus bolsillos, sino a los nuestros. Solo en 2020 Endesa saco un beneficio de 1394 millones de euros, e Iberdrola 3610 M€, y los datos prevén números iguales superiores para este 2021. Pero por si fuera poco, se aprovechan de que la electricidad se vende cara para vaciar embalses, produciendo energía de forma económica para lograr el máximo beneficio privado, mientras destrozan ecosistemas.

¿Qué ha hecho el Gobierno?

Durante estos meses de escalada de precios, el gobierno “progresista” de PSOE y Podemos no hizo más que tomar medidas cosméticas hasta que, ante la situación cada vez más insostenible para la clase trabajadora, acabó legislando un paquete de reformas superficiales y de corte neoliberal, tocando lo más mínimo las ganancias capitalistas de las eléctricas.

Y es que a finales de mayo, el gobierno aprobó el “tarifazo eléctrico” un nuevo sistema tarifario que introduce tres periodos de discriminación horaria –punta, llano y valle– de forma que los precios más altos del consumo eléctrico se sitúa en las horas habitualmente con más uso, y viceversa. De esta forma, el gobierno pretendía lavarse las manos ante el incremento de la tarifa de la luz y traspasar la responsabilidad al individuo, ya que “si pagas más es porque no utilizas electricidad en las horas correctas”. Algo absurdo puesto que las horas “baratas” siguen siendo caras en comparación con cualquier precio de años anteriores, por lo que no importa si pones las lavadoras a las 00 de la noche, el gasto a final de mes seguirá por las nubes.

Sin embargo, con la escalada acelerada de la tarifa eléctrica y constatándose que el tarifazo no solucionaba nada para las clases populares, y ante el descontento creciente de éstas, el Gobierno ha ido sumando otras medidas, de las cuales destacan:

• Reducciones de impuestos. Concretamente el impuesto especial eléctrico (del 5,1% al 0,5%), el IVA (del 21% al 10%)  del impuesto de producción eléctrica, que directamente se ha suspendido (antes del 7%).
• Limitaciones en la tarifa del gas natural (TUR) al 4,4% (antes del 28%). También han prometido una reducción del exceso de retribución de las eléctricas, siendo la única medida que tocaría algo los enormes beneficios de las compañías.
• Implementación de “mecanismos alternativos” para subastar energía, “dando la oportunidad de ofertar con una subasta un precio promedio mucho más bajo”.
• Implementación de un “suministro mínimo vital”, análogamente parecido al IMV, la medida estrella del Gobierno y con efectividad lamentable.

En definitiva, unas medidas que poco van a arreglar la realidad de la clase trabajadora en el presente, pero que seguro que a la larga empobrecerán aún más el sistema público, mientras tocan lo más mínimo los multimillonarios beneficios capitalistas.

Por una salida de la clase trabajadora

El “gobierno más progresista de la historia” ya ha tenido ocasiones para hacer honor a la palabra “progresista” (“socialista” o “comunista” le queda muy lejos). Pero hasta ahora sus políticas solo han mirado por defender los intereses de las grandes empresas (farmacéuticas, eléctricas, etc.) ante la cada vez más precaria y agobiante situación de la clase trabajadora. Las medidas cosméticas y temporales y las reformas con base liberal solo son un intento de sostener lo insostenible, a la par profundizan la precariedad social.

La salida de esta crisis energética para las clases populares pasa por la nacionalización de las compañías eléctricas, sin compensación económica por parte del Estado. Unas medidas que pongan a la clase trabajadora en el centro de las políticas que gestionan el país en tiempos de crisis, tomando también acción contra la crisis climática que amenaza el planeta.

Y sabemos bien que el Gobierno de PSOE y UP está lejos de llevar a cabo acciones en esa línea. Por eso es necesaria la organización en los barrios y centros de trabajo para defender, con la movilización en las calles y la huelga general, un programa que cubra al completo las necesidades de las clases trabajadoras y arranque a las grandes empresas energéticas la gestión de los medios de producción.