Tras perder el juicio por la indemnización reclamada por los fondos Burford Capital y Eton Park, el Estado Argentino se encuentra ahora en medio de una discusión sobre cual será la magnitud de la ignominia. Existen diferencias técnicas que podrían hacer que esta nueva estafa sea aún peor.

Ambos fondos financiaron la compra de acciones de YPF por parte del grupo Petersen, propiedad de la familia Ezkenazi. Con la estatización de la mita de las acciones, en la cual se indemnizó a los vaciadores de Repsol, la firma Petersen presentó quiebra tras la suspensión del pago de dividendos (aunque no se detuvo el saqueo, que continúa hasta hoy). Por lo tanto, estos fondos canallas buscaron cualquier resquicio legal para obtener una indemnización.

El eje de la discusión, lejos de ser el deseado, se centra en la fecha en que se ejecutó la supuesta «expropiación», ya que esto determinará el valor de las acciones y, a su vez, el monto de la indemnización. Los fondos Burford y Eton Park plantean que Argentina debe pagar 16 mil millones de dólares si se toma como fecha el 16 de abril, junto con una tasa de interés punitoria del 8%.

Por su parte, la defensa argentina argumenta que la tasa de interés debe ser 0%. Esto lleva a que la indemnización quede entre US$5540 millones si se toma como fecha el 16 de abril o US$4920 millones si es el 7 de mayo.

El saqueo imperialista

Son dos grupos económicos que alegan haber «sufrido un daño colateral» por parte del Estado argentino, una cuestión económica que no debería importarle a nadie, especialmente considerando la magnitud del problema energético, el cual no se resolvió debido a la tibieza y a la enorme cantidad de concesiones del kirchnerismo. El Estado indemnizó a los accionistas de Repsol con 5 mil millones de dólares y dejó abierta la puerta para futuras privatizaciones y para el fracking.

Cuando YPF se privatizó en los años 90 durante el gobierno de Menem, este se encargó de pagar buena parte de las deudas de la petrolera estatal. Luego la vendió por unos irrisorios 15 mil millones de dólares. Cuando Repsol finalmente adquirió YPF, solo tuvo que pagar 2.800 millones de dólares de los 11 mil millones que YPF tenía de deuda, quedando el resto a cargo del Estado argentino.

Tras entregar el petróleo, el gobierno el menemismo solo obtuvo unos miserables 7 mil millones de dólares para las arcas del Estado. Estos dólares se utilizaron para pagar la ya entonces enorme deuda externa (15 veces más grande). Esta deuda fue adquirida durante el esquema de 1 a 1, el cual incluyó despidos masivos, desindustrialización, recesión y sometimiento total al imperialismo. También es importante mencionar que durante el periodo de Repsol, la petrolera declaró ganancias superiores a mil millones de dólares anuales.

Extractivismo con cara de progresismo

Lo que hizo el kirchnerismo fue darle un carácter más moderado al saqueo, de manera de mantener mínimamente el suministro de combustible. Sin embargo, tampoco pudo cumplir con esta tarea debido a la magnitud del saqueo de la petrolera española. La importación y escasez de gasoil son algunas de las consecuencias que estamos viendo hoy en día. Esto se ha agravado debido a que el gobierno de Menem convirtió a los camiones en el medio de transporte casi exclusivo para las mercancías. Los camiones utilizan exclusivamente gasoil, por lo que sin gasoil la estructura logística argentina se cae a pedazos.

Otra de las consecuencias más sentidas es la intensificación del extractivismo, siendo el caso más emblemático el de Vaca Muerta. El fracking es el método más agresivo de extracción, utiliza más agua que la población de varias provincias juntas. También contamina las napas con químicos aditivos que se utilizan para mejorar el rendimiento de la extracción. El kirchnerismo y el peronismo llaman a esto «soberanía energética».

Dicho esto y visto este contexto, a nadie debería importarle menos que dos fondos de inversión hayan dejado de ganar por sus filiales en Argentina. Obviamente, para la justicia yanqui, que mira con desprecio a los trabajadores del mundo y aún más a los países periféricos, lo que importa es el sagrado derecho a las ganancias empresariales, especialmente las que provienen de métodos de dominación imperialista, como es el caso.