El candidato a presidente de Ecuador por el partido Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, fue asesinado de varios disparos este miércoles, cuando salía de un acto en una escuela al norte de Quito.

Villavicencio había sido legislador en la Asamblea Nacional hasta su reciente disolución, luego de que se aprobara la «muerte cruzada» para la cual Villavicencio dio el voto definitivo.

El brutal asesinato corona una grave escalada de violencia en el país que este año ya se había manifestado en otros dos asesinatos políticos, contra el alcalde de Manta hace pocas semanas y contra otro candidato a alcalde a la ciudad de Puerto López, el mismo día de las elecciones municipales en el mes de febrero.

La ola de violencia fue in crescendo con el inicio de la campaña electoral hasta llegar a la conmoción nacional por el asesinato de Villavicencio, a menos de dos semanas de los comicios que se llevarán adelante el 20 de agosto.

Aunque no hay claridad sobre los responsables de estos crímenes, todo parece indicar estar relacionados con el negocio del narcotráfico y el crimen organizado, estrechamente entrelazado con el poder político ecuatoriano.

Pocos días antes de su asesinato, Villavicencio había denunciado a «Fito», uno de los líderes del grupo narco Los Choneros, y afirmó haber recibido amenazas por ello. Los Choneros es una de las más importantes organizaciones criminales del país surgida en la localidad portuaria de Manta (donde el alcalde fue asesinado semanas atrás), con vínculos internacionales con el poderosísimo cártel de Sinaloa. En las semanas anteriores había centrado su campaña con un perfil «anticorrupción» e incluso había denunciado la complicidad de la policía con el crimen organizado. Una de sus propuestas de campaña era «depurar» a las fuerzas policiales como una de las primeras medidas en caso de llegar al poder.

Una de las personas que disparó contra Villavicencio fue asesinado por la custodia del candidato, y hay otros seis detenidos, todos de nacionalidad colombiana, que se presume también ligados a grupos narco.

Villavicencio, en los últimos tiempos, había dado señales de acercamiento al actual presidente Guillermo Lasso. En la comisión parlamentaria que lleva adelante el juicio político contra Lasso, Villavicencio fue uno de los pocos legisladores que habló favorablemente del actual mandatario.

De la mano de un brutal ajuste económico pautado por el FMI, la presidencia de Lasso se desmoronó rápidamente, con altísimos niveles de impopularidad. Durante sus dos años en el poder, la violencia ligada al narco y al crimen organizado avanzó significativamente.

Ahora Lasso aprovecha la ola de violencia para instalar un clima más represivo. Tras el asesinato de Villavicencio, el gobierno decretó el estado de excepción en todo el país por 60 días, lo que en concreto significa que sacar a los militares a las calles y suspender garantías democráticas constitucionales como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio.

En manos de Lasso y de los demás candidatos del sistema, esta escalada represiva será aprovechada para hacer pasar con más ferocidad el ajuste que exige el FMI, mientras la violencia y el negocio narco continuará con sus alianzas con el poder político y empresarial.