A pesar de la nacionalización parcial de YPF en 2012, el sistema de distribución mantiene el esquema privatizado heredado del menemismo que se entrecruza con la aguda crisis de escasez de divisas que atraviesa el país. Un cóctel que en un sistema ordenado para las ganancias empresarias, con un Estado apenas «regulador» de precios, ha producido la más grave falta de combustible de los últimos años.

Es llamativa esta escasez en un país que produce suficiente petróleo como para abastecerse de combustible y además quedarse con un saldo exportador, y que además tiene capacidad de refinación para el autoabastecimiento de nafta para el mercado interno (no así de gasoil). Sin embargo, el problema se entiende mejor si se ubica la actual crisis de escasez de dólares en el marco más general de un esquema dominado por la lógica de la privatización.

Porque aunque YPF sea la principal empresa de producción de petróleo en el país (37% del total) y la de mayor capacidad de refinación (56%), los números en rojo de las reservas del Banco Central han comenzado a afectar también a la petrolera estatal.

Sucede que, por razones técnicas, cada cierto tiempo las plantas refinadoras deben parar sus actividades para realizar tareas de mantenimiento, momento en el cual recurren a la importación de combustible para suplir el parate de producción y evitar el desabastecimiento. El problema es que en los últimos meses el Banco Central también restringió el acceso a dólares para las compañías controladas por el Estado como YPF, lo que obstaculizó el acceso a buques de combustible provenientes de importación.

Pero esta dificultad «técnica», agravada por la crisis de divisas, es sólo la punta del iceberg del problema. La cuestión de fondo es que la nacionalización parcial de YPF no transformó la matriz energética privatizada herencia en lo fundamental del menemismo: tan sólo puso a las grandes empresas privadas a «competir» con YPF, cuyos precios subsidiados fuerzan a las demás compañías a no vender a precio internacional, lo que produciría una disparada inmensa del precio al consumidor, insostenible desde todo punto de vista teniendo en cuenta los ingresos medios en Argentina.

La nacionalización del 51% de YPF produjo una mayor capacidad de intervención estatal en el mercado del petróleo y el combustible, al tratarse de la principal compañía del sector en el país. Pero no se cambió de manera estructural el esquema ordenado en función de las ganancias de estas grandes empresas, entre las que se encuentran grandes multinacionales muy poderosas como Chevron y Shell.

De hecho, el sistema de distribución sigue siendo el sistema mixto en donde una compañía estatal (YPF) compite con otras privadas, manteniendo así el imperio de la rentabilidad, a pesar de la presencia de algunas regulaciones.

Por otro lado, las empresas privadas ponen el grito en el cielo por un tipo de cambio que no les favorece, presionando o bien por una devaluación o bien por una disparada de los precios locales. En realidad, técnicamente el precio de los combustibles no está regulado en el país, por lo que las empresas pueden vender al precio que quieran, pero el barril subsidiado que produce YPF funciona como «ancla» para que los precios locales no se disparen a los niveles internacionales.

Claro que las privadas -en su mayoría multinacionales- podrían usar sus propios dólares y no los del Banco Central para financiar las importaciones que requieran pero, obviamente, no lo van a hacer si los números no les cierran: importar implica comprar combustible «caro» a precio internacional y venderlo más barato en el mercado interno.

Esto produce un fuerte componente especulativo heredado directamente de la lógica de la ganancia que impera en un sector que es elemental para el funcionamiento de todo el resto de la economía. Hasta ahora, la capacidad de YPF contrarrestaba esta tendencia, pero la escasez de dólares del país que empieza a afectar también a la petrolera estatal produjo un cuello de botella que redunda en la ausencia de combustible que estamos viendo estos días en los surtidores.

Frente a estas razones técnicas y económicas, el coletazo final que derivó en la actual escasez vino de la política. Las empresas -así como todo el establishment económico- daban por descontado una nueva devaluación luego de las elecciones como había sucedido en las PASO, en la medida en que todo el mundo esperaba un triunfo de Javier Milei, con o sin balotaje. Pero el triunfo de Massa -y la puesta en el freezer del proyecto dolarizador, al menos por ahora- cortó de cuajo por el momento la espiral especulativa en la que venía moviéndose el dólar ‘blue’ y financiero, que venían presionando fuertemente la cotización oficial en la previa a los comicios.

El ‘lunes negro’ cambiario que muchos esperaban -y con el que especulaban- finalmente no fue. Las empresas esperaban que un salto fuerte en el dólar les permita aumentar también de golpe sus precios. Es cierto que YPF aumentó las naftas el lunes post electoral, pero lo hizo a un valor del 3%, que es mucho menos que la inflación y de lo que especulaban las demás empresas. A los pocos días comenzó la escasez.

Frente a esta incipiente crisis, Massa por su parte aprovecha para mostrarse «firme contra los poderosos» en plena campaña electoral y advirtió a las empresas que si no regularizaban rápidamente la situación, se cerraban las exportaciones. La declaración fue para las cámaras porque luego, tras bambalinas, la Secretaría de Energía a cargo de su ministerio ya le había prometido a las empresas en una reunión que habilitaría los dólares para la importación de 10 buques petroleros que supuestamente estarían llegando en los próximos días. Si esto sucede, la situación se regularizaría al menos en el corto plazo, pero el problema estructural quedaría irresuelto, como todo lo que está en manos de los gobiernos capitalistas en nuestro país.

Por lo tanto, si bien es cierto que el componente especulativo de las empresas está jugando su papel en la actual crisis de desabastecimiento, el propio gobierno -y más a fondo, el Estado argentino- es el responsable de mantener una matriz donde impera la lógica privada de la ganancia en vez de las necesidades de la economía nacional, a pesar de la capacidad de intervención que pueda tener YPF, que por supuesto no es ajena a la crisis estructural que atraviesa el país.

Un componente económico tan elemental como la energía no debería estar subsumido a esta lógica empresarial, sino ser parte de una estructura de producción y distribución de energía estatal única, que ponga en valor los recursos energéticos del país para el desarrollo social y económico y no para las ganancias de las grandes multinacionales.