En línea con la campaña electoral de “no gastar más de lo que ingresa” y con un constante alejamiento de todo lo humano, hace unas semanas, el presidente Javier Milei, festejó el superávit fiscal financiero que consiguió su ministro de economía estrella, Luis Caputo, de 2 mil millones de pesos por primera vez en doce años. El problema es que es insostenible en el tiempo, porque para llegar a esa cifra, el Gobierno decidió recortar en los gastos que hacen más amena a las personas, como la eliminación de los subsidios al transporte y a la energía, y la pérdida del poder adquisitivo de los haberes de jubilados y pensionados ante la inflación. Un verdadero caldo de cultivo de conflictividad social.
En rigor, al momento de cerrar las cuentas del Poder Ejecutivo de enero, la gran hazaña de Caputo representó, después de pagar intereses, el ahorro de unos $518.408 millones que iban para la gente. De esta manera, el recorte tuvo foco en la caída del gasto primario que registró un descenso del 39,1% interanual en términos reales gracias a que la obra pública se redujo en un 86% anual, así como también las transferencias a las provincias en un 72%. Sin embargo, la parte más cruel del ajuste es la del robo a la caja previsional, al dejar que se licúen las jubilaciones en un -38,1% y reducir el gasto de programas sociales un -23,1%, así como también la eliminación de los subsidios a la luz y el gas, que representó un -77,2% de gasto, y que se verá reflejado en las tarifas del mes entrante.
No hay dudas de que este recorte es monumental. Tal es así que algunas consultoras económicas, como Invect, cuestionaron que “la incógnita radica en qué tan sostenible es el ajuste exhibido: casi el 50% de la mejora se explica por la licuación de las prestaciones sociales, siendo las jubilaciones las más golpeadas (que, además, acumulan una caída real de entre 40% y 60% desde diciembre 2017)”. A continuación, advirtieron que “la clave en los próximos meses estará en lograr que la corrección fiscal sea sostenible, social y políticamente”, es decir, en ver hasta dónde la clase trabajadora y la clase media son capaces de aguantar el ajuste de Milei.
Por otro lado, Milei recibió advertencias sobre la insostenibilidad de su plan económico de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), que señaló que tendrá que buscar medidas para compensar la caída de ingresos y que, si pretende que sus cambios sean durables en el tiempo, también tendrá que buscar mayor apoyo político. Aunque parece ser que el Presidente hace oídos sordos a lo que no sean lambetadas, ya que, después de arremeter contra el “nido de ratas” del Congreso, se encuentra concentrado en arrancarse los ojos con los gobernadores por los fondos de coparticipación.
En tanto a los haberes de los jubilados, la pérdida de la mínima fue de un 26% con respecto a noviembre, una tendencia que se consolidará en marzo, luego de que el primer aumento otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sea apenas del 27,18%, un índice que se encuentra por debajo de la inflación del primer trimestre del año que, según los economistas, podría llegar al 60%. Vale recordar que, con el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, Milei liberó los precios de las prepagas y de los medicamentos, por lo que, en marzo, los jubilados que cobren la mínima tendrán que sobrevivir con apenas $134.445,30, una cifra que quedará por demás de atrasada si se tiene en cuenta que, apenas en enero, una persona necesitó $193.147 para no ser pobre.
