Luego de que Lenin Moreno trasladara su gobierno a Guayaquil, una concentración de decenas de miles de manifestantes superó a las fuerzas represivas y tomó la sede de la Asamblea Nacional, el parlamento ecuatoriano. Les tomó dos horas recuperar el control del edificio.

La antidemocrática medida de decretar el estado de excepción por el plazo de 60 días, llega como respuesta a la contestación de sectores de trabajadores y sindicatos a la medida, que es parte un paquete de ajuste anunciado el martes de la semana pasada.

El estado de excepción es uno de los recursos básicos de los gobiernos capitalistas para hacerse valer por la violencia desnuda, sacándose de encima el ropaje constitucional. Uno de los antecedentes recientes de su uso fue el estado de sitio de De la Rúa durante los últimos días de su gobierno, que dejaron el saldo de decenas de muertos.

La suspensión de las garantías democráticas básicas por parte del Estado ecuatoriano están dispuestas en el artículo 164 de su Constitución. Con él, las formas democráticas del Estado son puestas a un lado para que actúe con su brazo militar de forma directa: el gobierno puede censurar a la prensa, disponer a su antojo de las fuerzas armadas y la violencia legal, etc.

El día miércoles por la noche se efectivizó el aumento de combustibles anunciados el martes 1/10 dentro del paquete de medidas de ajuste que plantea Lenin Moreno. El decreto contemplaba entre otras medidas la quita de subsidios estatales a los combustibles, lo que en algunos casos significa un aumento cercano al 100%.

En estos momentos la cifra de detenidos en el marco de la huelga asciende a unas 500 personas y hay más de una decena de desaparecidos.