Traducción de Viento Sur

Como todos sabemos, a finales de julio 169.000 familias italianas recibieron en sus teléfonos móviles un escueto pero preocupante mensaje del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Decía algo así «La renta de ciudadanía queda suspendida, tal y como prevé el Decreto sobre el trabajo (Decreto Lavoro), a la espera de una posible intervención de los servicios sociales municipales».

Estas 169.000 familias son sólo algunas de las cerca de 436.000 (de un total de unas 615.000 personas) a las que el Decreto Lavoro adoptado por el gobierno de Giorgia Meloni el 1 de mayo quería privar de la Renta de Ciudadanía (RdC), el subsidio de entre 500 y 700 euros al mes creado por el primer gobierno de Giuseppe Conte [miembro del Movimiento 5 Estrellas-M5S] en 2019 para paliar la creciente pobreza extendida por todo el país y especialmente en el Sur.

Un mensaje, el del INSS, que en realidad es erróneo. De hecho, ninguno de los casi 8.000 municipios italianos había sido advertido de que tendría que hacer frente a la repentina pérdida de ingresos de decenas de miles de familias en pleno verano. Es más, los «servicios sociales municipales» no cuentan en absoluto con la financiación adecuada para hacer frente a una emergencia social tan importante e imprevista.

Guerra a los últimos para intentar reclutar a los penúltimos

La gélida dureza del mensaje fue presentada como un simple paso en falso por la nueva directora del INSS, Micaela Gelera, nombrada recientemente por la ministra de Trabajo y Políticas Sociales Marina Calderone, que la eligió entre sus colegas de trabajo – la ministra es asesora en gestión de personal y su marido es presidente de la Ordine dei consulenti sul lavoro – para sustituir al anterior presidente del INSS Pasquale Tridico, próximo al Movimiento 5 Estrellas.

Sin embargo, más allá del estilo adoptado para cambiar la vida de cientos de miles de personas con un simple mensaje de texto, la iniciativa del INSS es la puesta en práctica violenta de una de las promesas hechas por la coalición de extrema derecha durante la campaña electoral.

Las personas que perderán su subsidio de pobreza son los llamados empleables (es decir, ciudadanos de entre 18 y 59 años, sin menores, ancianos o discapacitados a su cargo), que ahora tendrán derecho a un subsidio de sólo 350 euros al mes (aproximadamente la mitad del importe del RdC), y sólo durante 12 meses, y a condición de que sigan cursos de formación… que aún no se han puesto en marcha. Es como si dijéramos: «Ya no te apoyamos; a partir de ahora, estás solo».

Pero, ante todo, la medida no es económica. De hecho, el ahorro previsto por el gobierno a costa de los ciudadanos más débiles será inferior a 3.000 millones de euros, es decir, el 0,15% del PIB, menos del 0,3% del gasto público y el 0,1% de la deuda pública.

El objetivo de la supresión de la Renta de Ciudadanía es ante todo social, para imponer la ruptura de cualquier vínculo de solidaridad entre los trabajadores con rentas bajas o muy bajas y el vasto y creciente sector de asalariados que viven en la pobreza absoluta o relativa.

Durante la campaña electoral y también en estos momentos, las fuerzas de la derecha dura que apoyan el «decreto laboral» que sanciona el fin de la RdC, culpabilizan a los pobres de su situación, calificándoles de vagos y holgazanes, como si la falta de empleo dependiera de su incapacidad o de su falta de voluntad para insertarse en el mercado laboral. Esta campaña de denigración ha venido acompañada de la denuncia de la supuesta imposibilidad de muchos empresarios de encontrar trabajadores debido a la existencia de la RdC, denunciada como un factor que frena la búsqueda de empleo.

Matteo Salvini, refiriéndose a la RdC (que aprobó cuando era vicepresidente del primer Gobierno Conte), llegó a declarar durante la campaña electoral: «No hay empresarios explotadores. La cosa es simple: si con la RdC usted recibe 600 euros para quedarse en casa viendo la televisión y le ofrecen 600 euros para trabajar de camarero, le dejo a usted que encuentre la respuesta», considerando así que un salario de 600 euros al mes es legítimo y decente.

Evidentemente, la dificultad de encontrar trabajadores a los que contratar está estrechamente relacionada con las condiciones salariales que se ofrecen. Hace algún tiempo, la empresa toscana [con sede en Empoli] Sammontana saltó a los titulares cuando buscaba 350 temporeros para producir sus helados. Dadas las condiciones salariales relativamente ventajosas que ofrecía [1.300 euros al mes más prestaciones], no tuvo ninguna dificultad en encontrarlos y contratarlos, ya que recibió más de 2.500 solicitudes de empleo.

Así pues, el objetivo [de eliminar la RdC] no es otro que obligar a cada vez más personas a aceptar cualquier empleo, sea cual sea el salario y las condiciones de trabajo. Esto es lo que exige una gran parte del empresariado para mantener bajos los «costes» de producción y aumentar así los beneficios.

EL gobierno de derechas ha decidido librar una guerra contra los pobres tratando también de reclutar a los sectores menos conscientes de la clase obrera en la configuración de esta despreciable batalla.

Pero también hay un objetivo político: minar el importante apoyo que permitió al M5S hacerse con el primer puesto en todas las regiones del sur en las últimas elecciones.

A pesar de la pausa estival, las protestas callejeras contra los recortes de la Renta de Ciudadanía cobran fuerza. Por supuesto, en las movilizaciones que se están desarrollando, sobre todo en el sur (donde se concentra la mayoría de quienes se verán privados de la misma), quienes las promueven también están incluyendo en su propaganda la denuncia del conjunto de la política económica del gobierno Meloni, el aumento de los gastos militares, la amnistía fiscal para quienes evaden el fisco, la reintroducción (en julio de 2023) de las rentas vitalicias [tras su supresión en 2018] para las y los diputados [unos 851 senadores y senadoras, cuya renta es de 5.522 euros netos]…

En Nápoles, Palermo, Catania y Cosenza está prevista una primera movilización el 28 de agosto, con iniciativas concomitantes también previstas en otras ciudades. La iniciativa ha corrido a cargo de la «Rete dei comitati per la difesa e l’estensione del Reddito» (Red de comités para la defensa y la ampliación de la renta), que reúne a amplios sectores de la clase trabajadora y a antiguos beneficiarios de la RdS, y se organiza a través de varias redes sociales con el apoyo de grupos de desempleados y organizaciones de izquierda.

Los salarios en Italia

Como cada trimestre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó a finales de julio los datos sobre la evolución de los salarios italianos, destacando que «a pesar de la reciente ralentización de la inflación, en el primer semestre de 2023 la diferencia entre la dinámica de los precios y la de los salarios sigue superando los seis puntos porcentuales». En otras palabras, los salarios volverán a perder cerca del 6% de su poder adquisitivo este año.

Esto se debe a varios factores: en primer lugar, la ausencia total, desde 1993, de cualquier ajuste automático de los salarios al crecimiento del coste de la vida. De hecho, hace justo 30 años, en julio de 1993, los sindicatos mayoritarios concluyeron un acuerdo con las asociaciones patronales -bajo la supervisión del gobierno de centro-izquierda presidido por Carlo Azeglio Ciampi [que fue presidente de la República de 1999 a 2006]- que sancionaba el fin de la escala móvil de salarios, el mecanismo que había protegido el nivel de vida de los asalariados de la inflación desde 1945.

Desde 1993, los salarios se rigen exclusivamente por convenios colectivos firmados periódicamente (formalmente cada tres años) entre los sindicatos y Confindustria y otras organizaciones patronales. Pero estos contratos se firman siempre orientados a la moderación salarial y al control de los costes salariales. Es más, se firman por término medio (según los datos del INE) con un retraso de 2 años, o incluso de 2 años y medio (en algunos casos, el retraso llega a ser de 70 meses).

Todo esto significa que, sobre todo en un periodo marcado por una inflación cercana o superior a los dos dígitos (para los bienes de primera necesidad), los salarios reales no sólo no suben, sino que tienden a bajar, incluso de forma significativa: el índice de salarios contractuales por hora en junio de 2023 con respecto a junio de 2022 muestra un aumento medio del 3,1%, frente a un aumento medio de los precios al consumo del 5,9% (pero para la alimentación, los bienes del hogar y los cuidados personales, el aumento anual es del 10,2%). Por no mencionar el hecho de que el aumento del 5,9% para 2023 se acumula con el aumento del 7,9% en 2022.

Esta es la razón por la que la OCDE previó una caída del 7,5% de los salarios reales italianos en 2022 en comparación con el periodo anterior a la pandemia, frente a un ligero aumento (+1,5%) de los salarios franceses y pérdidas de poder adquisitivo mucho menores, del orden del 2 al 4%, en los demás países capitalistas avanzados. Las previsiones de la OCDE auguran nuevas pérdidas de poder adquisitivo en Italia este año y en 2024.

En 2021, los salarios en Italia ya alcanzaron un récord nada envidiable. Fue el único país de la OCDE que registró, después de 31 años, un nivel de poder adquisitivo aún más bajo (-2,9% en términos reales) que en 1990.

Naturalmente, la pérdida de poder adquisitivo tiene un mayor impacto en los hogares con bajos ingresos, que tienen menos capacidad para hacer frente a las subidas de precios mediante el ahorro o el endeudamiento.

Según el Instituto de la Seguridad Social (INSS), el 19,5% de las personas asalariadas regulares tienen unos ingresos anuales inferiores a 11.000 euros (el nivel de los llamados trabajadores pobres) y el 9,9% tienen unos ingresos de entre 11.000 y 15.000 euros: esto significa que millones de trabajadores y trabajadoras tienen unos ingresos de mera subsistencia, totalmente insuficientes para hacer frente a cualquier tipo de imprevisto (enfermedad, accidente, nacimiento de un hijo, etc.).

Un salario bruto miserable significa un salario por hora miserable: para los más de 3 millones de trabajadores y trabajadoras pobres que ganan menos de 11.000 euros, al menos para quienes trabajan a tiempo completo, es decir, unas 173 horas al mes, esto corresponde a un salario bruto por hora de 4,89 euros.

El artículo 36 de la Constitución de 1948 (en vigor, por tanto, desde hace 75 años) obliga a las empresas a pagar a los trabajadores «un salario proporcional a la cantidad y calidad de su trabajo y, en cualquier caso, suficiente para garantizarles a ellos y a sus familias una existencia libre y digna». Pero esta solemne norma constitucional es pisoteada abiertamente no sólo por la voracidad de las y los empresarios, sino también por la política de moderación salarial adoptada por los sindicatos a la hora de firmar los convenios colectivos.

Italia es uno de los pocos países europeos (junto con Austria y los países escandinavos, por no hablar de Suiza) que no tiene un salario mínimo legal. Los salarios se fijan exclusivamente mediante acuerdos entre los interlocutores sociales, utilizando escalas salariales contractuales elaboradas cada tres años.

Es imposible comprobar con exactitud estas escalas salariales, ya que hay 985 contratos en vigor, que varían según los numerosos sectores de empleo. Hay muchos contratos, sobre todo en el sector servicios y turismo (por ejemplo, trabajadores de la restauración, empresas de limpieza y seguridad, conserjes, etc.), que fijan los salarios mensuales en poco más de 1.000 euros, lo que corresponde a un salario bruto por hora de poco más de 6 euros, del que hay que deducir los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social. Hay que señalar que muchos de estos contratos de miseria están firmados por los sindicatos confederales, así como por numerosos sindicatos pro-patronales.

La iniciativa del salario mínimo

Fueron estas consideraciones las que llevaron a las fuerzas de la oposición parlamentaria a proponer la introducción de un salario mínimo legal por hora de 9 euros.

El Movimiento 5 Estrellas propuso desde el principio la introducción de un salario mínimo legal. En aquel momento, el Partido Democrático (PD) condicionó su posición a las exigencias de las confederaciones sindicales, que se oponían a la idea alegando que les privaría de una parte importante de la autoridad salarial que venían ejerciendo (mal) desde hacía décadas.

Hoy, ante la iniciativa unitaria de la oposición a favor de introducir el salario mínimo también en Italia, apoyada conjuntamente por el PD, el M5S, Sinistra italiana (la Izquierda italiana) y, aunque con menos determinación, por la formación centrista de Carlo Calenda (Azione – Italia Viva – Renew Europe), la CGIL y la UIL han tenido que suavizar su oposición, mientras que la CISL sigue expresando su clara hostilidad.

Se ha abierto un importante debate político sobre esta cuestión, que ha cogido desprevenido a este gobierno de derechas. En diez meses de gobierno, Giorgia Meloni y sus colegas han conseguido tranquilizar a la clase dirigente, a las grandes empresas, a las instituciones europeas y a la administración estadounidense con su fidelidad a la política económica neoliberal. Pero quienes les han votado para el gobierno, incluso por razones puramente financieras, son ante todo el pequeño empresariado y una parte de las clases medias empobrecidas y asustadas por la crisis. La derecha ha utilizado al máximo su demagogia racista sobre los inmigrantes en relación con esta base social, pero eso ya no basta. La crisis golpea cada vez más fuerte y el empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad repercute también en los comerciantes y las pequeñas empresas por los efectos de la caída del consumo.

En su campaña demagógica contra la Renta de Ciudadanía, el gobierno de derechas trató de manipular a la clase trabajadora esgrimiendo el argumento de los «ociosos mantenidos por los que pagan impuestos». Ahora que la oposición parlamentaria ha logrado poner de relieve el problema de los que, a pesar de trabajar, siguen siendo pobres, el gobierno (y en particular la primera ministra y su partido) no ha podido contrarrestarlo con su habitual arrogancia.

Las contradicciones del gobierno de derechas

Sin embargo, han surgido claras contradicciones entre los aliados de la coalición gubernamental, con una importante oposición de Forza Italia [encabezada por Antonio Tajani], el partido menos influido por una base popular, y la Lega de Matteo Salvini, cuyo electorado obrero y popular se concentra en el norte, donde los salarios son más altos y están mejor garantizados por la negociación sindical.

De hecho, la derecha puede contar con el hecho de que las desigualdades territoriales heredadas del pasado han aumentado en lugar de disminuir  en la Italia del siglo XXI,

Según los datos de Eurostat para 2021, casi todas las regiones de Europa con peores perspectivas de empleo se encuentran en el sur de Italia: Campania, Sicilia, Calabria, Apulia (y em la Guayana Francesa). En estas regiones, la tasa de empleo entre los 15 y los 64 años apenas supera el 41%, frente a la media italiana del 58,2% y la europea del 68,4%. Para las mujeres, la situación es aún peor, con tasas de empleo femenino tan bajas como el 30% en las regiones del sur de Italia.

El escándalo de los trabajadores pobres ha sacudido el debate público de su letargo estival [en el Parlamento, Elly Schlein, del PD, proclamó que «la pobreza no se va de vacaciones»] y Giorgia Meloni sigue con preocupación los resultados de numerosos sondeos de opinión, todos los cuales muestran que una proporción significativa de la opinión pública (entre el 70 y el 75%) está a favor de introducir un salario mínimo.

Pero Giorgia Meloni también tiene que enfrentarse a la oposición de sus aliados y de las asociaciones patronales, que siguen afirmando que la negociación colectiva es la mejor forma de defender los salarios, cuando los hechos demuestran lo contrario.

Para quienes conozcan la burocracia sindical italiana, no es sorprendente que entre los opositores a una ley del salario mínimo se encuentren los dirigentes de la CGIL, la CISL y la UIL, que afirman descaradamente en una nota conjunta que una ley de este tipo podría provocar una «caída de los salarios y de la protección de los trabajadores». La dirección de la CISL se ha pronunciado explícitamente en contra de esta ley. La CGIL y la UIL están más incómodas, dada la posición adoptada por su «partido de referencia» (el PD de Elly Schlein), y piden en cambio la introducción de mecanismos que favorezcan la negociación colectiva.

Así, la mayoría se recompuso con la opción tradicional de la «paleodemocracia cristiana» consistente en «tomarse tiempo», al aprobar, con la formación de Matteo Renzi (Italia Viva), una moción que aplaza la discusión sobre el tema a octubre, cuando, con toda probabilidad, será en octubre cuando la cuestión resurja en toda su naturaleza contradictoria (salario mínimo y negociación colectiva). La moción confía la clarificación de la cuestión al Consejo Nacional de Economía y Trabajo (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro-CNEL), órgano consultivo por mandato constitucional compuesto por expertos en economía y representantes de los sindicatos y las organizaciones patronales). El CNEL está presidido actualmente por un campeón del neoliberalismo, Renato Brunetta, antiguo ministro de los gobiernos de Berlusconi y ministro de Administraciones Públicas del gobierno de Mario Draghi.

Para sortear la táctica del gobierno de aplazar el proyecto de ley, la oposición parlamentaria optó por desarrollar durante el verano una campaña de recogida de firmas (en las plazas de las ciudades y a través de la web) a favor de su proyecto de ley. Recogieron más de 200.000 firmas en pocas horas, lo que demuestra el impacto del proyecto de ley en la opinión pública. Pero también es importante destacar los aspectos contradictorios y negativos de esta propuesta.

La propuesta consiste en fijar el salario mínimo por hora en 9 euros brutos. Para lograrlo, los «interlocutores sociales» (organizaciones empresariales y sindicatos más representativos) dispondrán de 18 meses para acordar las «modalidades de aplicación». El salario mínimo no se indexará a la inflación. Se creará una «comisión» (también formada por los interlocutores sociales) para examinar periódicamente la evolución del coste de la vida y tomar decisiones al respecto.

Además, la diferencia entre el salario que se paga actualmente al trabajador y el salario mínimo definido por la ley sólo será asumida en parte por la empresa, mientras que otra parte será cubierta por una contribución del Estado. Esto significa que los asalariados (cuyos impuestos cubren más del 80% del presupuesto del Estado) financiarán ellos mismos el aumento de los salarios más bajos.

Pero el punto débil de la propuesta de la izquierda parlamentaria es político. Es un tema que la derecha ha explotado plenamente en su contraofensiva. Los trabajadores pobres y los salarios escandalosamente bajos no aparecieron hace diez meses con el gobierno de Meloni. Existen desde hace décadas y el PD, que ha estado en el Gobierno casi ininterrumpidamente desde 2011 hasta hace poco, nunca ha destacado esta realidad como una cuestión urgente, y mucho menos ha tomado medidas adecuadas para remediarla.

Sin embargo, el asunto de la Renta de Ciudadanía y la campaña sobre el salario mínimo están despertando a la izquierda que, hasta hace unas semanas, estaba ocupada lamiéndose las heridas tras la derrota política y electoral de septiembre.

La coalición Unión Popular (formada por el Partido de la Refundación Comunista y Potere al popolo) ha preparado una «iniciativa legislativa popular» sobre la que -incluso con el apoyo de otras organizaciones como Sinistra Anticapitalista- se están recogiendo las 50.000 firmas que exige la ley.

Esta «iniciativa legislativa popular» resuelve algunos de los puntos débiles de la propuesta de centro-izquierda: fija el salario mínimo bruto por hora en 10 euros, indexándolo automáticamente a la inflación y con cargo a las empresas.

La CGIL de Maurizio Landini [secretario general desde enero de 2019], por su parte, ha tomado la iniciativa de convocar, junto a un centenar de asociaciones, una manifestación nacional en Roma el 7 de octubre «por el trabajo, contra la precariedad laboral, por la defensa y la aplicación de la Constitución, contra la autonomía diferenciada (un plan de fuerte diferenciación entre las regiones más ricas y las más pobres) y el trastorno de la República parlamentaria (frente a la hipótesis presidencialista del gobierno Meloni)». Todas las organizaciones y partidos de izquierda y de centro-izquierda se han sumado a esta iniciativa.

La demagogia de la primer ministro sobre los «beneficios extra”

En los últimos días, seguramente con el objetivo de desviar la atención de los medios de comunicación de la cuestión del salario mínimo, la Primer Ministro anunció repentinamente que los llamados «beneficios extra» de los bancos, es decir, las enormes ganancias obtenidas durante el año pasado gracias a la subida de los tipos de interés de las hipotecas y los préstamos, se gravarían con un 40%.

El diario Sole 24 Ore reveló hace unas semanas que, durante el primer semestre de este año, los seis principales bancos italianos (Intesa San Paolo, UniCredit, Mediobanca, BPM-Banca Popolare di Milano, BPER-ex-Banca Popolare dell’Emilia Romagna y MPS-Banca Monte dei Paschi di Siena) aumentaron sus beneficios un 60% en comparación con el mismo periodo del año anterior (que ya había sido un año dorado para los bancos), lo que supone un incremento de 11.000 millones de euros.

Este es el resultado del aumento de los tipos de interés que los bancos cobran por las hipotecas y los préstamos, debido a las subidas decididas por el Banco Central Europeo [BCE que, según el Corriere della Sera del 17 de agosto, está advirtiendo al gobierno de Meloni contra una propuesta realizada sin consultar con el BCE y el Banco de Italia]. En resumen, estos beneficios son el resultado de una especie de escala móvil para los capitalistas bancarios, muy similar a la que se suprimió para los trabajadores hace 30 años.

Es más, los bancos pagan sobre sus beneficios mucho menos de lo que los trabajadores están obligados a pagar al fisco. Una investigación realizada por el Observatorio Fiscal Europeo en septiembre de 2021 («¿Han abandonado los bancos europeos los paraísos fiscales? Evidence from country-by-country data») ilustra claramente la favorable situación fiscal en la que operan los grandes bancos europeos (incluidos los italianos).

La sonada propuesta de Giorgia Meloni no fue aceptada en absoluto por el Gobierno, dado que unas semanas antes el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti (Lega), había declarado ante el Parlamento: «No tenemos en proyecto ningún impuesto sobre los beneficios extraordinarios», negando así la posibilidad de seguir el ejemplo de algunos gobiernos europeos, como el español.

También parece que Giancarlo Giorgetti se comprometió en este sentido a finales de julio, durante una reunión informal con el presidente de la ABI (Associazione Bancaria Italiana). Evidentemente, el sorprendente anuncio de la Primer Ministro le incomodó, hasta el punto de que se ausentó de la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros del 7 de agosto en la que se anunció la medida.

El anuncio tuvo un gran impacto en los mercados bursátiles de los bancos, que «se esfumaron» por valor de 9.000 millones de euros el martes 8 de agosto, aunque esto se vio compensado en gran medida por las subidas de los días siguientes, tras las aclaraciones del gobierno, que reconfiguró significativamente la medida.

En una entrevista concedida conjuntamente el lunes 14 de agosto a los tres diarios más importantes del país (Corriere della Sera, La Repubblica y La Stampa), la Primer Ministro respondió a los periodistas que le preguntaron hasta qué punto sus socios de gobierno habían participado en la decisión: «Es una iniciativa que tomé yo. Es una iniciativa que tomé yo, y punto». Y añadió: «Puede que haya habido una cuestión de método. Es más fácil dar un paso así si la noticia no se difunde demasiado, así que asumo la responsabilidad política de ello. Todos los paridos [de la coalición] continúan muy unidos, se trata de un asunto muy específico y delicado sobre el que he asumido la responsabilidad de decidir”.

Sin embargo, aún no se sabe cómo funcionará esta norma fiscal, y mucho menos cuántos ingresos se esperan. Tras los rumores iniciales de ingresos para el Estado del orden de 9.000 millones, las cifras que se barajan no superan los 2.000 millones. Tampoco está claro a qué se destinarán estos ingresos fiscales imprevistos: el vicepresidente Matteo Salvini ha dicho que se utilizarán para «ayudar a las familias con dificultades a suscribir su primer crédito vivienda» y para sufragar las «reducciones fiscales para las familias y las empresas» que el Gobierno quiere adoptar en el marco de su «reforma fiscal».

Sin embargo, la iniciativa ha tenido el mérito de poner de manifiesto las contradicciones internas de la mayoría, en particular entre el ala más populista (encarnada por la propia presidenta Meloni y su adjunto Salvini) y el ala más tradicionalmente neoliberal de Forza Italia (y el propio ministro Giancarlo Giorgetti).

Forza Italia critica abiertamente la propuesta, calificándola de «ilegítimamente retroactiva» (porque se aplicaría a los beneficios obtenidos en 2022) y arriesgada para la «credibilidad internacional» del país.

La iniciativa pretende responder a la contradicción permanente y concreta entre los dos puntos de referencia de la acción del gobierno de derechas: por un lado, los sectores dominantes de la burguesía, de los que el sector bancario es una parte esencial, y, por otro, la base social pequeñoburguesa que permitió a la derecha ganar las elecciones el pasado septiembre. Esta base se ve afectada por la crisis, pide constantemente subvenciones y, al mismo tiempo, financia ahora los beneficios suplementarios de los bancos y de los grandes capitalistas subiendo los tipos de interés.

A diferencia de los gobiernos técnicos [como los de Mario Monti o Mario Draghi], poco sensibles a la búsqueda de consenso, el gobierno de Meloni ha tenido que hacer malabarismos con estos dos polos de referencia desde su formación. Mientras fue posible limitarse a la instrumentalización racista de los migrantes o a la culpabilización de los beneficiarios de la RdC, sus acciones fueron más fáciles. Pero se señaló a Giorgia Meloni que los 11.000 millones de beneficios suplementarios acumulados por los bancos en 2022 son en gran parte una transferencia de ingresos de los bancos deudores a los bancos acreedores, dinero arrebatado a las pequeñas empresas y a las y  los pequeños propietarios.

Mientras pueden, las pequeñas empresas trasladan este aumento de los costes bancarios a los consumidores, pero cuando la contracción del consumo (demanda) impide que suban los precios finales, este mecanismo deja de funcionar.

Por tanto, Giorgia Meloni y Matteo Salvini inventaron el impuesto sobre los beneficios bancarios extraordinarios, muy probablemente pensando que podrían utilizar los recursos que obtendrían de él, más o menos, para apoyar a esta pequeña burguesía  sufriente que es esencial para su peso electoral y político.

Hace sólo unos meses, este movimiento de derechas se apoyaba en las protestas de las y los pequeños empresarios frente a la crisis. Hoy, está en el gobierno y quiere impedir que nuevas protestas sacudan su base consensual. Así que está intentando cuadrar el círculo. El impuesto sobre los beneficios extraordinarios parece una especie de Robin Hood, que quita algo a los ricos y da algo a los menos ricos.