Johan Madriz

Como si fuera una subasta los candidatos presidenciales pujan por ver cuál ofrece una cifra de generación de empleo mayor. Este es el caso de Fabricio Alvarado de Nueva República y José María Figueres del PLN. El primero ofreció 451 mil empleos, mas que duplicando a Figueres que previamente había anunciado un plan para generar 200 mil. Por el momento solo estos dos candidatos han confirmado sus expectativas de empleos.

Si estas promesas fueran reales y tan sencillas como ambos las pintan, pues ¿por qué no instan a que se apliquen ya?, sencillamente porque son pura fantasía. Cada cuatro años asistimos a la sucesión de promesas para generar empleo y una tras otra vez no se alcanzan los resultados.

En el caso de Figueres anunció su plan “911 del empleo” que pretende generar 200 mil empleos con la inversión de $2 mil millones, con esto, supuestamente el desempleo pasaría del 17% a 9% para 2023, pero, además, lo lograría sin endeudar al país.

Al analizar los ejes del plan se notan contradicciones y falsedades, por no mencionar los efectos de las propuestas. La principal área es la de vivienda, donde se pretende una inyección de $600 millones en subsidios para construcción de casas con dineros del Fodesaf, justamente una institución que sería desfinanciada con la rebaja de las cargas patronales de la seguridad social que, tanto el gobierno actual como Figueres, están impulsando.

Por otro lado, está la intensión de crear y utilizar un Fondo de Avales (proyecto que ya está en trámite) para que las empresas de turismo creen 50 mil empleos. La intención es que las empresas puedan acceder a créditos en el sistema bancario teniendo como respaldo el fondo, este estaría constituido por un préstamo de $300 millones del BCIE (endeudamiento) y $300 millones que aportarían el BNCR y BCR. Asimismo, aprobaría ampliar los plazos de reducción de jornada para trabajadores de esta área. El sector turismo es el único al que se le ha extendido esta medida y actualmente está vigente hasta por un año más, es decir estos trabajadores estarían mas de dos años sin sus salarios completos.

El ultimo eje que mencionaremos es el de conectividad, que procura que el ICE construya la red de “última milla” con dineros del Fonatel para que después todos los proveedores de servicios de telecomunicación la puedan usar, es decir, utilizar dineros públicos para el usufructo de empresas privadas.

Por su parte, los planteamientos de Fabricio Alvarado son menos detallados y remiten a los lugares comunes que todos los gobiernos repiten: invertir en infraestructura y conectividad, apoyar al sector turístico donde se generarían mágicamente 225 mil empleos, disminuir los costos de la electricidad y los precios de los combustibles. Además, atacar la tramitología mediante una ventanilla única digital para que “el Estado sea un aliado, sea un socio y no sea también un bloqueo para las empresas”. Con esto pretende que al final de un posible gobierno suyo el desempleo sea de 6%, cifra histórica que desde hace décadas no se alcanza.

El desempleo, subempleo, informalidad y precarización son de los principales problemas que día a día afectan a los sectores populares. En el último reporte del INEC se determinó que el desempleo alcanzó el 17.4% en julio y un 43.8% de informalidad. Ante esto las supuestas soluciones de los empresarios siempre son desregulación, una “reactivación económica” que simplemente significa reducir derechos, bajar o eliminar impuestos a la propiedad y las ganancias, asegurarles a las zonas francas que podrán seguir bajo su régimen saqueador o recurrir al extractivismo (minería, pesca de arrastre, explotación petrolera).

Para acabar con el desempleo es necesaria una economía planificada. Se debe avanzar en un plan de construcción de obras públicas a cargo del MOPT y el ICE para generar empleo genuino y erradicar la pobreza, orientando especialmente a la juventud y las mujeres, sectores con las mayores tasas de desempleo en el país. Este plan se financiaría fácilmente si se aplican medidas fiscales sobre el capital, las fortunas y contra los evasores. Además, potenciaría el desarrollo económico del país, al avanzar en solucionar los problemas de infraestructura vial, vivienda, etc.

Las propuestas de la burguesía nunca serán para beneficiar a la clase trabajadora, se pueden disfrazar, si, pero en el fondo siempre aseguran que los de arriba sigan ganando a costa de los de abajo. Así lo dejó claro Lineth Saborío, candidata del PUSC, en un reciente debate en la UCCAEP: “quiero al lado de esto pensar efectivamente en gobernar de la mano del sector privado”. La opción para la clase trabajadora, para las mujeres y la juventud es cuestionar todo, es una opción anticapitalista donde los derechos estén por encima de las ganancias.