En esta ocasión, el proceso constituyente está liderado por la ultra-derecha, pero recientes sondeos de opinión indican que, muy posiblemente, la nueva propuesta de Constitución será rechazada por un holgado margen. Una situación inesperada, pues se esperaba que el bloque mayoritario de las derechas –la extrema y la tradicional- conseguirían encaminar el proceso de forma ordenada para los intereses de la gran burguesía chilena.
De la rebelión a la ultraderecha
El estallido de la rebelión popular en 2019 abrió una profunda crisis política en Chile, pues instaló un cuestionamiento masivo y por la izquierda al régimen de los último “treinta años”, es decir, al modelo de Estado neoliberal, subsidiario, extractivista y autoritario que heredó la dictadura pinochetista por medio de la Constitución de 1980, la cual se mantuvo vigente debido a la transición pactada que permitió la redemocratización burguesa a inicios de los años noventa (aunque posteriormente fue reformada levemente).
A pesar de la fuerza que demostró en las calles, la rebelión fue derrotada por dos motivos principales. En primer lugar, las maniobras de la burguesía chilena para cooptar el proceso constituyente hasta vaciarlo de todo contenido progresivo; por el otro, la traición abierta a la rebelión por parte de la “izquierda” reformista, en la cual jugó un papel fundamental Gabriel Boric, tanto en su rol de diputado de “oposición” que impulsó el acuerdo con el gobierno para desmontar las protestas y dilatar por varios años el “proceso constitucional”, así como en su actual faceta de presidente, pues mantuvo incólume el aparato represivo heredado por la dictadura (que utilizó en varias ocasiones para reprimir manifestaciones), no avanzó un centímetro en resolver las demandas del pueblo mapuche y, más recientemente, se sumó a los discursos antinmigración y de “mano dura” contra la delincuencia agitados por la derecha.
A raíz de eso, la primera Convención Constituyente surgió como un organismo mutilado, pues nunca contó con atributos de soberanía política, dado que continuó intacto el poder burgués representado por el gobierno en el “Palacio de La Moneda” (primero con Piñera y después con Boric). Aunado a eso, dicho organismo constitucional fue supeditado a un engorroso y extenso calendario electoral: desde el momento en que se firmó el acuerdo para convocar la Constituyente (15 de noviembre de 2019) hasta la realización del plebiscito donde se rechazó el primer proyecto de constitución (04 de setiembre del 2022), mediaron 31 meses de diferencia, entre los cuales se realizaron varias elecciones para determinar la modalidad de trabajo y la elección de sus integrantes. Asimismo, en ese largo intervalo tuvo lugar la pandemia, un fenómeno que potenció las tendencias reaccionarias a nivel mundial.
Lo anterior, explica el fortalecimiento de la ultra-derecha agrupada en el Partido Republicano (PR) que dirige José Antonio Kast, el cual se presentó desde un inicio como el partido de la contra-rebelión y defensor acérrimo del orden constitucional vigente. Esta agrupación fue la gran vencedora del rechazo al primer borrador constitucional y, paradójicamente, unos meses más tarde se transformó en la fuerza mayoritaria del “Consejo Constitucional”, denominación pomposa que recibió el órgano sucesor de la “Convención” y encargado de redactar otro proyecto de constitución.
En las votaciones de mayo pasado se eligieron los cincuenta integrantes del Consejo. El PR conquistó una representación de veintidos constituyentes, número suficiente para ser mayoría simple y quedar muy cerca de la calificada, la cual alcanzó en reiteradas ocasiones con los votos prestados de la derecha tradicional; además, contó con la fuerza suficiente para ejercer el poder de veto. Por su parte, el oficialismo agrupado en la coalición “Unidad para Chile” (Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista) quedó en segundo lugar con diecisiete representantes. Por último, la llamada “derecha tradicional” se presentó unificada en la coalición “Chile Seguro”, conformada por Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), se ubicó en tercer lugar al obtener once representantes constitucionales.
De esta forma, la exigencia de una nueva constitución que surgió de una combativa rebelión protagonizada por la juventud chilena y con amplio apoyo entre las masas explotadas y oprimidas, terminó bajo la tutela de la ultraderecha que, desde el principio, se presentó como enemiga de cualquier cambio constitucional y defendió el legado de la dictadura de Pinochet.
Una estafa constituyente
A pesar de la derrota de la rebelión y del rechazo contundente al primer borrador de nueva constitución, la crisis política en Chile continúa abierta. Hay consenso en que la constitución vigente no tiene legitimidad social, tanto por su origen autoritario, pero también porque no resuelve los problemas cotidianos de las grandes mayorías explotadas y oprimidas, hartas de un voraz capitalismo neoliberal donde las pensiones, educación y salud están privatizadas.
En suma, hay una ruptura del “contrato social” y eso genera incertezas sobre el rumbo del país; una situación que alimenta la polarización política y mina las bases de apoyo para la gobernabilidad burguesa. Por ese motivo, el Consejo Constitucional surgió con un objetivo claro: garantizar la restitución constitucional. Para ese fin se establecieron una serie de filtros que, básicamente, anularon por completo los atributos constituyentes del órgano, es decir, su capacidad de refundar el país. Para explicarnos mejor, veamos el organigrama del actual proceso estipulado en el “Acuerdo por Chile”.
Primeramente, se establecieron “12 Bases Constitucionales” para restringir el marco de deliberación y resolución de las reformas. Entre esas bases se reafirmó el aparato represivo heredado por la dictadura (Fuerzas Armadas, Carabineros, etc.) y la facultad de decretar estados de excepción; se mantuvo la estructura bicameral del Poder Legislativo con el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas; también se incluyó la promoción del “desarrollo social” de la mano de “instituciones públicas y privadas” (es decir, no atentar contra la privatización de los servicios sociales básicos).
En segundo lugar, se conformó una “Comisión Experta” con veinticuatro personas de “indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica”, siendo que una mitad la eligió la Cámara de Diputados y Diputadas y la otra el Senado, tomando como criterio la proporción representativa de los distintos partidos que integran esos órganos legislativos. La principal labor de esta comisión fue la redacción de un anteproyecto de constitución, la cual fue elaborada en los marcos de las “12 bases” y entregada al Consejo como texto base para desarrollar los debates pseudo-constituyentes.
En tercer lugar, está el Consejo Constitucional que, como indicamos previamente, está conformado por cincuenta concejales, cuyo objetivo fue discutir el borrador presentado por la Comisión Experta y aprobar una versión “final”, la cual retornaron nuevamente a dicha comisión el pasado 07 de octubre, para que realice las observaciones del caso y retorne el texto al Consejo (se prevé que eso suceda entre el 13 y 15 de octubre), donde será votado en su versión definitiva.
Por último, también se creó un “Comité Técnico de Admisibilidad” integrado por 14 juristas notables, los cuales fueron electos por el Senado a partir de una sugerencia de la Cámara de Diputados y Diputadas. Su tarea es muy concreta: ser un árbitro que revise las normas aprobadas por la Comisión Experta y el Consejo Constituyente, para así garantizar que no trasgredan los límites impuestos por las bases constitucionales. Por ejemplo, a ningún órgano se le podría ocurrir eliminar el Senado o la Cámara de Diputados, o suprimir a los Carabineros, pues eso sería considerado como inadmisible por este comité.
Visto lo anterior, es claro que el actual proceso no tiene un ápice de constituyente, pues fue concebido para restituir la gobernabilidad burguesa y obstruir cualquier espacio para democratizar la estructura social, económica y política del Estado chileno. Por ese motivo, se establecieron una serie de mecanismos o filtros para impedir que el debate se saliera de los parámetros pre-determinados por la burguesía, aunque el peligro de que eso ocurriera era prácticamente nulo, dada la composición reaccionaria y conservadora de todos los organismos constituyentes.
El Consejo Constituyente giró a la derecha
Como era predecible, el Consejo Constituyente giró demasiado a la derecha bajo la conducción mayoritaria de los Republicanos, y, con el apoyo de la derecha tradicional, aprobaron un proyecto de constitución que combina la ortodoxia neoliberal en el plano económico, con rasgos autoritarios en el régimen político y reaccionarios en derechos democráticos. La ultraderecha tuvo éxito en introducir modificaciones sustanciales al texto de consenso que elaboró la Comisión Experta, las cuales ahora son foco de tensión con el oficialismo y figuras del “centro neoliberal” tradicional (por ejemplo, la presidenciable Michelle Bachelet).
El cambio más polémico es la reformulación del artículo 1 que presentó la Comisión Experta. En su versión original indicaba que “Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho (…)”; pero en el Consejo se varió levemente su redacción de la siguiente forma: “el Estado de Chile es social y democrático de derecho (…)” (además, pasó a ser el segundo artículo). ¿Por qué un cambio tan sutil genera tensión? Como reza el adagio popular “el Diablo está en los detalles”, y, para el caso de este artículo, ese juego de palabras remite al debate sobre la participación del Estado en la economía y el ofrecimiento de servicios sociales. La intención de los republicanos y la derecha es bloquear cualquier cuestionamiento sobre el carácter subsidiario del Estado chileno, para así resguardar los intereses del capital privado en áreas tan sensibles como las pensiones, salud y educación pública, así como en el control de recursos naturales estratégicos (agua, cobre o litio en el futuro)[1].
El oficialismo, por su parte, alega que dentro del texto constitucional existen dispositivos subsidiarios que cubren a las empresas privadas en pensiones, salud y libertad de enseñanza. Es decir, no cuestiona la privatización de esos servicios claves ni presiona por su reestatización en el marco del debate constitucional, algo básico considerando que dichas privatizaciones son herencia de la dictadura de Pinochet.
Asimismo, la ultraderecha impulsó una enmienda reaccionaria contra el derecho a huelga. La bancada de los republicanos sustituyó el primer inciso del artículo 26, modificando levemente la frase original donde se consignaba el derecho “a la negociación colectiva y a la huelga”, por el siguiente: “y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva”. Nuevamente, un juego de palabras que, a criterios de los especialistas en derecho constitucional, delimita el derecho de huelga solamente para exigir convenciones colectivas, siendo inconstitucionales las huelgas por reivindicaciones salariales, reducción de jornada de trabajo u otras por temas políticos de importancia social (por ejemplo, contra la represión de las luchas o sumarse a un nuevo proceso de rebelión popular). Pero las restricciones no terminan ahí, pues el Consejo aprobó otra enmienda donde reconoce la “negociación colectiva” como un “derecho de los trabajadores”, aunque inmediatamente establece “salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar”.
También, se prohibió la huelga para los trabajadores estatales y los que atiendan servicios de utilidad pública (en empresas pública o privadas), es decir, que en caso de ser paralizados puedan afectar la salud, abastecimiento, economía y seguridad del país. Un criterio sumamente ambiguo que, en los hechos, prohíbe el ejercicio efectivo de la lucha sindical para la enorme mayoría de trabajadores y trabajadoras chilenas. En razón de eso, la burocracia de la CUT declaró que “la extrema derecha está desconociendo a la sociedad civil organizada”.
Para no dejar dudas sobre su carácter de ultraderecha y reaccionario, el Consejo rechazó la propuesta donde se prohibía el derecho a sindicalización, negociar colectivamente y ejercer el derecho a huelga de quienes integren las Fuerzas de Orden y Seguridad y las Fuerzas Armadas. Así, bajo estos criterios, una enfermera o trabajador de limpieza de un hospital no tiene derecho a huelga por desempeñar un “servicio de utilidad pública” (o esencial, como se denomina en otros países), pero sí lo pueden hacer las fuerzas represivas chilenas, reconocidas por su vocación represivas y violatoria de los derechos humanos[2].
De igual forma, la ultraderecha no se olvidó de atacar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por ejemplo, en la Constitución vigente se indica que “la ley protege la vida del que está por nacer”, lo cual fue modificado por “la ley protege la vida de quien está por nacer”. Aunque a primera vista parezca insignificante, ese cambio de redacción abre un portillo para que no se aplique la ley de aborto por tres causales que rige en Chile desde 2017.
No satisfechos con eso, los republicanos elevaron a rango constitucional la objeción de consciencia individual e institucional, lo cual no sólo pone en peligro la aplicación de la ley de aborto arriba mencionada, sino también la entrega de anticonceptivos de emergencia o la enseñanza de la educación sexual (bastante limitada en Chile), entre otros derechos. Según los especialistas en derecho constitucional, esta medida tiene el potencial de desarticular la implementación de los derechos democráticos, pues faculta que instituciones como centros médicos o de enseñanza privados cristianos (con enorme cobertura en un Estado “subsidiario” y conservador), apelen a la objeción de consciencia para no cumplir con leyes específicas en favor de grupos oprimidos o por ser consideradas “ideologías de género”[3].
Aunado a eso, hay otras enmiendas constitucionales bastantes autoritarias, como la incorporación de la Ley Naín Retamal que habilita el “gatillo fácil” para las fuerzas represivas; la anulación del pago de contribuciones a la primera vivienda, una medida que favorece a la burguesía y sectores con mayor poder adquisitivo; o la expulsión inmediata de inmigrantes que ingresen de forma regular o por pasos no habilitados.
Dudas y debates de cara al plebiscito
El texto aprobado por el Consejo Constituyente fue reenviado a la Comisión Experta, la cual realizará nuevas sugerencias de cambios y reenviará el texto nuevamente al Consejo a inicios de la próxima semana. Dado que los republicanos tienen poder de veto en este órgano, todo indica que las sugerencias que va realizar la Comisión serán negociados previamente con Kast y sus representantes, pues, de lo contrario, no tendrán viabilidad alguna.
Debido a eso, el proceso de restitución constitucional está en una situación compleja, porque los republicanos giraron mucho a la derecha y, según los sondeos de opinión, una amplia mayoría de la población está en contra de aprobar la nueva constitución en el plebiscito programado para diciembre. De acuerdo a una encuesta de Plaza Pública Cadem, publicada el 1º de octubre, el apruebo obtendría un 24%, superado ampliamente por el rechazo por el cual votaría un 54% (una diferencia de 30 puntos porcentuales). Ante estas cifras tan abrumadoras, pareciera que ningún partido o figura política quiere asumir a fondo la defensa del Apruebo, pues corre un amplio riesgo de salir derrotado en la votación.
El más presionado en este momento es Kast, quien, a pesar de ser un opositor acérrimo de cambiar la constitución durante la rebelión popular, contradictoriamente quedó al frente del proceso actual porque los republicanos fueron el partido más votado para conformar el Consejo Constituyente. Eso explica su ambivalencia durante gran parte del proceso de discusión, pero hace unas semanas declaró públicamente que apoyaría el apruebo, en gran medida porque su figura está directamente ligada al borrador constitucional. De hecho, algunos estudios señalan que su figura se desgastó en estos meses, siendo que su imagen cayó un 10%.
Ante eso, la apuesta de Kast es darle vuelta a las encuestas, aprobar la nueva constitución y presentarse como el “hombre fuerte” que pudo cerrar la crisis política. Se aferra a algunos sondeos de opinión, en los cuales la diferencia se estrecha abruptamente cuando se explica el contenido del proyecto a votación: un 38% rechaza y un 36% aprueba.
Pero es una apuesta riesgosa, porque prácticamente todos los partidos se oponen al borrador constitucional aprobado por el Consejo, incluyendo a los sectores más radicales de los republicanos. Por ejemplo, la fracción liderada por el senador Rojo Edwards, solicitó a los consejeros constitucionales republicanos que “aborten elegantemente” el plebiscito, impidiendo que la propuesta constitucional final alcance los 3/5 de los votos que precisa para ser llevada al plebiscito.
En el caso del gobierno Boric y el Partido Comunista (PCCh), su postura es apoyar el texto de consenso que originalmente presentó la Comisión Experta hace varios meses, enel cual se mantienen intactos los pilares del capitalismo neoliberal, autoritario y extractivista diseñado por la dictadura. En el caso del gobierno, se especula que baraja ingresar el anteproyecto de los “expertos” como reforma constitucional al Congreso. El PCCh, aunque inicialmente criticó dicho anteproyecto, ahora lo apoya como una posible “tabla de salvación” ante la propuesta de la ultraderecha. Nuevamente, el arco del reformismo chileno demuestra su sometimiento total a la lógica institucional del régimen burgués, por lo cual son incapaces de apelar a la movilización del movimiento de masas para derrotar a los republicanos. Por el contrario, su estrategia es buscar al “mal menor” y presionar a la ultraderecha con un texto constitucional burgués; una lógica posibilista que sólo conduce a derrotas tras derrotas a las masas explotadas y oprimidas de Chile.
También, hay críticas desde la derecha tradicional. Evelyn Matthei, actual alcaldesa de Providencia y principal carta presidencial de la Unión Democrática Independiente (UDI, parte de la coalición Chile Vamos), recientemente declaró que el actual proceso constitucional “va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos”. Es decir, el gobierno de Boric y el PCCh tienen la misma estrategia de la derecha tradicional para “enfrentar” la constitución de los republicanos.
Por todo lo anterior, caracterizamos que este nuevo proceso que surgió con el objetivo de restituir el orden constitucional en Chile entró en crisis. A sabiendas de eso, los partidos del régimen –incluidos los Republicanos- empezaron negociaciones entre sus direcciones nacionales, en aras de consensuar un proyecto que sea potable para todas las partes y cerrar filas de cara al plebiscito. Es decir, presentar un proyecto de nueva constitución de “unidad nacional” y, de esta forma, tratar de que sea aprobado en diciembre.
Por el rechazo a la nueva constitución
Desde la corriente internacional Socialismo o Barbarie (SoB) nos posicionamos por el rechazo al borrador de nueva constitución que se presente a votación en el plebiscito de diciembre. Sea en su versión republicana o consensuada, mantendrá intactos los pilares del capitalismo neoliberal chileno, ante el cual las masas explotadas y oprimidas chilenas lucharon heroicamente durante la rebelión popular.
Además, un triunfo del apruebo también será una victoria de Kast y sus aspiraciones presidenciales para las próximas elecciones. El gobierno de Boric y el PCCh, en caso de consensuar un borrador constitucional y sumarse a una eventual campaña de “unidad nacional” por el apruebo, serán “furgón de cola” del fortalecimiento de la ultraderecha representada por los republicanos, sumando una “estrella” más en su largo currículo de traiciones al movimiento de masas.
Por eso, encontramos necesario impulsar una campaña clasista e independiente para derrotar la nueva constitución. En el plano táctico eso se puede traducir en un llamado al rechazo o por la abstención (nos decantamos por la que sea mejor para evitar que gane el apruebo), pero lo determinante será vincular la oposición al borrador constitucional con las reivindicaciones más sentidas por la clase trabajadora, las mujeres, la juventud, el pueblo mapuche, entre otros sectores. Lo anterior, con la perspectiva de que la campaña trascienda los límites electorales, transformándose en un punto de apoyo para reorganizar al movimiento de masas y salir a luchar contra los ataques reaccionarios impulsados por Kast y los republicanos, así como retomar las banderas de lucha de la rebelión popular que fueron traicionadas por el gobierno de Boric.
Fuentes consultadas
De La Fuente, Antonieta. “El sistema de salud privado en Chile agudiza su crisis tras un nuevo fallo adverso de la Corte Suprema”. En https://elpais.com/chile/2023-08-11/el-sistema-de-salud-privado-en-chile-agudiza-su-crisis-tras-un-nuevo-fallo-adverso-de-la-corte-suprema.html (Consultado el 13 de ocubre de 2023).
García-Huidobro, Luis Eugenio. Por qué es tan problemática la objeción de conciencia institucional. En https://elpais.com/chile/2023-10-01/por-que-es-tan-problematica-la-objecion-de-conciencia-institucional.html (Consultada el 13 de octubre de 2023).
Homedes, N. y Ugalde, A. “Privatización de los servicios de salud: las experiencias de Chile y Costa Rica”. En https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112002000100008 (Consultada el 13 de octubre de 2023).
Sanhueza, Ana María y Montes, Rocío. “Los socialistas y la derecha tradicional intentan salvar el proceso constituyente en Chile”. En https://elpais.com/chile/2023-09-26/la-politica-chilena-intenta-contra-reloj-salvar-el-proceso-constituyente.html (Consultada el 03 de octubre de 2023).
______________________________. “Kast y el proyecto de nueva Constitución: “Tenemos una oportunidad inmejorable para cambiar el futuro de Chile”. En https://elpais.com/chile/2023-10-03/kast-y-el-proyecto-de-nueva-constitucion-tenemos-una-oportunidad-inmejorable-para-cambiar-el-futuro-de-chile.html (Consultada el 03 de octubre de 2023).
______________________________. “Las claves del proceso constitucional de Chile: una cuenta atrás decisiva para la democracia”. En https://elpais.com/chile/2023-10-04/las-claves-del-proceso-constitucional-de-chile-la-cuenta-decisiva-para-la-democracia-chilena.html (Consultada el 10 de octubre de 2023).
Thielemann Hernández, Luis. “Un momento de consolidación del Estado oligárquico-liberal?”. En https://brecha.com.uy/un-momento-de-consolidacion-del-estado-oligarquico-liberal/ (Consultada el 05 de octubre de 2023).
Titelman, Noam. “Chile y la maldición del vencedor. ¿Hacia un nuevo rechazo constitucional?”. En https://nuso.org/articulo/chile-y-la-maldicion-del-vencedor/ (Consultada el 05 de octubre de 2023).
Por el contrario, durante estos meses el gobierno Boric se abocó a salvar a las aseguradoras de salud privadas (conocidas como las isapres), las cuales aducen estar en “crisis” a raíz de varias sentencias de la Corte Suprema que, entre otras medidas, estableció un precio máximo para el cobro de los paquetes de Garantías Explícitas en Salud (GES, los cuales cubren 87 tipos de enfermedades) y, además, les impuso un pago retroactivo por los cobros excesivos que realizaron en contra de sus asegurados, estimado en unos 1.400 millones dólares por la Superintendencia de Salud.
Debido a eso, las isapres aducen estar al borde de la crisis, algo incomprensible considerando que operan con márgenes de rentabilidad del 20% y costes administrativos también del 20%. Entre 2019 y 2022, facturaron unos 2.821 millones de dólares únicamente por concepto de la “prima GES”, pero solamente gastaron 829 millones de dólares para cubrir el tratamiento de las 87 enfermedades de sus asegurados. A pesar de eso, las aseguradoras privadas reportaron “pérdidas” por 169 millones de dólares en 2022 y adeudan otros 600 millones de dólares a clínicas privadas.
¡Una estafa colosal a costa de la salud de gran parte de la población chilena! Además, es un modelo “mixto” claramente desigual que privilegia a los sectores con más recursos del país. Las isapre cubren a un 22% dela población (algunos datos indican que es el 17%), pero consumen el 43% de la atención médica del país.
Ante eso, el gobierno impulsa un proyecto de ley para que las aseguradoras privadas informen el número exacto de contratos que fueron cobrados de forma excesiva y, a partir de ese dato, presentar un plan para reponer el pago de la deuda, ya sea con dinero o con la prestación de más servicios. Nada de cárcel y castigo para los estafadores; mucho menos expropiar a esas empresas que funcionan como verdadero “crimen organizado”.
[1] El concepto de Estado Subsidiario está vinculado a la escuela neoliberal de Chicago, la cual tuvo una influencia directa en el diseño de la economía chilena durante la dictadura de Pinochet. Su principio central es la no intervención estatal en las actividades económicas desarrolladas por particulares (individuos o empresas), y, por el contrario, aboga por el fomento de la iniciativa privada en todas las áreas posibles (educación, salud, pensiones, servicios energéticos y agua). De esta forma, el Estado solamente debe intervenir en los sectores donde la economía privada no pueda hacerlo, ya sea por sus limitaciones o por la poca rentabilidad. Es una forma elegante de plantear que todas las actividades lucrativas tienen que privatizarse, dejando como ámbito de lo público el aparato represivo (policía, ejército, jueces).
[2] En el caso de los sindicatos policiales de los Estados Unidos, la negociación colectiva es utilizada para garantizar salvaguardas contra procesos judiciales o administrativos en casos de denuncias por uso excesivo de la fuerza o incluso la muerte de detenidos. Al respecto, sugerimos la lectura de nuestro artículo Sobre la naturaleza de los cuerpos policiales y la política de la izquierda ante los levantamientos policiales.
[3] En sus inicios, la objeción de consciencia fue utilizada como una herramienta legal para resolver situaciones muy concretas, como recusarse a prestar servicio militar o luchar en una guerra por motivo de sus creencias personales o religiosas. Pero la ultraderecha la utiliza en la actualidad para reabrir debates que ya fueron discutidos y zanjados democráticamente, con la finalidad de evitar la implementación de derechos de minorías o grupos oprimidos. Es decir, instrumentalizan la objeción de consciencia para reabrir el debate sobre normativas inclusivas, para lo cual se presentan como una minoría objetora que no puede ser obligada a ejecutar un trabajo o servicio que vaya contra sus creencias.
