• Cuando Iván Duque llevó al congreso colombiano una reforma tributaria que aumentaba los impuestos a los trabajadores y a la clase media, no imaginaba que desataría un proceso de rebelión que cuestionaría las bases más profundas de un podrido régimen de neoliberalismo y guerra civil. Dos meses después, el fuego de la rebelión sigue ardiendo.

Renzo Fabb

Hace pocos días acaban de cumplirse dos meses desde que se realizó el primer paro nacional en Colombia en rechazo a la reforma tributaria que proponía Iván Duque.

La medida de fuerza acompañada por una inmensa movilización fue el disparador para que una fuerza social rebelde y callejera cuestione algo mucho más profundo que un proyecto de ley: las bases mismas del violento y represivo régimen político colombiano.

En aquel momento, probablemente ni el gobierno ni los propios organizadores del paro sabían que Colombia se estaba sumando a la lista que en los últimos años conformaron países como Chile, Ecuador, Estados Unidos, Líbano o Hong Kong: la ola de rebeliones había llegado, esta vez sí, al país cafetero. Y le explotó como una bomba en la cara al régimen.

Una chispa que encendió la pradera

El 28 de abril miles de Colombianos iban al paro y salían a la calle contra la reforma tributaria, en medio de una muy delicada situación sanitaria que tenía al sistema de salud al borde del colapso. En los días previos, la situación ya dejaba entrever señales de que algo grande estaba pasando.

El régimen intentó usar todos los resortes institucionales para frenar la convocatoria. Incluso el poder judicial declaró «ilegal» la movilización acusándola de promover los contagios, y ordenó que no se realice. El Presidente Duque, cínicamente, utilizaba la misma excusa para intentar desarticular la acción, y se tomó el atrevimiento de hablar en nombre del personal de salud para pedir que la gente no salga a las calles.

La respuesta fue contundente: el propio personal de salud llenó las redes sociales manifestando su apoyo al paro y a la convocatoria. Miles, cientos de miles de colombianos salían a las calles como había años no se veía.

Aunque el reclamo nuclear era el rechazo a la reforma tributaria, la inmensidad de la movilización ya mostraba que se trataba de un cuestionamiento más profundo. No eran sólo los impuestos: era también la pobreza, los bajos salarios, el arancelamiento educativo, la privatización de la salud, el asesinato sistemático de activistas y líderes campesinos, y la lista seguía.

El paralelismo con lo sucedido en Chile en 2019 se volvió inevitable. En aquella ocasión, un «inocente» aumento de las tarifas del metro fue simplemente la gota que derramó el vaso. De repente, la sociedad chilena había «despertado», y se propuso tirar abajo el régimen heredado de la dictadura de Pinochet. No importa cuantas veces el gobierno anunciara que se había retirado el aumento, ya era demasiado tarde.

En ese aspecto, Colombia fue un calco. Cuatro días consecutivos de paro y movilización bastaron para que Duque anunciara que retiraba el proyecto, llamando al consenso entre los distintos sectores.

Pero en el medio el régimen había mostrado, una vez más, su verdadera cara: las movilizaciones fueron respondidas con una represión feroz durante el día, y una verdadera cacería por la noche en los barrios populares de Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades.

De la mano del ESMAD, militares y bandas paramilitares, el gobierno intentó aplastar a la movilización por la vía represiva. El saldo, al día de hoy, deja varias decenas de muertos y más de 300 desaparecidos. Algunas ONGs reportan más de cuatro mil casos de violencia policial durante estos dos meses.

Es difícil establecer los números exactos de la represión porque el régimen se valió de métodos prácticamente terroristas: tercerizando parte de la represión en bandas narco-para-militares, atacando de noche, entrando a los domicilios, haciendo detenciones arbitrarias.

Lo cierto es que el intento del gobierno de aplacar la movilización por la fuerza hizo que le saliera el tiro por la culata. La indignación simplemente estalló, los reclamos superaron ampliamente el rechazo a la reforma tributaria ya que la represión dejó aun más claro todo lo que el pueblo repudiaba en las calles y en los bloqueos: no una medida, sino todo un régimen político.

Un enclave reaccionario en el continente

Es que la profundidad de la rebelión colombiana se debió también a que se trata de uno de los enclaves históricos más consolidados del neoliberalismo latinoamericano, a través de un régimen político que se apoya en la extrema militarización, la violencia e incluso elementos de guerra civil. Además, la política exterior colombiana hace décadas que se caracteriza por una subordinación total y vergonzosa a Estados Unidos.

Con la excusa de la guerra contra la guerrilla, y sobre todo a partir de la presidencia de Uribe, desde hace años que la política colombiana gira alrededor de la fuerza militar, sobre todo en las zonas rurales.

La intrincada alianza entre narcotráfico, fuerzas armadas y personal político han llevado a que Colombia tenga un régimen marcadamente autoritario, donde los partidos de la democracia se subordinan a ese entramado de poder descompuesto y extremadamente violento.

Colombia es el país con más desplazados internos del mundo. El asesinato de activistas campesinos que se resisten a ser expulsados de sus tierras es cotidiano. Las violaciones a los derechos humanos son constantes: el tenebroso registro de los «falsos positivos», es decir, civiles asesinados por los militares registrados falsamente como caídos en enfrentamientos armados, se calcula de varios miles. El ex presidente Santos admitió que, sólo entre 2002 y 2008, los militares asesinaron al menos a 6.400 civiles. Toda esta masacre fue presentada como la lucha contra la guerrilla y el narco.

Visto en esta perspectiva, esto explica por qué la respuesta del gobierno ante el paro fue tan brutal, pero también por qué la rebelión cuestionaba aspectos tan profundos del entramado político del país.

En esto también es posible continuar la comparación con Chile: ambos países son fuertes enclaves neoliberales en Latinoamérica, con una fuerte influencia y subordinación al imperialismo yanqui. En ambos casos, una protesta parcial conduce a un cuestionamiento de masas a ese ordenamiento político reaccionario bajo el que están ambos países hace décadas.

Pero en el aspecto de la brutalidad represiva el caso de Colombia es aun peor, y su respuesta a la rebelión fue tan violenta que incluso despertó un repudio a nivel internacional. Organismos como la ONU, la Unión Europea y hasta la cipaya y pro yanqui OEA tuvieron que emitir declaraciones condenando el «uso excesivo» de la fuerza por parte de la policía y los militares colombianos.

A través de las redes sociales, todas las noches miles de colombianos compartían al mundo crudas imágenes de lo que era la brutal represión, y durante varios días las consignas de «SOS Colombia» y «Nos están matando» tuvieron repercusión mundial. Fue un golpe político durísimo para el gobierno de Duque, que tuvo que alivianar un poco la respuesta represiva, sin abandonarla nunca del todo.

Un frágil equilibrio de fuerzas

¿Pero en qué situación ha quedado la rebelión que actualmente cumple dos meses? Junto con la reforma tributaria cayó también quien la había ideado, el ministro de economía. A los pocos días el gobierno también retiró la privatizadora reforma del sistema de salud, otra demanda que se hacía oír fuerte en las calles. Con todo, a pesar de que el propio Duque pareció tambalear en el poder, el gobierno ha logrado resistir, por ahora.

Las protestas se extendieron de manera ininterrumpida hasta el 15 de junio, cuando el Comité Nacional del Paro (un reagrupamiento de organizaciones sindicales, sociales, políticas y estudiantiles que convocó el primer paro del 28 de abril y luego todos los que le sucedieron) decidió suspender «temporalmente» las movilizaciones.

Aunque en un principio el CNP presentó una lista de demandas que expresaba la profundidad de la rebelión, rápidamente adoptó una estrategia negociadora con el gobierno, cuando todavía las calles seguían repletas. En Cali, el epicentro indiscutible de la rebelión, la consigna mayoritaria exigía -y exige- la salida de Duque. Así, muchos sectores comenzaron a desconfiar de la dirección del CNP.

La conformación de una «mesa de diálogo» con el asesino de Duque no tenía nada para ofrecer desde un principio, y efectivamente, nada se logró allí. De todos modos, el CNP sigue apostando actualmente a una estrategia basada en el «golpear para negociar», intentando encauzar la enorme fuerza de la rebelión por las alturas institucionales. A pesar del llamado a suspender las movilizaciones, en muchos lugares estas han continuado, lo que nos conduce a una de las valiosas consecuencias de la rebelión: nuevas formas de organización de los que luchan.

La propia organización de los bloqueos y piquetes ya exigió, de por sí, la organización desde abajo. Esa organización constante y cotidiana para organizar los bloqueos y la primera línea frente a la represión generó asambleas permanentes y comité de paros locales que continúan hasta hoy, un activo importantísimo a favor de la rebelión.

Se destaca, en particular, la conformación de la Asamblea Nacional Popular (ANP). Un mecanismo de democracia directa conformado en decenas de ciudades donde se asienta la rebelión, con epicentro, como siempre en Cali. En contraste con los líderes de las centrales sindicales y políticos del régimen como Petro que están ligados a la conducción del CNP, la Asamblea Nacional está nutrida de jóvenes estudiantes y trabajadores de las ciudades que le ponen el cuerpo a los piquetes y enfrentan la represión. No sólo organizan el paro de hecho, sino que discuten políticamente el balance y las perspectivas de lo logrado hasta el momento.

Se trata de formas embrionarias de organización popular surgidas de la rebelión, que recuerdan a las Asambleas Populares de Argentina en el 2001. Aunque la dirección de los organismos de masas continúa bajo la tutela de quienes conforman el CNP, la conformación de la asamblea es un importante punto de apoyo no sólo para la rebelión en sí, sino para discutir una reorganización social y económica del país alternativa al narcomilitarismo asesino y neoliberal que rige en Colombia.

La formación de nuevas formas de organización popular es parte ineludible del balance que deja estos dos meses de lucha. Pero también lo es la dureza de un régimen diseñado para la represión y el autoritarismo.

Esto implica que, a modo de conclusión, luego de dos meses la situación se encuentra en una suerte de stand by. El gobierno no logró derrotar a la rebelión, pero la rebelión tampoco pudo tirar abajo el gobierno, más allá de sus importantes triunfos parciales.

Se trata de un equilibrio de fuerzas que no deja de ser frágil, ya que las cuestiones de fondo planteadas por la movilización no fueron resueltas en absoluto. La llama sigue viva, y puede reavivarse en cualquier momento.