• Un nuevo escándalo por aplicación para recopilar información de quienes se oponen al gobierno. ¡Cierre inmediato de la DIS! ¡Alto a la persecución de quienes luchan!

Johan Madriz

Un nuevo escándalo cae sobre el gobierno tras darse a conocer que durante la administración de Luis Guillermo Solis se solicitó crear una aplicación para recolectar información sobre los conflictos sociales y quienes participaban de ellos.

Se trata de un convenio suscrito en diciembre de 2017 entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (a petición del gobierno) y la Fundación Neotrópica para el diseño de un software que funcionaría como una base de datos con información de todo el aparato estatal, los conflictos sociales y las personas que intervenían. El proyecto fue financiado con 10 mil dólares de la ONU y fue impulsado por el entonces director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mariano Figueres.

Lo primero que resulta extraño es que se le asignara esta tarea a Neotrópica, ya que, esta es una organización relacionada a la conservación ambiental. Su misión es “la concertación y autogestión social para la conservación y la distribución justa y equitativa de los beneficios que generan los recursos naturales”. Una explicación podría ser la relación de la fundación con grupos y organizaciones ecologistas y, a su vez, el vínculo de estas con otros movimientos sociales. En declaraciones al Semanario Universidad, Henry Picado, expresidente de FECON comentó que Neotrópica solicitaba llenar “fichas de conflictos” con información de las personas que participaban (en su caso particular aclaró que no lo realizó).

El plan de trabajo determinaba que al desarrollarse la herramienta esta pasaría a formar parte del Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (SART), sin embargo, según el gobierno no fue aceptado el producto entregado y por tanto nunca se utilizó, en su lugar, supuestamente, se manejaron hojas de excel. Sea esto verdad o no, lo cierto es que existía la intención de recopilar información sobre quienes protestaban contra el gobierno para desarrollar funciones de inteligencia.

El SART fue un mecanismo bastante oculto, adscrito al Ministerio de la Presidencia y que recibía información de 40 instituciones públicas. En respuesta a Universidad el Viceministerio en Asuntos Políticos y Dialogo Ciudadano explicó que este fue un “esquema de coordinación para la identificación temprana de las demandas sociales insatisfechas que inició en 2015 y concluyó en 2020”.

A pesar de existir desde 2015 el SART no fue expuesto públicamente sino tras el escandalo de UPAD. En ese momento, CRHoy determinó que existía una estrecha relación del mecanismo con la DIS. En setiembre de 2017 en un alcance de La Gaceta se menciona que hay un flujo de información entre la DIS y el SART: “a partir de la transferencia oportuna de inteligencia que anticipe y prevenga acciones a favor de la seguridad ciudadana y nacional. […] Se pretende lograr la detección y resolución de alertas de respuesta temprana sobre movimientos sociales y la prevención y disminución de riesgos a la seguridad nacional”.

Posteriormente, en mayo de 2019, en una orden de modificación presupuestaria firmada por Carlos Alvarado y la entonces ministra de Hacienda Rocío Aguilar, se establece como una de las prioridades gubernamentales en cuanto a la seguridad “combatir el delito mediante la consolidación del mecanismo SART para la atención y alerta temprana de conflictos sociales”.

De esta forma, hay un ligamen directo entre el SART y la policía política dependiente de la Presidencia de la Republica. Además, se equipara la protesta social con el crimen, ya que para el gobierno ambos representarían un riesgo a la seguridad del país. Es bajo esa lógica que Carlos Alvarado ha funcionado: sin negociar o haciéndolo ficticiamente con el único fin de desmovilizar, asumiendo posturas autoritarias, restringiendo al máximo las posibilidades de organización y huelga de los sectores trabajadores, persiguiendo y criminalizando a quienes luchan y espiando.

Este no es un hecho aislado y por el contrario ya tiene un precedente en el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que fue cerrada en 2020 tras descubrirse que recopilaba y manejaba datos confidenciales de las personas y por lo cual actualmente está querellado el presidente. Todos estos esquemas tienen sobre si un gran paraguas que es la DIS que desde su creación a funcionado como una policía para perseguir a las personas opositoras al gobierno. Es por esto por lo que a la par de desarmar todo el aparato de espionaje gubernamental hay que cerrar de una vez por todas la DIS.