El pasado 26 de abril un grupo de vecinos y vecinas de Belén se manifestaron durante una sesión del Consejo Municipal contra un aumento en la tarifa hídrica que impulsa la alcaldía. En este cantón la municipalidad administra el acueducto local y tiene nueve años sin actualizar el precio, ahora pretende aplicar de un solo golpe el ajuste acumulado, lo que implica un aumento del 64%. Estimaciones del propio gobierno local muestran que una familia con un consumo de 35 metros cúbicos mensuales pasará de pagar ₵5.000 a ₵12.160.

Diferentes denuncias reclaman que existe una discordancia entre los datos entregados por la municipalidad a la Contraloría como justificación para el alza y los que contiene el estudio contratado al respecto.

Además, el acuerdo establece una recalificación de las tarifas de los sectores industriales y de condominios para que se equiparen con las que pagan los comercios y las casas, respectivamente. Esto implica un beneficio tarifario a los sectores productivos y más pudientes, diluyendo el peso de su consumo en las tarifas ordinarias y residenciales.

Otro aspecto regresivo es el premio por consumo. Las tarifas se establecen según rangos de consumo y, contradictoriamente, los mas altos tendrán costes más bajos, es decir, una recompensa hacia los sectores que más utilización hacen de este bien escaso. Esto en momentos en que el estrés de los mantos acuíferos del lugar, por el crecimiento urbanístico e industrial sin regulación, pone en duda la capacidad de abastecimiento en el mediano plazo.

Esto hace parte de las medidas de ajuste que todos los niveles del gobierno vienen aplicando contra los sectores populares, a costa de mantener y aumentar los privilegios para los sectores empresariales. Con la excusa de la “reactivación económica” simple y llanamente se atacan conquistas y se retrocede en derechos, es decir, se precariza cada vez más las condiciones de vida de los sectores trabajadores y populares.

En la misma línea, a nivel nacional debido a la aplicación de la regla fiscal el AyA viene reduciendo su presupuesto, lo que le limita para la atención de emergencias o el desarrollo de nuevos proyectos que garanticen la conservación del recurso y la accesibilidad para la población. Esta reducción es patente al considerar que el presupuesto aprobado para el 2021 fue de ₵284 mil millones y el de este año es por ₵258 mil millones. Además, se estima que unas 382 mil personas, principalmente en las zonas más alejadas, aun no tienen acceso al agua potable.