Exclusión digital: el 25% de los hogares pobres no tienen internet

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  • La exclusión tecnológica se debe a factores estructurales de la sociedad costarricense donde se mantienen a ciertos grupos y regiones apartados del crecimiento económico del país.

Johan Madriz

Este forma parte de una serie de artículos donde examinamos los resultados del Informe Estado de la Nación (IEN) 2021 que fue publicado a mediados de noviembre.

El acceso a tecnología y dispositivos es esencial en un mundo cada vez mas conectado y mas digital. La pandemia expuso las grandes desigualdades sobre el tema y cómo, una vez más, se trata de un elemento que no es simplemente técnico sino político. “En la era de la información, la conectividad se ha vuelto el motor del desarrollo. Sin embargo, las brechas en el acceso, uso y las velocidades de conexión son factores excluyentes para una parte de la población” (pág. 277).

La necesidad de acceso a internet se nota en el aumento de la contratación de servicios. “Según datos de la Sutel, las suscripciones de internet mayores a una velocidad de descarga de 10 MB aumentaron de un 9% a un 54% en los últimos dos años, producto de la mayor demanda de internet de la población. El 2020 tuvo un incremento inesperado de un 90% más de demanda de datos en conexiones fijas. Por su parte, el tráfico de internet móvil creció en un 44% en el sistema pospago” (pág. 280).

El IEN define la conectividad “como el servicio de acceso a internet de banda ancha con una velocidad adecuada y la tenencia de dispositivos apropiados de acceso” (pág. 277). De esta forma, “los resultados muestran que Costa Rica es un país conectado, pero a diferentes velocidades, coberturas y dispositivos. Las diferencias en esta conectividad se identifican como brechas tecnológicas que limitan su potencial transformador y que afectan en mayor medida a las personas de bajos niveles socioeconómicos. Una segunda brecha, de carácter territorial, se expresa en los espacios geográficos del país donde la población, aun cuando posea los recursos económicos para comprar los dispositivos y pagar el servicio, carece de cableado o cobertura inalámbrica, lo que les imposibilita su conectividad” (pág. 67).

La “brecha tecnológica” en realidad debe ser definida como “exclusión tecnológica” ya que se debe a factores estructurales de la sociedad costarricense donde se mantienen a ciertos grupos y regiones apartados del crecimiento económico del país. “La brecha tecnológica favorece y refuerza las desigualdades sociales. Las personas que utilizan la conexión por fibra óptica y la telefonía celular pospago pertenecen principalmente a los quintiles de hogares de mayor ingreso, mientras que los sistemas prepagos y sin dispositivos para la conectividad se ubican, sobre todo, en hogares de menor ingreso” (pág. 278).

Uno de los medidores sobre la conectividad son las suscripciones a servicios de internet fijo. “Según la Dirección de Mercados de la Sutel en 2020 el país registra 992.725 suscripciones a servicios de internet mediante conexiones fijas, con una tendencia creciente desde 2015 (88% más). Con una fuente complementaria, como lo es la Enaho del INEC, para ese mismo año el 85% de las viviendas tienen acceso a internet. […] Según esta fuente, un 15% de las viviendas no tiene internet” (pág. 278). Esa misma encuesta señala que “el 25,5% de los hogares pobres no tenían conexión a internet” (pág. 279).

Al considerar el tipo de conexión se nota que las mas optimas y estables aún son una minoría y son más costosas. “Un 9% se conecta a través de fibra óptica, que al sumarlos con la conexión por cable coaxial alcanzan un 46,8%. […] Según la Sutel, entre junio de 2019 y 2020, el país pasó de 78.417 a 192.996 kilómetros de redes [de fibra óptica], lo que se traduce en más ancho de banda para más conexiones y estabilidad, menos latencia y pérdida de conexión. Este fuerte crecimiento de la infraestructura estuvo asociado a un aumento del 63% en este tipo de suscripciones en 2020 (Sutel, 2021a), lo cual refleja un menor incremento” (pág. 278).

La conectividad mediante celulares es la más común. Esta brinda una opción de conexión de forma más barata e inmediata, pero tiene desventajas con respecto a las conexiones fijas, como la estabilidad. “Casi un tercio de los hogares accede por dispositivos móviles.  La Enaho 2020 también reporta que el 96,3% de la población posee teléfono celular, proporción que ha crecido de manera sostenida desde 2010, que como se señaló es una de las principales formas de acceder a internet. Según la Sutel, en ese mismo año hubo un aumento del 3,4% en la cantidad de suscripciones de acceso a internet en la red de servicios pospago, junto con una baja de -4,5% en los servicios prepago” (pág. 278).

De esta forma, el tipo de conectividad refleja los niveles de ingreso. “Según el Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic) de la UCR, una de las causas de la desconexión digital en los hogares pobres es que un tercio tiene limitada capacidad económica para adquirir algún dispositivo de conectividad o pagar por un servicio. A menor ingreso, mayor dependencia del internet móvil y, a mayor ingreso, más presencia de conexión de fibra óptica” (pág. 279).

Es así como uno de los sectores más afectados es el de la educación donde “el país experimenta un retroceso muy marcado en el acceso y la calidad de los servicios que ofrece el sistema educativo público. […] Se tienen amplios y diversos grupos de jóvenes rezagados: las personas de la educación especial, las que asisten a modalidades abiertas; la población indígena, los cientos de miles con poca o nula conectividad; las niñas y niños que asisten a preescolar. Todo esto ha incrementado las desigualdades entre la educación pública y la privada -que no ha interrumpido sus servicios- en los ciclos educativos que la Constitución Política establece como obligatorios” (pág. 67).

El Fonatel es un fondo nutrido con recursos de las empresas de telecomunicaciones y que tiene como objetivo reducir la brecha digital. Sin embargo, su accionar ha sido lento y limitado. “El principal programa con que cuenta Fonatel es ‘hogares conectados’, el cual otorga subsidios escalonados según el quintil de ingreso de los hogares. Para ejecutar el programa participan ocho instituciones, lo que genera problemas de información, exceso de trámites, burocracia y controles y falta de proactividad, que impiden que los beneficios lleguen a las familias que necesitan conectividad. […] Fonatel registra aproximadamente 150.000 hogares conectados. Las provincias de Limón, Guanacaste y Puntarenas tienen la menor cantidad de beneficiarios, a pesar de tener una cantidad importante de estudiantes de zonas rurales sin acceso a internet. La GAM concentra a 101.063 hogares, mientras que 48.996 (32,6%) están en las provincias costeras.” (pág. 279).

Otro programa del fondo es el de acceso gratuito a internet en lugares públicos, más que una solución a la exclusión representa un paliativo. “La tenencia de celular ha sido una de las herramientas más importantes para combatir la brecha digital, ya que varios programas de Fonatel facilitan la conexión en espacios públicos, lo que permite que cualquier persona con un celular acceda a Internet. En el primer quintil (20% hogares de menores ingresos) el 95,5% y en el segundo quintil el 93,1% de la población poseen teléfono celular. Sin embargo, este dispositivo es inadecuado para, entre otras cosas, resolver la desconexión educativa durante la pandemia” (pág. 279).

Por todo esto, el IEN marca que “en doce años de existencia, Fonatel al 2020 no ha logrado cumplir con sus objetivos, pese a contar con recursos técnicos y financieros” (pág. 279). Además, “el desarrollo de la conectividad del país es mucho más rápido que la acción de la Asamblea Legislativa en la revisión y aprobación de leyes que permitan regular, potenciar y atender las situaciones que emergen derivadas de este crecimiento tecnológico” (pág. 280). Es decir, se trata de una falla política. El acceso a internet y la utilización de todas sus funcionalidades son ya una necesidad básica de la cual, en gran medida, dependen las condiciones de estudio, trabajo y vida. Este debe configurarse en un servicio publico garantizado para todas las personas.

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