• Mientras el empresario acumula un gran capital en sociedades offshore, en el país tiene reiterados problemas de pago de cargas sociales e impuestos.

Johan Madriz

Los Papeles de Pandora alcanzaron a un reconocido político y empresario: Alfredo Volio Perez. Él es parte de una dinastía que durante varias generaciones han intervenido en los asuntos del país. Fue parte de la Junta Directiva del Banco Nacional (BNCR), la más grande entidad bancaria del país, durante 14 años. Financió y presidió la recolección de fondos para la campaña electoral del segundo mandato de Oscar Arias, administración en la que fue ministro de Economía y de Agricultura y Ganadería. En las elecciones de 2018 fue parte del equipo económico de Fabricio Alvarado.

En el ámbito privado, es un empresario de la piña y de hecho fue vicepresidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep). Abandonó sus cargos en el gobierno de Arias para dirigir la campaña a favor del TLC con Estados Unidos, acuerdo tras el cual las empresas del sector piñero se vieron beneficiadas por la entrada a ese mercado sin aranceles.

Su abuelo, Alfredo Volio Mata, fue vicepresidente, diputado y secretario de Agricultura. Por su parte, su padre, Alfredo Volio Escalante, también fue directivo del BNCR y apareció en los Papeles de Panamá por solicitarle en 2012 al bufete Mossack Fonseca que creara una empresa. “El propósito de esta sociedad panameña es el de que ingresen a ella montos por comisiones de negocios varios, de compra-venta de productos tales como carne, leche, azúcar, etc. Deseamos tener una protección fiscal, ya que en Costa Rica las cargas tributarias son muy pesadas”[1]. Aunque la sociedad nunca se constituyó, sus intenciones evasoras quedaron claras.

Regresando a Volio Perez, este compró la empresa piñera Upala Agrícola (UA) en 2008. Esta empresa exporta piña de la variedad dorada (de alta calidad) a Estados Unidos, Italia, España, Turquía y China. En 2017 estaba en el puesto número 12 de las empresas agroexportadoras más importantes del país y mantiene unas 2 mil hectáreas sembradas en Upala y cerca de mil personas trabajadoras.

Ese mismo año (2008) se constituyó en Panamá la empresa Upala Investments (UI) que pasaría a ser la propietaria de UA. Ambas empresas poseyeron la misma estructura: Volio como presidente y Leonel Peralta Lizano como secretario (socio y amigo de Volio por años). Además, Vicente Ignacio y Odette Carolina Perez Recao como tesorero y fiscal, respectivamente. Estos hermanos son parte de una conocida familia de empresarios venezolanos, un tío suyo fue uno de los impulsores de la creación de la OPEP y otro hermano participó en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002.

En 2012 UA le debía a la seguridad social ₵72,3 millones, los cuales pagó con retraso argumentando que no se contaba con dinero para cubrir la deuda. Ese mismo año UI, que esta fuera de la fiscalización del país, recibió una inyección de capital de casi $20 millones. Según Volio, ese capital fue destinado a la adquisición de otro proyecto agrícola, el cual se desconoce. Un año después en una reunión de directivos se estableció que diez sociedades eran las propietarias de UI y juntas sumaban acciones por el mismo monto de la capitalización de 2012.

De esta forma mientras UI acumula un gran capital en Panamá, la empresa costarricense tiene reiterados problemas de pago de cargas sociales e impuestos. Según la CCSS, del 2015 a la fecha la empresa ha tramitado 9 arreglos de pago por montos desde los ₵72 millones hasta los ₵695 millones. Además, una fiscalización del Ministerio de Hacienda determinó un incumplimiento en el pago del impuesto de renta del 2009, producto de lo cual la empresa pagó ₵50 millones en cinco abonos desde febrero de 2017 y una parte (₵62,4 millones) le fue perdonada con la amnistía tributaria realizada por el gobierno en 2019.

Los empresarios no se conforman con que sean los sectores populares lo que soportan la carga del ajuste del gobierno para cubrir el déficit fiscal, sino que también buscan todas las formas posibles para fugar sus ganancias a paraísos fiscales. Se calcula que la evasión fiscal representa un 8,2% del PIB y solo en el impuesto de renta es del 5,8% del PIB. Hay que cambiar la estructura tributaria del país para que sean las grandes empresas y las fortunas las que paguen y, además, tomar medidas como la publicidad de los accionistas y beneficiarios finales de las empresas o la responsabilidad solidaria de los dueños para paliar la evasión fiscal.

[1] “Piñera de exministro: endeudada en Costa Rica y millonaria en Panamá”. En www.costaricamedios.cr