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El gobierno sólo se preocupa por garantizar el resguardo de las grandes empresas, no de las personas estudiantes ni sus familias.
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Hay que luchar contra las pruebas FARO, una imposición mercantilista de la OCDE.
Sthefanny Zúñiga
Educación para el mercado
Con toda la construcción del modelo neoliberal en Costa Rica (un modelo en el cual se busca desmantelar el Estado para ponerlo al servicio de la producción capitalista y el mercado), así como la profundización del mismo cuando se aprobó del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (USA), se avanzó también con un modelo educativo para el mercado en todos los niveles.
De forma general los TLC, particularmente el firmado con USA, imponen ciertos criterios para el modelo educativo; “facilitan la penetración del capital transnacional en aquellos espacios anteriormente estatales -aunque ya venían siendo cada vez más espacios de acción del capital privado” (1). También a un nivel educativo se impulsa la estandarización en la educación (someterla a las directrices de los países más ricos, ya que estos son los modelos a seguir).
Una de las características que permitió esta avanzada en la educación fue el retroceso del movimiento estudiantil quién, junto al resto de movimientos sociales, se vio fuertemente golpeado con el fraude del referéndum del TLC. Este movimiento se repuso y se mantuvo combativo por algunos años hasta la llegada de los gobiernos “progresistas” a eso del 2014 con Luis Guillermo Solís, lo que permitió una avanzada de los sectores neoliberales.
Otra reforma neoliberal fue la entrada a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) el “club de los países ricos”, que consiste en la imposición de modelos económicos, educativos, etc de los países verdaderamente ricos sobre los latinoamericanos o del “Sur Global”. Forman parte de este grupo: Estados Unidos, Alemania, México, Chile, Colombia, entre otros.
La OCDE también, a pesar del discurso romántico que le rodea, es un mecanismo para afianzar que el Estado funcione según lo necesite el mercado (que se trata de grandes empresas y capitalistas, muchas transnacionales).
Por ejemplo, para entrar a tan selecto club (cuestión que se concretó este año) Costa Rica tiene que “cumplir” con ciertos “parámetros deseables” lo cual implica hacer reformas a nivel judicial, económico, educativo, etc. Por ejemplo, una de las reformas que “sugiere” este organismo son las pruebas de Fortalecimiento de los Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO).
Estos son los elementos más globales que configuran el viraje de la educación costarricense hacia una salida mercantil y con una pérdida del pensamiento crítico mientras sólo se propician habilidades y conocimientos para trabajar.
Brecha digital
Con el viraje a la virtualidad por la pandemia, quedó muy expuesta una de las mayores desigualdades educativas del país: la brecha entre el sector público y privado, ya no sólo en lo referido a los contenidos, también en el acceso a las lecciones. Pues 425 mil personas estudiantes se quedaron por fuera de las clases virtuales en el sector público.
Esto deja en evidencia la desidia del Estado que se ha negado a resolver los problemas estructurales de los sectores empobrecidos. Por el contrario, se ha dedicado a resguardar las grandes riquezas de empresas a costas del derecho a la educación.
Según señala el Semanario Universidad actualmente existe un “fondo con más de ¢203 mil millones. No obstante, indicó en entrevista la verdiblanca Yorleni León —quien propuso el texto— el proyecto ha enfrentado fuerte oposición de las empresas, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y Fonatel” (2). O sea, el país cuenta con la capacidad suficiente para asegurar la conectividad de cada estudiante, sin embargo, para no intervenir con “la libre competencia” debe quedarse sin hacer nada ¡Un retrato del Estado neoliberal!
A esto se le suman todas las otras repercusiones de la pandemia, como el desempleo, la precariedad, etc, las cuales afectan en mayor medida a las familias más pobres y que, de una u otra forma repercuten en el proceso de aprendizaje.
Un ejemplo más reciente de esto fue la suspensión del ciclo lectivo (una disposición arbitraria del MEP) que nuevamente deja por fuera a los hogares empobrecidos, por ejemplo aquellos jefeados por mujeres, los cuales ahora deben hacer malabares para cumplir con el cuido y trabajar, ya que para el gobierno son nadie.
Así, todas estas medidas que aplica el MEP y el gobierno no están para velar ni por la educación ni por las personas estudiantes, velan por los intereses de los grandes empresarios (cómo Claro o Movistar) y no les importa agigantar aún más la brecha entre los colegios públicos y privados.
Pruebas estandarizadas y FARO
Tal como se mencionó antes, las pruebas FARO son una exigencia de la OCDE. En el informe sobre las políticas nacionales de educación en el apartado 4.2 referido a reformar planes de estudio y evaluaciones, se lee la “recomendación” para reformar bachillerato:
“Para lograr un enfoque más inclusivo, el requisito de que los estudiantes deben de aprobar todas las materias para un título de bachiller debe abolirse en favor de uno que reconozca los logros en materias individuales, de manera que aquellos que hayan pasado el examen de bachillerato en algunas materias reciban el reconocimiento. Este enfoque creará además espacio para la especialización técnica en el plan de estudios de colegios vocacionales de educación diversificada. Se podría considerar una calificación de riesgo.” (3)
Muy a pesar de las bondades que dicen las autoridades sobre estas nuevas pruebas, hay un punto en el cual no se diferencian respecto a las de bachillerato, se trata de su carácter de estandarizadas ¿Qué quiere decir esto? Que son exámenes que se aplican igual en todo el territorio nacional, ignorando por completo las desigualdades particulares de cada zona y que sólo sirven para evaluar las habilidades generales que ocupan los capitalistas nacionales.
Lo cual también lleva a la exclusión de muchas personas del modelo de educación, ya que, al igual que pasaba con bachillerato (que era un cuello de botella para separar a la mano de obra calificada de la que no) las pruebas FARO también apuestan por lo mismo: seleccionar a las personas “más capacitadas” para que sigan avanzando en la pirámide social, por ejemplo, ingresando a la universidad (que acá también podríamos criticar los exámenes de admisión universitarios) mientras el resto se conforma con trabajos hiper-precarizados.
Ante este panorama desde ¡Ya Basta! Secundarios se está posicionando está valiosa discusión en el movimiento estudiantil de secundaria, con la oposición a las pruebas FARO y el modelo de educación para el mercado. Luchamos por una educación para los sectores trabajadores y populares y no para los intereses de los capitalistas y el mercado.
Notas:
1. Oficina Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. (2006). “Impactos de los TLC en Educación”.
2. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/brecha-digital-entre-estudiantes-aumenta-ante-inaccion-politica/
