Redacción
La Coordinadora de Lucha Sur Sur presentó un informe detallando las amenazas y agresiones contra los pueblos originarios de la zona sur (Bribris de Salitre e Iríria Bribri Sá Ká (Cabagra), Brörán de Térraba y Cabécar de China Kichá) durante el 2020.
“Por hechos de violencia o incidentes de seguridad se entienden las situaciones de tensión política que hostigan, amenazan y afectan la integridad psicológica, física, espiritual y la vida de los Pueblos Originarios. Ello, en reconocimiento de la relación desigual de poder existente entre el Estado, los finqueros y los Pueblos Originarios”.
Desde hace años, con la decisión de los pueblos indígenas de realizar recuperaciones de tierra de hecho, se han incrementado las acciones de violencia, teniendo como puntos cúspide los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera, ambos aun impunes.
Como detalla el documento la responsabilidad del Estado es más que evidente, sea en acciones directas como las agresiones de la policía o en omisión al no actuar a tiempo y resguardar a las comunidades indígenas.
“La problemática de tenencia ilegal de tierra por parte de personas no indígenas data de la época colonial. Posteriormente, este problema fue administrado por el Estado a favor de los intereses de las personas no indígenas. De esta forma, las violencias contra los Pueblos Originarios deben ser entendidas dentro de procesos de larga duración que les violenta y extermina de forma sistemática y estructural”.
“La Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) contabilizó 86 agresiones reportadas contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur durante el 2020. Además, el año pasado 14 personas lideresas de los pueblos fueron amenazadas de muerte más dos personas no indígenas y defensoras de los derechos humanos”.
“En ese sentido, son 86 hechos de violencia que se desprenden en 27 tipos de agresiones: 1) agresión con arma de fuego; 2) homicidio; 3) intento de homicidio; 4) agresiones de turba; 5) amenazas agravadas (de muerte); 6) amedrentamiento y hostigamiento de finqueros, peones y otros; 7) detonaciones de armas de fuego; 8) invasiones a recuperaciones; 9) invasiones a recuperaciones; 10) incendios provocados; 11) bloqueo de caminos; 12) agresión con arma blanca; 13) falta de asistencia en agua, comida, medicamentos y atención médica por parte del Gobierno; 14) insultos racistas por parte de personas no indígenas; 15) ataque con sustancias químicas; 16) daños a la propiedad; 17) agresión física; 18) ingreso/presencia de personas o peones con armas al Territorio y recuperaciones; 19) intento de ingreso de grupo de peones o personas; 20) extracción de madera y afectaciones a recuperaciones; 21) ingreso de ganado a recuperaciones; 22) intento de invasión a recuperaciones; 23) saqueo de patrimonio arqueológico; 24) omisión policial; 25) criminalización de la Fuerza Pública (amenazas de arresto); 26) agresión y abuso de autoridad de Fuerza Pública (golpes, uso de gases lacrimógenos) y 27) atrincheramiento en recuperaciones”.
