“Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie” (“El gatopardo” de Lampedusa)

El pasado miércoles 30 de marzo, el gobierno de Luís Inácio Lula da Silva anunció lo que parecen ser los elementos centrales de la ansiada propuesta de regla fiscal, más conocida como el “nuevo marco fiscal”.

El día anterior al anuncio, Haddad, luego de presentárselo a Lula con los ajustes exigidos por el Presidente, fue a la Cámara de Diputados para llevar la propuesta final a Arthur Lira. Al día siguiente, luego de una verdadera peregrinación con las cúpulas del Congreso, el Banco Central, con banqueros y empresarios en general -no se consultó únicamente a representantes de la clase trabajadora-, el Ministro de Hacienda presentó al público en general lo que podría llamarse el nuevo techo de gastos.

A fines de 2016, el gobierno de Michel Temer, con la imposición del infame PEC 95, también llamado de manera poco cariñosa “PEC del fin del mundo”, estableció que el crecimiento del gasto público solo podía ser corregido por la inflación del año anterior. Una medida que fue una total perversidad -que solo pudo ser aprobada en la situación reaccionaria instaurada con el juicio político a Dilma-, ya que en la práctica los gastos crecen de manera real con el crecimiento de la población u otros factores, como fue el caso del Covid.

Ahora bien, con respecto al nuevo techo de gastos, el gran cambio con relación al techo de Temer es que, con la nueva regla fiscal, el gobierno quiere un techo un poco más flexible que se establecerá a través de un doble mecanismo de limitación del gasto primario. En la nueva propuesta, el aumento de los gastos, en función de la meta de resultado del superávit primario, se dará en un rango que va del 50% al 70% del aumento de los ingresos. Pero hay un segundo bloqueo para el gasto primario.

El gasto ajustado por inflación sólo puede crecer en términos reales dentro de un rango que va del 0,6% al 2,5%. Así, por ejemplo, si el ingreso crece un 2%, el gasto puede crecer hasta un 1,4%, pero si el ingreso crece un 4%, el importe del gasto puede llegar hasta el 2,5% del ingreso del año anterior, es decir, valor por debajo del techo del 70%. Solo quedarían fuera de estos porcentajes los gastos vinculados a la salud del 15% de RCL (ingresos corrientes netos) y el 18% de los ingresos netos de impuestos en el caso de la educación.

El objetivo del gobierno con el nuevo techo de gastos es mantener un fuerte control fiscal, establecer un superávit fiscal en el mediano plazo -en 2024 el déficit en relación al PIB sería cero, en 2025 llegaría al 0,5% y en 2026 al 1%-, reducir la deuda pública y aumentar moderadamente el gasto federal, todo ello sin confrontar directamente con los intereses de la clase dominante. Pero, para poder gobernar dentro de ese nuevo techo de gastos y alcanzar el superávit primario prometido a la patronal, será necesario aumentar los ingresos en un monto de R$150 mil millones a través de un nuevo paquete de medidas, según Fernando Haddad (Ministro de Hacienda), que en los planes de los gobiernos vendría del fin de las exenciones tributarias otorgadas a los grandes empresarios en los últimos gobiernos, en particular en el gobierno de Dilma. Según Haddad, durante el anuncio de la nueva regla tributaria, “lo acordado tiene que ser igualado por los sectores más pudientes” y “si los que no pagan impuestos empiezan a pagar impuestos, todos pagaremos menos intereses”.

El nuevo techo de gasto fue un tremendo éxito entre los empresarios y en el mercado financiero: la bolsa subió y el dólar bajó con la presentación de las nuevas reglas. Varias declaraciones de los banqueros señalan que las nuevas reglas fiscales y las metas primarias son mejores de lo esperado, traen racionalidad y dan cabida a la baja de las tasas de interés, ya que permiten la vuelta de los superávits primarios. La única preocupación de los empresarios es con el aumento de la carga fiscal que traería la nueva propuesta, pero confían en que el Congreso está de su lado y no permitiría ningún aumento significativo en los impuestos sobre sus ganancias, fortunas y herencias.

Cambiar todo para que todo siga como está

Lo que es un verdadero tabú y que parece prohibido en el debate económico es que las reglas fiscales de los gobiernos burgueses de turno ignoran siempre el tema del pago de intereses y la amortización de la deuda pública. Todo el debate en torno a la nueva regla implica controlar los ingresos y gastos primarios para reducir a cero el déficit fiscal y luego lograr un superávit, que no incluye el gasto en deuda pública.

Según la Auditoría Ciudadana de la Deuda (ACD), en el Presupuesto Federal de 2022 el pago del servicio de la deuda – bonito nombre para el pago de intereses y amortización de la deuda público- fue de 1.879 billones, que en porcentaje corresponde al 46,3% del Presupuesto del año pasado. Es decir, mientras falta dinero para financiar la salud, la educación, la investigación científica, el saneamiento básico, la vivienda, la inversión, etc., aproximadamente la mitad del presupuesto se utiliza para pagar una deuda que se ha creado a partir de las atroces tasas de interés y un sistema de “renovación de la deuda” que en realidad camufla el gasto real para remunerar a las grandes finanzas.

Una parte significativa de los intereses se registra como pago de la deuda, lo que según el ACD es inconstitucional. Según María Lucía Fattorelli, coordinadora de la ACD, a través de mecanismos contables, el gobierno camufla el gasto en deuda pública. En el año 2021, el costo de la deuda pública fue de R$ 618 mil millones, sin embargo, el gobierno contabilizó solo R$ 256 mil millones como intereses, el resto se contabilizó como rollover.

Como ya se mencionó anteriormente, esta nueva regla fiscal del gobierno de Lula no es más que un nuevo techo de gasto un poco más flexible, pero que ni siquiera se atreve a permitir un aumento de los gastos por encima del 2,5% para ser utilizado por el gobierno federal. Así, por un lado, no se toca el sagrado gasto en servicios de la deuda pública y, por otro lado, no se grava el no menos sagrado gran capital. Así, el nuevo techo de gasto está al servicio de mantener exactamente el equilibrio de fuerzas políticas que permita esta monstruosa fuga de recursos que retroalimenta la financiarización de toda la economía, permitiendo que más de la mitad del presupuesto federal sea tragado por el capital financiero. .

Esta es la primera medida de gran impacto político, social y económico del gobierno Lula 3, un gobierno burgués de conciliación de clases que, a pesar de pretender retomar el pacto republicano, ha demostrado fundamentalmente un carácter explícito de “gatopardismo”, es decir, “todo debe cambiar para que todo siga como está”. Ciertamente, la derrota electoral de Bolsonaro no podría, por supuesto, cambiar por sí sola la correlación de fuerzas entre clases. Esto solo se puede cambiar con la lucha radicalizada en las calles de las masas. Pero, el gobierno de Lula, como todo buen gobierno de conciliación de clases de la burguesía, se dedica a gestionar esta correlación estructural de fuerzas favorable a la clase dominante para no perder su apoyo político. Por ello, practica los mismos mecanismos políticos del toma y daca consagrado (compra de apoyo político mediante la concesión de fondos públicos por parte del ejecutivo para reformas parlamentarias) y mecanismos económicos de garantía del parasitismo capitalista mediante el servicio de la deuda pública y la no tributación del gran capital.

La única forma de cambiar la correlación de fuerzas para romper con este pacto de sobreexplotación y opresión es a través de la estrategia de movilización independiente del gobierno y la patronal que forman la base de tácticas políticas que permiten, al mismo tiempo, la lucha unitaria para derrotar al neofascismo en las calles, construyendo frentes de oposición de izquierda al gobierno y luchando por las necesidades concretas de la clase obrera y los oprimidos.

El apoyo que sectores de izquierda -como corrientes internas y parlamentarios del PSOL- le están dando al nuevo techo del gasto es un despropósito total que solo sirve para normalizar la explotación y la opresión. Un escenario que, si no es roto por la movilización de las masas -todo lo que el gobierno de Lula no quiere para no perturbar el pacto de arriba con la clase dominante- sólo servirá para devolver al bolsonarismo al poder central. Ante el debate sobre el nuevo techo del gasto, tenemos que posicionarnos con vehemencia en contra de tal regulación fiscal. Además, es necesario levantar alto y claro que sólo la lucha en las calles por el no de la deuda pública a los megainversionistas, así como por impuestos a las ganancias del gran capital, las grandes fortunas y las herencias, pueden garantizar la satisfacción de las necesidades de los explotados y oprimidos.