Se trata de un tipo de crimen que no conoce fronteras y que como demuestra la actualidad dejó de ceñirse a una herramienta para sembrar el terror en el marco de dictaduras militares.

Desde las desapariciones de pibes pobres que mueren bajo la tortura en las comisarías argentinas cuyos cuerpos son ocultados para garantizar impunidad hasta las víctimas de este crimen en nuestro continente que son las y los defensores de derechos humanos o activistas y líderes comunitarios, desaparecidos para impartir terror y que nadie se atreva a luchar contra el narcoestado en México o contra las grandes empresas y sus proyectos que afectan el medioambiente, la desaparición forzada de personas es un recurso habitual del Estado capitalista.

Las víctimas también son integrantes de pueblos originarios y campesinos por defender y reclamar por las tierras, tanto a manos de fuerzas estatales o paraestatales. Las personas migrantes que desaparecen en rutas controladas por mafias de tratantes que actúan bajo la vista cómplice de los estados.

En un país como Argentina, la figura del detenido/a-desaparecido/a se transformó, producto de la lucha popular, en todo un símbolo de resistencia. Incluso pese a que hoy se intenta disputar la conquista colectiva de la memoria activa que luchó y lucha por lograr verdad y justicia frente los crímenes de la última dictadura genocida por parte de la derecha negacionista.

Sin embargo, la desaparición forzada como mecanismo de disciplinamiento y represión continúa llevándose adelante en el marco de los diferentes gobiernos democráticos. Los de Santiago Maldonado o Facundo Castro son los casos más resonantes que nos recuerdan que las fuerzas represivas del Estado siguen actuando impunemente al amparo de los gobiernos capitalistas.

Patricio Escobar, director del documental «Antón Pirulero» (estrenado en 2018), relataba en una nota de su autoría para Revista Crítica que, luego de la aparición de Luciano Arruga como NN en el cementerio de la Chacarita tras cinco años de búsqueda: «Ese día, el día que apareció Luciano, decidí hacer una película que exponga al Estado ‘democrático’ como responsable de las desapariciones forzadas».

La trama del documental recorre casos y nombres que ayudan a pensar el accionar de un Estado que funciona como una verdadera «máquina» cuyas piezas se articulan para garantizar la impunidad. Jóvenes de barrios de trabajadores, estudiantes, activistas hacen a la fisonomía de las víctimas más frecuentes de las fuerzas represivas.

Las casos más comunes son los de «chicos de barrios marginados, vulnerables. Por lo general la policía de esos barrios los usan como mano de obra esclava para robar o transar drogas. Si se niegan padecen un “verdugueo” constante, usan la excusa de averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones para meterlos en las comisarías y molerlos a palos. Otras veces, directamente van a la casas y se los llevan. Una vez desaparecidos, se modifican los libros de actas», dice Escobar.

El poder judicial y sus funcionarios, cuando los familiares denuncian, permiten que las mismas fuerzas involucradas participen en la investigación. Allí aparecen los testigos falsos, las pruebas más importantes se limpian o modifican. Los testigos que comprometen a los agentes son hostigados y muchas veces mueren en circunstancias dudosas.

Los jueces y fiscales defienden con vehemencia la versión de la policía o la fuerza involucrada. Cuando no lo hacen los ministros de Seguridad como los Berni o Bullrich. También se niegan a declarar sobre la causa si el caso no toma estado público. Entonces hacen su aparición los medios de comunicación que instalan versiones falsas que apuntan, en primer lugar, a decir las víctimas están con vida, que fueron vistas por ahí. ¿Mientras leen esto, no les suena tristemente familiar?

«Puede parecer una cadena de ineptitudes, pero eso sólo dejaría tranquilo al más ingenuo. Si analizamos los datos y observamos la historia argentina comprendemos que, en ciertos casos o circunstancias, la Máquina de desaparecer personas se pone en marcha y es sistemática. A veces tiene fallas, o nos pueden hacer pensar que tiene fallas (…)».

No hay gobierno que haya ido jamás en serio contra los perpetradores de estos crímenes.

Este método de represión ilegal encuentra hoy en la lucha en las calles, en la organización desde abajo su principal impedimento para la legitimación e impunidad. Un crimen que no casualmente se repite y tiene a las y los de abajo, a la juventud trabajadora, pobre, originaria, luchadora, como sus víctimas y al Estado y sus instituciones como los victimarios.

Por la memoria de las y los 30 mil, por justicia para ellas/os y cada pibe, luchador/a víctima de desapariciones forzadas: memoria, verdad y justicia