• Los empresarios más ricos tienen en común el hecho de que eluden o evaden impuestos
  • Hay que crear impuestos a las riquezas para pagar la crisis

Alejandro Arguedas

En un artículo del Semanario Universidad (SU) del 21 de abril de este año, se menciona a los tres empresarios ticos más ricos de Centroamérica y sus deudas con el país. Entre estos figuraron Rodolfo Jiménez Borbón, Carlos Cerdas Araya y Steve Aronson; los dos primeros cuentan con acciones de compañías fundadas en paraísos fiscales, lo cual les ha permitido evadir las leyes tributarias de este país. Además, a Jiménez Borbón se le dio una amnistía tributaria con la que se le perdonó un cobro de ¢112 millones en impuestos a cervezas nacionales y extranjeras que no había pagado. Al tercer empresario se le concedió poner a su empresa bajo un régimen de zona franca, lo cual le ha permitido evitar el pago de impuestos sobre la renta, importaciones ni exportaciones.

A estos tres empresarios se les suman varios más, como los seis miembros de la UCCAEP que en total le deben ₡284,449,075 a la CCSS y se niegan a dar un aporte solidario para combatir la pandemia, y las grandes empresas de capital extranjero, como Del Monte Foods y Chiquita Brands International, que explotan los recursos naturales del país sin  casi pagar impuestos.

Es claro que una de las soluciones es aplicar medidas más estrictas contra la evasión de impuestos y dejar de conceder amnistías tributarias a los grandes empresarios, quienes también ocupan puestos de poder en el gobierno o tienen influencia en este. Sin embargo, de este estudio del SU se puede concluir que también debe ser colocada sobre la mesa la propuesta de impuestos a las zonas francas. Lo que le da a varias empresas bajo el régimen de zona franca la posibilidad de evitarse el pago de impuestos es su rol en la fabricación de productos para la canasta básica o de consumo indispensable.

El problema de esto es que en situaciones de crisis como el presente déficit fiscal sumado a los problemas económicos generados por la pandemia, la medida que aplica el gobierno para enfrentar la crisis es el aplicar impuestos al consumo, para no aplicarlos directamente a las riquezas de los grandes capitalistas. Así los principales afectados son la clase trabajadora, con el aumento del costo de la vida, y los pequeños productores, muchos de los cuales se han visto en la obligación de cerrar sus negocios, lo cual contribuye a la monopolización de la producción en cada vez menos manos.

Por supuesto, a estos se le deben sumar impuestos al patrimonio de las grandes empresas. En el artículo del SU se menciona, citando un cálculo del economista Lorenzo Ramírez, que un impuesto al 1% del patrimonio de FIFCO, Grupo Nación y Grupo Britt, sería posible financiar alrededor de 76.000 ‘ayudas’ del Plan Proteger de ¢62.500. Nótese que esto se recaudaría solo si el pequeño impuesto fuera para esas tres empresas, ¿cuánto podría ser con ese impuesto para todas las grandes empresas?

Recordemos que una persona trabajadora cualquiera debe pagar un impuesto de 13% de IVA en la mayoría de productos que consume pagando con su salario, es decir sus “ganancias” por su actividad laboral. ¿Si la clase trabajadora debe pagar un impuesto del 13% para aportar a la economía nacional, porque los empresarios millonarios no pagan ese mismo porcentaje sobre sus ganancias?

No es imposible que con un impuesto del 13% al patrimonio y a las ganancias de todas las empresas grandes presentes en Costa Rica y las zonas francas, más la revocatoria de las amnistías tributarias a los grandes evasores y elusores fiscales, se llegue a tener una suma monetaria suficiente para atender la crisis provocada por el capitalismo y agudizada por la pandemia.


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