¿Qué posición frente al plebiscito constitucional en Chile?

Por un voto ultra crítico por el “Apruebo” sin apoyar el nuevo texto constitucional.

Por
Víctor Artavia
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El próximo 04 de setiembre se realizará el plebiscito constitucional en Chile, en el cual se definirá el futuro de la carta magna presentada por la Convención Constituyente. Se espera que 15 millones de personas concurran a las urnas –será el primer plebiscito con voto obligatorio desde 2012, lo que no necesariamente es algo democrático[1]-, y, de acuerdo al último sondeo de opinión permitido por las autoridades electorales (26 de agosto), el “Rechazo” encabeza las intenciones de voto con un 46% contra el 37% del “Apruebo”, mientras un 17% de personas están indecisas.

En este artículo analizaremos las causas que explican el retroceso del apoyo a la nueva carta magna y la posibilidad de la derrota del “Apruebo” en el plebiscito, algo insólito de pensar en enero cuando esta opción concentraba el 56% de intenciones de voto contra un 33% del rechazo. Asimismo, analizaremos algunos aspectos del contenido de la propuesta de Constitución y explicaremos los motivos tácticos de nuestro llamado a un voto ultra-crítico por su aprobación.

Una Convención mutilada, antidemocrática y no soberana

Para comprender a fondo el contexto del plebiscito, es necesario retrotraernos al origen del llamado proceso constitucional, es decir, al estallido de las movilizaciones en 2019 y el acuerdo a partir del cual se convocó a la Convención Constituyente.

Por su radicalización, amplio apoyo social y extensión territorial, la rebelión popular chilena puso en jaque al gobierno derechista de Sebastián Piñera, el cual pudo desmontar las protestas mediante el “Acuerdo por la paz” suscrito entre los partidos del régimen (incluida la firma de Boric, en ese entonces diputado por el Frente Amplio). Ese pacto representó una traición a la rebelión, pues evitó la caída del gobierno de Piñera -un escenario altamente probable para ese momento- y el consecuente colapso del régimen de los “treinta años”, dos elementos que, sin duda, hubiesen profundizado la radicalización de las movilizaciones.

Entre los acuerdos alcanzados se incluyó la convocatoria a una “Convención Constituyente”, una concesión de la burguesía ante el repudio popular del modelo de país desigual y autoritario heredado por la dictadura de Pinochet (1973-1990) y la demanda por una nueva Constitución. Pero dicha concesión vino con trampa, pues el proceso constituyente pactado fue sometido a un complejo y extenso calendario electoral, una medida antidemocrática para prolongar la desmovilización social y realizar los debates en “frío”, es decir, con las calles vacías.

Además, el organismo constitucional nació sin soberanía alguna, pues quedó sometido a la institucionalidad burguesa que siguió funcionando normalmente. Por ejemplo, mientras sesionaba se realizó la elección presidencial donde resultó electo Boric, pero estuvo cerca de ganar José Antonio Kast, un ultraderechista que encarna la negación de la rebelión popular y el proceso constituyente. Junto con eso, se le impuso un quórum de 2/3 para aprobar las reformas, con lo cual se le otorgó un enorme poder de veto a la minoría de constituyentes que representaba a los grandes empresarios chilenos.

En otras palabras, la convocatoria a la Constituyente fue una concesión inserta en una táctica de cooptación o desvío de la rebelión por la vía institucional, por lo cual fue encuadrada en los sofocantes límites del Estado burgués neoliberal y autoritario chileno. Quizás la muestra más simbólica de eso es que la discusión para construir un “nuevo” Chile garantizada por la rebelión popular, se realizó con los presos políticos detenidos durante las manifestaciones en las cárceles, ante lo cual la Convención fue incapaz de decretar su liberación.

Lo anterior, da cuentas del carácter mutilado con que surgió y funcionó el organismo constitucional, el cual quedó reducido a un espacio sin atributos de poder real y que estuvo bajo ataques constantes desde los partidos de derecha y la prensa burguesa durante todos estos años. De igual manera, explica los alcances restringidos y enormes límites políticos del proyecto de nueva Constitución emanada por la Convención.

Una Constitución burguesa, aunque con avances democráticos parciales

El proyecto de nueva Constitución no rompe con el capitalismo chileno; en realidad, tampoco cuestiona los elementos medulares del modelo de acumulación neoliberal y autoritario instaurado por la dictadura y los “Chicago Boys”.[2]

La muestra más elocuente de eso, es que la Convención Constitución rechazó nacionalizar las grandes empresas mineras de cobre y litio, las cuales acaparan la principal fuente de riqueza del país. De esta forma, la “renta minera” –eje del excedente nacional- seguirá en manos del sector privado, lo cual limitará el financiamiento e implementación de los derechos sociales estipulados en la nueva constitución. Por otra parte, el Senado –órgano legislativo profundamente conservador- no fue abolido, tan sólo fue rebautizado como “Cámara de Regiones” y se limitaron algunos de sus poderes actuales; algo similar acontecerá con el aparato represivo diseñado por el pinochetismo, pues se mantiene en pie la estructura de las Fuerzas Armada y el cuerpo de Carabineros, que, en adelante, se reconvertirá en una “policía civil”.

También, es sumamente problemático el contenido del artículo 78 de la nueva Constitución, donde se mantiene el derecho de propiedad privada sobre los grandes medios de producción y, además, se impone que, para los casos de eventuales expropiaciones por parte del Estado, será necesario cancelar previamente la indemnización antes de tomar posesión efectiva del bien (un elemento clásico de las expropiaciones burguesas). Además de ser abiertamente pro-capitalista, este artículo establece un enorme límite contra las recuperaciones de tierras por parte de los pueblos originarios –particularmente, de los mapuches en la Araucanía o Wallmapu-, pues eso implicaría cancelar sumas multimillonarias a los terratenientes y empresas forestales. Algo similar acontecería en caso de expropiarse las empresas mineras, pues el Estado sería incapaz siquiera de proyectar cancelar el monto de la indemnización.

De esa forma, la nueva Constitución legitima la expoliación de la riqueza nacional bajo la dictadura que, según algunas estimaciones, producto de la privatización de treinta empresas durante ese período, el Estado chileno perdió dos mil millones de dólares de la época (aproximadamente el 6% de PIB de esa época). Lo mismo aplica para el caso de eventuales expropiaciones de tierras, pues las empresas forestales –principales acaparadoras de las tierras mapuches- controlan tres millones de hectáreas, las cuales fueron apropiadas bajo la violencia que encubrió contra-reforma agraria pinochetista.[3]

Por otra parte, en la nueva Constitución hay algunas reformas significativas en cuanto a derechos sociales, lo cuales constituyen avances parciales subproducto de la rebelión popular. Entre esos figuran el respeto de la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva y a la huelga (Art. 47). Eso marca una ruptura con el “Plan Laboral” diseñado durante la dictadura y vigente hasta la actualidad. Otro avance democrático es la introducción del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (Art. 61), una conquista del movimiento de mujeres y su importante papel en las luchas sociales del país en la última década. También, se modificó la definición del Estado que, en adelante, se define como “social y democrático de derecho”, a la vez que “plurinacional, intercultural, regional y ecológico” (Art. 1).

Igualmente, se incluyeron avances en materia social, como la conformación de un Sistema Público de Seguridad Social; el fin de los llamados Derechos de Aprovechamiento de Agua, por medio de los cuales se facilitó el acaparamiento y usufructo del líquido vital por parte de grandes grupos capitalistas y terratenientes; el reconocimiento de los pueblos originarios y su derecho legítimo a la restitución de tierras (aunque ese punto tiene muchos matices, como veremos ahora); entre otros.

Sin perder de vista que esos avances en derechos democráticos y sociales no cuestionan el carácter burgués de la nueva Constitución, tampoco se puede desconocer que son conquistas parciales subproducto de la rebelión popular, las cuales hay que defender en la votación del plebiscito y, más importante aún, luchar para que no sean mutiladas como parte de los acuerdos entre el gobierno de Boric con los partidos de derecha para hacer más “potable” la nueva Constitución, así como para exigir su inmediata implementación.

El gobierno de Boric y la nueva Constitución

La elección de Gabriel Boric para la presidencia generó muchas expectativas de cambios, las cuales se extendieron hasta su toma de posesión en marzo anterior. Pero no pasó mucho tiempo para que el carácter social-liberal de su gobierno quedara al desnudo, debido a su intento de combinar algunas reformas de bajísima intensidad y, al mismo tiempo, no romper con el capitalismo neoliberal heredado por la dictadura. [4]

Aunque lleva menos de un año en el poder, el abordaje de los principales problemas nacionales refleja la naturaleza de su gestión. Por ejemplo, ante las protestas y exigencias del pueblo mapuche por recuperar sus tierras acaparadas por las grandes empresas forestales, el gobierno de “izquierda” militarizó la Araucanía para preservar la “seguridad pública” -medida que aplicó Piñera y que Boric criticó cuando era diputado de oposición-, demostrando que, en los hechos, no apoya la devolución de las tierras usurpadas a sus legítimos propietarios, para lo cual tendría que expropiar a la burguesía latifundaria.

Además, hace pocos días detuvo arbitrariamente al dirigente mapuche Héctor Llaitul, vocero y líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), el cual se ganó el desprecio de las empresas forestales y partidos de derecha por sus posiciones radicales contra la expoliación del Estado capitalista colonial y por reivindicar las acciones directas para la recuperación de tierras. La ministra del interior Izkia Siches –la cual no pudo entrar a territorio mapuche hace unos meses porque fue recibida a balazos-, justificó la detención con argumentos que en nada la diferencian de los políticos de derecha que la precedieron en el cargo: “El Estado de Derecho funciona y nadie está por sobre la ley”; un mensaje directo del gobierno para congraciarse con la exigencia de la derecha de poner “orden” en la Araucanía.

El abordaje del tema mapuche es sólo un ejemplo de los límites del programa social-liberal de Boric, el cual ni siquiera apuesta a superar los rasgos neoliberales y autoritarios del Estado heredado por la dictadura.  Debido a eso, el gobierno está cada vez más debilitado y su popularidad sufrió una caída estrepitosa, pues pasó del 56% de votos en la segunda ronda electoral en diciembre, a contar con un 38% de apoyo en la actualidad. Eso incide sobre el plebiscito, pues, aunque fuese de forma extremadamente distorsionada, el triunfo de la coalición “Apruebo Dignidad” fue una consecuencia de la rebelión popular y la crisis de los partidos históricos asociados al régimen de los “treinta años”, por lo que, el malestar acumulado contra el gobierno de “izquierda”, se asocia directamente con el proyecto de nueva Constitución.

Aunado a eso, durante todo el proceso constituyente, las fuerzas de la derecha presionaron para bloquear las reformas más radicales, ante lo cual los sectores afines a la coalición de gobierno cedieron una y otra vez, como parte de su política de concertación con los sectores burgueses por arriba (con el correlato de bloquear las movilizaciones por abajo).

A pesar de eso, Boric se encuentra inmerso en una terrible contradicción, pues, aunque hizo todo lo posible para ganarse la confianza de los sectores burgueses, los ataques desde la derecha no cesan, pues lo quieren llevar a una derrota en el plebiscito, convirtiéndolo en un “cadáver” sin ninguna iniciativa política hasta el final de su mandato, tiempo durante el cual estaría condenado a aplicar a fondo el plan de ajuste impuesto por la burguesía.

En razón de eso, el gobierno respondió de la forma que lo caracteriza: apelando a más negociaciones con los partidos moderados de la burguesía, comprometiéndose a “reformar” –léase mutilar los aspectos progresivos- la nueva Constitución en el Congreso. Para eso, el gobierno tiene una “carta” de negociación de peso, pues, en caso de ganar el Apruebo en el plebiscito, solamente regirán de inmediato las normas transitorias y artículos referidos a la organización formal del Estado -quórum legislativo, elecciones de autoridades, etc-, pero las que remiten al funcionamiento estatal –donde están muchas de las conquistas parciales y temas espinosos para la burguesía- requieren de la aprobación de unas sesenta “leyes habilitantes”, las cuales se estima que tardarán tres años en ser aprobadas mediante acuerdos parlamentarios (¡otro filtro que denota la carencia de soberanía de la falsa Constituyente!).

La táctica de mutilar la nueva carta magna ya fue prevista por otros partidos de la derecha, lo cual se refleja en el acuerdo del pasado 20 de junio del Senado, donde se aprobó la reducción de quórum para reformar la Constitución de 2/3 a 4/7, una medida que, según las declaraciones del senador de ultraderecha Rojo Edwards, aspiraba a “dar certeza, seguridad a los chilenos que queremos una nueva y buena Constitución y no la que ha propuesto la Convención Constitucional, que no dio el ancho, que no fue capaz de construir una casa para todos y que sigue dividiendo a los chilenos”.

Voto ultra-crítico por el Apruebo para retomar las banderas de la rebelión

Por todo lo anterior, las posibilidades de triunfo del “Apruebo” en el plebiscito son muy difíciles, tal como denotan las últimas encuestas oficiales (aunque fueron realizadas hace varias semanas, por lo cual no se puede descartar que las intenciones de voto muden). Aunque el proyecto de Nueva Constitución presentado a votación es bastante moderado con respecto a la radicalización y las demandas de la rebelión de 2019, su derrota podría redundar en una desmoralización de muchos sectores de la juventud y los sectores populares que protagonizaron las movilizaciones (aunque mantener la Constitución pinochetista no dejará de tener, seguramente, sus contradicciones).

Con relación al gobierno, indudablemente la derrota en el plebiscito lo sumiría en una crisis, con el agravante de que sería capitalizada por los sectores más reaccionarios de la derecha chilena. Por eso, Boric está desesperado por garantizar su aprobación con el expreso compromiso de desmontarla en los próximos años mediante negociaciones parlamentarias, para implementar una Constitución con reformas superficiales. En otras palabras, la campaña por el “Apruebo” del gobierno es para continuar con su política de conciliación de clases, aunque eso se realice a partir de traicionar –nuevamente- las reivindicaciones de cambios profundos desde los sectores explotados y oprimidos.

Por último, en caso de triunfar el Rechazo continuaría rigiendo la Constitución impuesta por la dictadura militar y, como apuntamos previamente, la crisis del gobierno de Boric fortalecería a la derecha reaccionaria y a la ultraderecha, las cuales ya demostraron su crecimiento en las últimas elecciones presidenciales.

Entonces, ¿qué hacer ante el plebiscito constitucional? La crisis orgánica del capitalismo chileno, expresada en una ruptura de los consensos que ordenaron la política del país en las cuatro décadas, no se va resolver por arte de magia el 4 de septiembre. Las mismas encuestas que apuntan la ventaja del Rechazo en el plebiscito, señalan, paradójicamente, que un 70% de la población quiere una nueva Constitución, porque la actual no va más. Eso lo saben sectores de los partidos burgueses, ante lo cual pretenden viabilizar el malestar aprobando una reforma constitucional en clave conservadora en el parlamento y en el Senado. Por eso, desde la izquierda revolucionaria es necesario apuntar una táctica que, sin ser funcional a la derecha reaccionaria y la ultraderecha (como sería llamar a la abstención o voto nulo, posición que, sin embargo, respetamos[5]), tiene que sostener una política independiente del “Apruebo” traidor del gobierno de Boric.

Desde la corriente internacional Socialismo o Barbarie (SoB) llamamos a un voto ultra-crítico por el Apruebo, pues tenemos profundas diferencias con el texto constitucional que, si bien contiene algunos avances democráticos parciales, también es cierto que preserva los pilares fundamentales del Estado burgués y el modelo de acumulación neoliberal delineados en la Constitución pinochetista de 1980. Y esto sin perder de vista, a la vez, los compromisos de Boric por vaciar el texto constitucional recortado, incluso si es aprobado.

En ese marco, nuestro voto ultra-crítico tiene un sentido táctico muy concreto: primero, no acumular fuerzas para el triunfo del “Rechazo”, el cual concentra a los sectores más reaccionarios de la burguesía y la derecha; segundo, explotar la contradicción derivada entre un eventual Apruebo y la intención del gobierno de Boric de cercenar los aspectos progresivos de la Constitución en acuerdo con los partidos de derecha en el parlamento y el Senado, algo que sería un punto de apoyo para retomar las movilizaciones populares.

Porque, en definitiva, no está para nada claro que el plebiscito constitucional, cualquiera sea su resultado, “resuelva” o defina en cierto modo el proceso político del país andino. La rebelión popular expresó demandas populares profundas y si bien es cierto que los mecanismos de cooptación vienen funcionando al 100%, por así decirlo, también es verdad que las contradicciones que genera cotidianamente el capitalismo chileno son brutales y llaman una y otra vez a la rebelión.

Sin embargo, creemos que la posición táctica del voto ultra crítico por el Apruebo es más correcta, no sólo porque evita confundir las cosas con la derecha, que defiende la Constitución pinochetista, sino porque, a la vez, de consagrarse el rechazo se privaría al activismo y a la vanguardia de una herramienta para demandar por sus derechos que, expresados en el texto constitucional, son limitados, es cierto, amén de que se consagra la continuidad del capitalismo, pero que pueden ser una palanca para exigir la aplicación de lo que sí figura (formalmente, a priori) en la misma, mientras se multiplica la pelea por una Asamblea Constituyente verdaderamente libre y soberana y una Constitución que plantee la abolición del capitalismo chileno[6].

Fuentes

[1] Más bien parece una maniobra para obligar a ir a votar a los sectores eventualmente más atrasados políticamente.

[2] A propósito de la rebelión chilena, el legado del pinochetismo y el proceso constituyente remitimos a nuestro artículo Chile: entre la rebelión popular, la Convención “mutilada” y la polarización electoral.

[3] Esos datos y algunos apuntes sobre los artículos de la nueva Constitución, los extrajimos de notas del Movimiento Internacional de los Trabajadores (sección chilena de la LIT), los cuales constan en las fuentes consultadas.

[4] Incluso, es posible definirlos como liberales-sociales, una inversión de los factores que denota la transformación del producto político, pues cada vez giran más hacia la derecha debido al poco margen de maniobra que tiene para realizar reformas y pactar con la gran burguesía al mismo tiempo, como sucedió a inicios del siglo cuando estaba en curso el boom de las commodities.

[5] La respetamos entre el activismo independiente aunque la consideramos equivocada. Es decir: no puede tomarse una posición del tipo “gracias, no fumo” cuando está en juego la posibilidad de que se reafirme la Constitución pinochetista.

[6] La posición del grupo hermano del PTS en Chile nos parece equivocada porque el planteo de la abstención pierde de vista, exactamente, lo que estamos señalando: a) olvida que un triunfo del rechazo mantendría a pie juntillas la Constitución pinochetista, b) olvida, también, que el nuevo texto constitucional, de aprobarse, aún con todas sus limitaciones, será una palanca para hacer valer derechos consagrado en él, lo que sería imposible en caso de ser rechazado. Derechos consagrados que si se conquistan podrían ser una palanca para desarrollar la movilización e ir más lejos de la forma burguesa del nuevo texto constitucional.

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