• La dupla de Rodrigos solo tienen en mente el pago de la deuda y la normalización de la economía para que el empresariado continúe sus negocios, por eso es que no ven salida para la CCSS.

Por Redacción

Este miércoles la Junta Directiva de la CCSS se reunió con el Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves, el presidente del BCCR Rodrigo Cubero y el presidente de la República Carlos Alvarado para discutir la situación financiera de la entidad.

“La posición del ministro de Hacienda y del presidente del Banco Central, fue que no se podía hacer nada, que el país no puede quebrar para salvar a la Caja”, denuncio uno de los directivos. Luego, este jueves, en un micrófono abierto previo a una conferencia de prensa Alvarado expreso que “no hay plata” aunque el presupuesto extraordinario para la emergencia destina ¢281 mil millones al pago de deuda. Esas son las prioridades.

Esta posición demuestra el ajuste brutal que pretende la burguesía que ha venido golpeando la seguridad social al punto de que en estos momentos los estudios actuales (sin factor pandemia) pronostican que la sostenibilidad de la institución no se extendería por más de dos décadas.

Asimismo, FRENASS ha denunciado que “la CCSS ha sido víctima de saqueos, manejos financieros irregulares y poco diáfanos, decisiones administrativas caprichosas y políticas orientadas a su destrucción, con la pretensión de convertir el derecho a la salud en un negocio para unos cuantos. Parte de esa estrategia ha sido la de privatizar los servicios básicos de salud, incluso a contrapelo de las disposiciones establecidas en nuestra Constitución, en la ley y en los reglamentos”.

Las gerencias de Pensiones y Financiera ha dado a conocer el estimado del déficit que afectaría a la institución resultado de la emergencia nacional por la pandemia: podría llegar hasta los ¢720 mil millones.

En el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que maneja las pensiones, el faltante de recursos seria por ¢417 mil millones, monto que representaría el 19% del fondo de reserva que asciende a ¢2.2 billones y que tendría que comenzar a utilizarse para cumplir con los pagos mensuales de 290 mil personas.

Esta situación agravaría el estado del régimen ya que según el último estudio actuarial de julio de 2019 (que no contemplaba el escenario de una pandemia) la reserva permanecería intacta hasta 2030, cuando tendrían que comenzar a utilizarse sus fondos, y se agotaría en 2037.  Este escenario ya no sería tal.

Por su parte la Gerencia Financiera estimó el golpe al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) entre ¢190 mil millones y ¢303 mil millones entre marzo y agosto. Este seguro es el que cubre la atención medica de todas las personas cotizantes y que en el marco de la emergencia se amplió a la atención de quien requiera servicios médicos por Covid-19 sean o no cotizantes. Para esto se estableció un fondo de reserva de contingencias por ¢47.500 millones y con posibilidad de crecer hasta los ¢69.700 millones. Al 2 de abril la CCSS informó que ya gastó ¢19 mil millones de ese fondo (42.2% del total).

A pesar del aumento del gasto por la atención de la emergencia y la disminución de ingresos provocada por la desaceleración económica del país resultado de la cuarentena y el distanciamiento social la Junta Directiva de la institución aprobó medidas para “aliviarle” las condiciones al empresariado a costa de agrandar el problema financiero de la entidad.

Estas disposiciones tienen que ver la suspensión hasta el 30 de junio de las gestiones de cobro a patronos e independientes morosos, la reducción de la base contributiva del SEM y el IVM en un 75%, medidas de flexibilización en la readecuación de convenios de pago y reducción de tasas de interés.

La dupla de Rodrigos solo tienen en mente el pago de la deuda y la normalización de la economía para que el empresariado continúe sus negocios, por eso es que no ven salida para la CCSS. Mientras tanto el gobierno le debe a la institución ¢1.67 billones, es decir, más del doble del hueco que la pandemia le podría provocar.

Es un contrasentido que en medio de una emergencia se reduzcan los recursos de la institución que está dándole la cara a la pandemia. Ahora más que nunca es necesario fortalecer la seguridad social, por eso es necesario prohibir los despidos, suspensiones y reducciones, la crisis no debe caer sobre la clase trabajadora. Se debe eliminar la moratoria de cobros a las grandes empresas para que salden sus deudas al igual que el Estado como principal deudor y se deben establecer impuestos solidarios al gran capital que hasta el momento ha gozado de todas las protecciones para que sus ganancias no sean afectadas.

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