Son días extremadamente convulsionados en Israel. Este lunes el parlamento aprobó una de las principales cláusulas que componen la polémica reforma judicial que impulsa el gobierno de Benjamín Netanyahu.

La aprobación del artículo se dio en paralelo a masivas protestas que se desarrollaban en el exterior del recinto, que fueron duramente reprimidas por la policía. En realidad, las protestas contra la reforma vienen desde enero de este año, cuando el gobierno recién asumido anunció que pensaba impulsar la medida.

Globalmente, lo que busca la reforma es ampliar notoriamente las capacidades del poder Ejecutivo, evitando los controles y posibles restricciones de sus medidas por parte del Poder Judicial. Este lunes el gobierno dio un paso importante para lograrlo, aprobando la llamada «cláusula de razonabilidad», que impide que el Tribunal Supremo prohíba medidas del ejecutivo que considere «irrazonables» en función de la legislación base del país. Cabe recordar que Israel es un país sin Constitución, que se guía en función de una serie de leyes elementales aprobadas tras la fundación del país.

La reforma ha encontrado un enorme repudio social, que ve en la medida el intento por girar hacia un régimen político más autoritario. La lectura no es caprichosa, sino que se desprende del hecho de que el actual gobierno de Netanyahu está conformado por una alianza entre la derecha tradicional del Likud con la ultraderecha, el ultranacionalismo y fundamentalismo religioso. De hecho, el líder ultranacionalista Itamar Ben Gvir, quien también es Ministro de Seguridad Nacional, declaró que la aprobación del artículo es «sólo el comienzo».

Aunque aparezca a primera vista como una disputa con el poder judicial, lo que se esconde detrás es la intención de la ultraderecha de ir hacia un régimen más autoritario para poder atacar las condiciones de vida de la clase trabajadora y, fundamentalmente, avanzar en el proyecto de colonización y limpieza étnica en Palestina.

Pero la reacción ha sido contundente. Este martes los hospitales del país amanecieron paralizados, sólo atendiendo urgencias, ante un masivo paro convocado por el sindicato de médicos. Al mediodía, el Ministerio de Trabajo ordenó levantar la protesta.

La central sindical a nivel nacional, la Histradut, consideró esta mañana «la posibilidad de llamar a una huelga general si el gobierno no retira la reforma».

En el ejército fueron más de 10.000 los reservistas que solicitaron formalmente dejar de pertenecer a la fuerza, como método de protesta. Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) lanzaron acciones disciplinarias contra los «rebeldes», que van desde multas hasta días de cárcel. Recordemos que Israel es un país con servicio militar obligatorio y donde las FF.AA. tienen un protagonismo político enorme debido a su constante política de colonización y agresión al pueblo palestino.

En una concurrida autopista de Tel Aviv llamado Ayalón, un grupo de artistas colgó pancartas de más de ocho metros con dibujos de puños cerrados y mensajes contra la reforma. Esa autopista está siendo cortada cada sábado desde enero por sectores jóvenes y estudiantiles, en rechazo a la reforma.

«Democracia» es terminar con el genocidio palestino

La oposición a Netanyahu ha salido a denunciar que esta reforma constituye un «ataque a la democracia» y de que se está «rompiendo el estado judío que tenemos», según consideró el líder de la oposición Yair Lapid.

En realidad, la ultraderecha y las avanzadas antidemocráticas sólo pueden concebirse en el marco de la política genocida de Israel frente al pueblo palestino, algo que ningún sector burgués de la política israelí cuestiona.

Es lógico que la clase dominante israelí busque avanzar hacia regímenes más autoritarios teniendo en cuenta que una parte fundamental de su programa es avanzar definitivamente con la anexión de Gaza y Cisjordania, lo que en concreto significaría desatar una guerra literalmente de exterminio del pueblo palestino, algo que está en el programa de la ultraderecha nacionalista que está hoy en el gobierno.

Por eso, ningún reclamo progresivo al interior de la política interna israelí puede haber abstracción de que el Estado sionista como tal es un Estado colonial y genocida, y que cualquier lucha en un sentido de defensa de los derechos democráticos y de las conquistas sociales debe comenzar por la elemental exigencia de ponerle fin al genocidio contra los palestinos.