- Medidas policiales y reaccionarias contra la crisis sanitaria.
Pedro Sánchez anunció ayer la imposición de un nuevo estado de alarma en todo el territorio español. Las medidas vienen recogidas en el decreto aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario, entrando en vigor el mismo domingo. Según el Gobierno, el objetivo es frenar y doblegar la curva de contagios, disparada por todo el territorio.
Los elementos más destacables del decreto son:
- El toque de queda, con carácter general excepto en las Canarias, que prohíbe la libertad de circulación de las personas de 23h a 6h. Las comunidades autonómicas tienen margen para adelantar o atrás una hora el inicio del toque de queda, como ha hecho Catalunya adelantándolo a las 22h. Habrán excepciones por “causas justificadas”, por ejemplo por motivos laborales o cuidado de personas mayores.
- Las autoridades delegadas serán los presidentes de los gobiernos autonómicos. El consejo interterritorial de Sanidad será el órgano de cooperación, donde el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están representados. De esta manera el Gobierno apuesta por un estado de alarma más descentralizado que el anterior.
En consonancia, las Comunidades Autonómicas podrán limitar la entrada y salida de sus territorios, así como limitar el derecho de reunión a 6 personas en vía pública y espacios privados, algo que ya se aplicaba en algunos territorios.
Según Sánchez, la pretensión es que el estado de alarma – que da el marco jurídico para las anteriores medidas – se prolongue hasta el 9 de mayo, es decir 6 meses, que es el tiempo que los expertos estiman “para pasar la etapa en la que estamos ahora”. Esta misma semana se debatirá en las Cortes Generales su aprobación.
Distintas Comunidades Autonómicas ya se habían pronunciado a favor de la propuesta del presidente de decretar el estado de alarma, con tal de tener cobertura legal para imponer el toque de queda y otras medidas restrictivas, entre ellas Catalunya, Euskadi, Asturias, Extremadura, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, Cantabria, la Comunidad Valenciana y Baleares.
El toque de queda es un recurso de naturaleza represiva y reaccionaria, que se apoya en las fuerzas represivas del Estado para regimentar la vida pública, algo que atenta contra el derecho a la libre circulación recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Estas medidas represivas y reaccionarias no vienen a solucionar la crisis sanitaria ni a doblegar la curva, sino que vienen a poner el foco en las acciones individuales de cada uno y en “esa gente irresponsable que sale a hacer botellones de noche” – culpabilizando especialmente a la juventud –, para quitar el foco del precario y desmantelado sistema sanitario y la falta de recursos. ¿Por qué no limitan la movilidad de 6 a 14h, cuando el transporte público va lleno y todo el mundo va a trabajar? ¿Por qué hay un límite de reunión de 6 personas cuando en las clases no bajan de 25 alumnos? ¿Por qué el sistema de transporte público va igual de lleno que antes?
Las medidas represivas (y la falta de medidas reales) ponen de manifiesto que los criterios para gestionar la pandemia no son sanitarios, sino económicos y políticos. El gobierno central y los autonómicos lo tienen claro: la economía no se puede parar otra vez. Es por eso por lo que los trabajadores vamos a seguir yendo a trabajar de forma presencial y nos vamos a seguir contagiando: porque tenemos que seguir llenando los bolsillos de los empresarios.
La policía y la represión no curan el coronavirus. Por una inversión masiva en salud y en educación: tests masivos, contratación de personal médico con condiciones dignas, contratación de rastreadores, inspecciones sanitarias en los lugares de trabajo, contratación de profesores para bajar la ratio de las aulas…
