El miércoles se movilizó en Lima y diversas ciudades peruanas con el propósito de exigir el adelanto de las elecciones y la renuncia de la presidenta de facto Dina Boluarte. La represión fue la única respuesta del gobierno, dejando como saldo al menos 11 personas heridas y seis detenidos.

El Ministerio de Salud declaró que, durante las manifestaciones en el centro de Lima, se brindaron 11 atenciones médicas, cuatro de las cuales se realizaron en el lugar a través de las brigadas de salud. Además, tres personas fueron evacuadas al Hospital Nacional Dos de Mayo y dadas de alta, mientras que otras cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Nacional Arzobispo Loayza para recibir atención médica debido a posibles fracturas de cúbito y radio, traumatismos y otras lesiones. Estos datos deben tomarse como de quien vienen, el Estado represor de Perú: es de esperar que los números reales sean mucho peores.

La movilización central se llevó a cabo en Lima, dos periodistas locales resultaron heridos: uno debido a perdigones disparados por la Policía y otro por el impacto de una piedra en la cabeza.

En respuesta a los informes de violencia policial, el Ministro de Interior afirmó que los policías «no utilizan perdigones» y sugirió que las lesiones a los periodistas se produjeron debido a su «intervención en el trabajo de las fuerzas de seguridad». Imágenes compartidas por medios peruanos muestran a los efectivos de la Policía Nacional disparando material antidisturbios directamente hacia los manifestantes.

La movilización fue impulsada por la Central General de los Trabajadores del Perú (CGTP), partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Los manifestantes expresaron su demanda de adelanto de elecciones y su rechazo a la permanencia en el poder tanto de Dina Boluarte como del Congreso.

Un gobierno golpista que permanece impune

Entre las consignas de los manifestantes también destacaron sus reclamos por justicia ante la represión ocurrida entre diciembre y febrero pasados, cuando medio centenar de personas perdieron la vida tras las protestas populares contra el golpe a Pedro Castillo. Asimismo, hubo carteles que pedían la liberación de Castillo, quien actualmente cumple 36 semanas de prisión tras el golpe de Estado en su contra.

Boluarte acordó con la derecha del Congreso que ambas partes permanecerían en sus cargos hasta el final de sus mandatos, en julio de 2026.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó que una veintena de las 50 personas que murieron durante las protestas fallecieron por impactos de bala. A raíz de estos acontecimientos, la Fiscalía abrió una investigación a Boluarte por delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves». Sin embargo, Boluarte cuenta con inmunidad hasta el final de su mandato.

El Gobierno de Boluarte y el Legislativo han alcanzado niveles de desaprobación ciudadana cercanos al 80% y 90%, respectivamente, según diversos sondeos. A pesar de esto, la derecha elitista y racista peruana no parece dispuesta a retroceder, sino a imponer su gobierno por la fuerza.