Cuando la Argentina como país burgués estaba en plena formación, figuras determinantes de la conformación del país, con una visión liberal pero moderna del mundo capitalista en expansión, establecieron como uno de los pilares fundamentales del país que se fundaba el de la educación universal, pública y gratuita. Más de un siglo después, el capitalismo neoliberal y decadente nos conduce de la modernidad a la distopía: lo que ofrecen sus mayores defensores es que hasta la educación se convierta en un negocio, integrándola a los mecanismos de mercado, sacándola del ámbito de un derecho humano elemental.

Uno de quienes postulan esta perspectiva es Javier Milei, quien tiene serias chances de convertirse en el próximo presidente del país luego del resultado que arrojaron las PASO del pasado 13 de agosto. Si discutir sus «propuestas» hace unos años podía ser una extravagancia, la situación política de grave crisis lo ha convertido en una necesidad. Y una de las más escandalosas es la reforma del sistema educativo basado en «vouchers», un sistema de privatización y segregación educativa que la transforman de lleno en un negocio, cercenando el derecho a la educación de millones.

Ya es bien conocido los argumentos en los que se apoya la propuesta. No vale la pena detenernos demasiado en ellos porque son bastante simples. La idea es básicamente la que sigue: el Estado debe dejar de financiar la oferta educativa (es decir, a las escuelas y al sistema educativo como un todo) para pasar a financiar la demanda (en este caso, los padres de los alumnos que buscan una escuela para sus hijos e hijas).

Según la teoría liberal, también aquí las maravillas a la que conduce la armonía universal preestablecida de la oferta y la demanda conducirían a una mejora en la calidad de la educación, ya que, cual empresas en el mercado, las escuelas que ofrezcan «mejores» contenidos serían las más demandadas y por lo tanto más financiadas. Las «peores» escuelas deberán esforzarse por mejorar para poder atraer más «clientes», o desaparecerán.

En la actualidad, según los defensores de esta propuesta, el sistema de «financiamiento de la oferta» no ofrece «incentivos» para una buena calidad educativa, ya que el financiamiento estatal está garantizado de antemano, independientemente de la calidad de los contenidos, capacitación docente, infraestructura, etc.

Por supuesto, está claro que estos «argumentos» son de muy bajo nivel en la medida en que de entrada dan por hecho que conceptos como oferta, demanda, competencia, incentivos, etc. son adecuados para hablar de la cuestión educativa, lo que subrepticiamente considera a la educación como un servicio susceptible de comprarse y venderse, y no como un derecho.

La realidad es que tanto las «escuelas voucher» que propone Milei conducen hacia un desastre social y un absurdo educativo: la educación voucherizada profundiza la desigualdad en vez de reducirla, produce una segregación social entre escuelas de ricos y escuelas de pobres, daña gravemente las condiciones laborales de los docentes, introduce un sistema de premios y castigos que resulta en una pedagogía productivista basada en resultados, e inserta a la educación en todo un entramado de negociados de empresas con el Estado.

Estas consecuencias se desprenden no sólo de un análisis conceptual, sino también empírico. Aunque no hay muchos ejemplos de países que hayan adoptado este sistema, contamos con la experiencia de Suecia y de Chile, donde todos estos resultados se han revelado como inevitables en una educación basada en vouchers.

Segregación

Como decíamos al principio, el origen de los sistemas educativos modernos públicos y centralizados tenía un eje ordenador: garantizar un piso mínimo de «igualdad de oportunidades» que, aunque entendido de manera liberal, representó una socialización del conocimiento infinitamente más progresiva que la aristocrática educación heredada de las sociedades precapitalistas como el feudalismo, donde la educación era un privilegio reservado para la nobleza.

La educación voucherizada ataca este principio elemental del sistema educativo moderno y conduce hacia el sinsentido de una educación que promueve la desigualdad. Lo que produce es una segregación social entre escuelas de ricos, muy «demandadas» y por lo tanto con alto financiamiento, y escuelas de pobres desfinanciadas y con peores condiciones.

Las escuelas con mejor rendimiento y mejores recursos pueden seleccionar a sus alumnos entre aquellos que estén dispuestos a pagar aranceles altos y obteniendo así más financiamiento, expulsando así hacia los sectores socioeconómicamente más postergados hacia una educación pública cada vez más desfinanciada. Es un circulo vicioso que beneficia a los que ya de entrada se encuentran en una situación más ventajosa, y perjudica a los sectores más vulnerables. Exactamente a la inversa de lo que debería suceder.

Es lo que ocurrió en Chile, donde la introducción del sistema de vouchers durante la dictadura de Augusto Pinochet produjo un desplome en el financiamiento de la educación pública, generando el cierre de cientos de escuelas y que cada vez más familias se vean obligadas a tener que pagar una educación privada. Es llamativo como el efecto es el contrario al que se proponía: mientras los defensores de los vouchers sostienen que este sistema le da a las familias la «libertad» de elegir la escuela para sus hijos, en realidad lo que ocurre es que son empujados forzosamente hacia la educación privada.

La consecuencia de esta privatización de la educación es obvia: si se reduce drásticamente la oferta de educación gratuita, cada vez más familias no podrán pagar una privada y quedarán fuera del sistema. O bien puedan pagar alguna versión «barata», de menor calidad, instalando una segregación social entre escuelas para ricos y escuelas para pobres.

La UNESCO denunció esta situación en el caso chileno. En un informe de 2016, consideró que «el sistema de vouchers ha intensificado la segregación socioeconómica en la educación, lo que ha tenido un impacto significativo en la calidad de la educación y en el rendimiento académico de los estudiantes más pobres». En el mismo documento se habla de una «creciente polarización social». En 2004, luego de dos décadas de sistema de vouchers, la OCDE ya había calificado a la educación chilena como la más desigual del mundo.

La segregación no es sólo económica, sino también social-demográfica. Esto se ve claramente en el caso de Suecia, donde el sistema de vouchers fue introducido en los años ’90 y, obviamente, condujo a una mayor privatización educativa. Con la llegada de enormes contingentes de inmigrantes y refugiados al país, el sistema de vouchers redundó en una grave segregación social, con escuelas donde asisten exclusivamente inmigrantes de bajos recursos (que obviamente no pueden permitirse una escuela privada) y escuelas para nativos suecos, mejor financiadas. Así lo revela un informe de la OCDE que alerta de una cada vez menor inclusión en el sistema educativo sueco.

Desfinanciamiento

Los defensores de los vouchers sostienen que se trata de un redireccionamiento más eficiente de los recursos del Estado destinados a educación, y no de un desfinanciamiento. En realidad, este desfinanciamiento es una de las consecuencias más evidentes. Como decíamos recién, el sistema de vouchers conduce a un aumento de la educación privada en perjuicio de la pública y gratuita, que termina gravemente desfinanciada.

Lo que produce el sistema de vouchers es finalmente una especie de profecía autocumplida: el Estado prioriza subvencionar a las escuelas más ricas (que obtienen mejores resultados en las pruebas estandarizadas, seleccionan alumnos que provienen de familias con mayor nivel educativo y económico, etc.) quitándole el financiamiento a las públicas, que obviamente terminan dando peores «resultados». Esto produce un círculo vicioso en el que la calidad de la educación pública se ve deteriorada por el desfinanciamiento del propio Estado.

Docentes precarizados

La creciente privatización y la descentralización de la educación implica la eliminación del estatuto docente, ya que cada escuela, cual empresa, tendrá el derecho de ofrecer las condiciones laborales y los salarios que le parezca.

El régimen laboral docente se verá gravemente afectado, redundando en una creciente precarización laboral. A pesar de años de ajuste y bajos salarios, el trabajo docente en nuestro país contiene una importante cantidad de derechos que los trabajadores de la educación conquistaron con años de lucha. La voucherización de la educación también pretende cargarse esos derechos laborales.

Por supuesto, esto no es sólo un problema para los docentes, sino que está íntimamente ligado a la calidad educativa. Evidentemente, un docente bajos peores condiciones laborales y menor estabilidad implica un cercenamiento de la calidad de la enseñanza, y por lo tanto también del aprendizaje de los estudiantes.

En Chile, datos del Ministerio de Educación indican que los docentes de escuelas privadas que operan con vouchers ganan en promedio un 44% menos que los docentes de escuelas públicas. Como es obvio, los docentes de escuelas privadas tienen menos capacidad de organización sindical por la presión que ejercen las empresas, así como menos protección para realizar huelgas y otras acciones de lucha.

Pedagogía productivista de baja calidad

Este combo de desfinanciamiento, segregación y precarización laboral docente no puede redundar sino en una educación de mucha peor calidad para las grandes mayorías, con las mejores escuelas reservadas para los sectores más ricos.

Pero la cuestión de la calidad educativa no tiene que ver solamente con el acceso y las condiciones, sino también con los efectos sobre la práctica pedagógica efectiva que se promueve. En los hechos, el sistema de vouchers instala una pedagogía «productivista», basada en resultados, donde las escuelas presionan por mostrar buenos resultados para mantener o incrementar la demanda de alumnos y así un mayor financiamiento, pero sin que esos «resultados» signifiquen necesariamente una mejor educación.

En primer lugar, hay un problema conceptual de primer orden: quien define el cumplimiento de los objetivos educativos ya no es el Estado, sino las familias -que no necesariamente están capacitadas para eso- «castigando» o «beneficiando» a las escuelas según su «libertad» de elegir una u otra. Por supuesto, es evidente que este sistema no garantiza premiar la mejor calidad. Más allá de que una escuela puede ser elegida por muchísimas razones que no necesariamente tiene que ver con la calidad educativa (por ejemplo la cercanía al hogar, la accesibilidad, etc.), en los países donde se implementaron vouchers las escuelas privadas registran en promedio calificaciones más altas de sus alumnos, pero dieron peores resultados en pruebas estandarizadas internacionales. Esto quiere decir simplemente que las escuelas privadas favorecieron calificaciones más altas sólo para mostrar mejores resultados y ofrecerle a sus potenciales clientes una supuesta garantía de buenos aprendizajes para sus hijos e hijas.

El período 2000 – 2012 coincide con una explosiva expansión del sistema de vouchers en Suecia. Lo significativo es que en ese plazo los resultados del país en las pruebas PISA arrojaron un desplome en sus resultados, como se ve en el gráfico, llegando a ser el país que más empeoró en términos relativos en todo el mundo.

Ahora bien, al mismo tiempo que el país obtenía pésimos resultados en las pruebas internacionales, el promedio nacional de calificaciones no paró de subir durante esos años, demostrando que las escuelas «dibujaban» sus resultados para obtener una mayor matrícula, pero en los hechos ofreciendo una pobre calidad educativa.

La situación no es muy distinta en Chile, donde además de la desigualdad no se registra un mejor nivel. Una encuesta realizada por la consultora chilena Andimark en 2020 reveló que el 77% de los chilenos cree que la calidad de la educación ha ido empeorando con los años, y el 84% considera que está injustamente distribuida. Asimismo, un estudio realizado por la Fundación Sol en 2019 encontró que el 80% de los estudiantes de escuelas privadas subvencionadas no alcanzan el nivel de aprendizaje adecuado en matemáticas y lenguaje, frente a un 55% de escuelas municipales públicas.

Especulación, negociado y endeudamiento

Por último, el sistema de vouchers redunda en la integración del sistema educativo a un entramado de negociados de grandes empresarios que reciben cifras millonarias del Estado, sin garantizar realmente el derecho a la educación universal y de calidad, por las razones que vimos recién.

En Chile, según datos del Consejo Nacional de Educación chileno, en 2019 las 10 empresas educativas más grandes del país recibieron un total de 182.000 millones de pesos chilenos (equivalentes a unos 240 millones de dólares) en subvenciones estatales.

En Suecia la situación es aun más escandalosa, con empresas dueñas de decenas de instituciones educativas que cotizan en bolsa, y que reparten «dividendos» a sus accionistas a partir del dinero que les otorga el Estado en forma de subvenciones, lo que además introduce un componente especulativo que refuerza y agrava todos los problemas mencionados, sobre todo la presión por una cada vez mayor «productividad» reflejada en matrícula y calificaciones, como cualquier otra empresa que tiene que mostrar buenos números ante sus accionistas. Nada de esto tiene que ver con garantizar el derecho a la educación, como es evidente, sino sólo con maximizar la ganancia capitalista.

La contracara de convertir la educación en un negociado es que las familias tienen que endeudarse enormemente para poder enviar a sus hijos a la escuela. Las familias tienen que sacar créditos bancarios, que estarán pagando durante muchos años, lo que significa un fenomenal negocio para la banca privada, que otorga créditos que por estar destinados a la educación están garantizados por el Estado, por lo que en caso de morosidad los bancos nunca pierden.

En Chile, se estima que unas 700.000 personas tienen deudas educativas, según Recaredo Gálvez, especialista en educación de la Fundación Sol.