Recientemente en el país de aprobó una ley que legaliza y regula la producción de cannabis y cáñamo para usos medicinales e industriales, lo cual es un pequeño avance contra el prohibicionismo, pero, en su redacción se impusieron los criterios conservadores y mercantilistas, ya que, se cerró la posibilidad del autocultivo y su objetivo terminó siendo asegurarle un nuevo mercado de ganancias millonarias a grandes empresas.

Las políticas prohibicionistas y represivas del Estado costarricense y el sistema judicial hacia el cultivo y consumo de cannabis han demostrado ser un fracaso. Con esta posición se persigue y encarcela a los sectores populares que lo utilizan, mientras que no se combate al narcotráfico y, por el contrario, debido a su ilegalidad, les aseguran un mercado a las organizaciones criminales.

De esto dan cuentas los datos carcelarios. En el 2020 el 54,5% de la población penitenciaria en atención institucional cumplía penas por delitos contra la propiedad y contra la ley de psicotrópicos, el 53,5% corresponde a personas entre 18 y 34 años y el 85,5% tiene secundaria incompleta o un nivel educativo inferior.

En aras del respeto a la autonomía personal, el derecho al desarrollo libre de la personalidad y la seguridad y salud pública es necesario avanzar en la discusión para la regulación del uso recreativo del cannabis y las sustancias psicoactivas. Por lo que es importante impulsar el autocultivo o los cultivos responsables y asegurar su uso sin riesgos. Para esto hay que eliminar las absurdas y obsoletas políticas prohibicionistas y así evitar el sangriento mercado ilícito de los carteles y la adulteración del producto con fines comerciales. Además, es necesario un proceso de educación para eliminar la estigmatización hacia las personas consumidoras y abordar los problemas de drogadicción como un asunto de salud pública y no penal.