Miércoles 6 de diciembre de 2023. La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada solicitó el sobreseimiento definitivo en el proceso judicial sobre el asesinato por razones políticas del compañero Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, por lo que este jueves 7 y viernes 8 de diciembre del 2023 se llevará a cabo una audiencia oral y privada para conocer dicha solicitud.
Este caso lo conoce el Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas bajo el expediente 19-000178-0990-PE por el delito de homicidio calificado en el que aparecen como imputados Víctor Zúñiga Fallas y Edwin Guevara Mora, ambos conocidos públicamente por sus constantes agresiones contra este Pueblo y ser ocupantes ilegales del Territorio Bribri de Salitre.
La alerta ante esta grave y lamentable solicitud de la Fiscalía fue dada a conocer por Oscar Retana, abogado querellante de la familia de Sergio, quien manifestó “este caso no tuvo testigos presenciales del homicidio, sin embargo fue tratado sin que se tomara en cuenta las características sociales y culturales, como lo es la discriminación estructural hacia la población indígena, las fundadas y demostradas violaciones al acceso a la justicia de los Pueblos indígenas y el conflicto subyacente por la recuperación de las tierras indígenas que ha tenido a 33 personas indígenas amenazadas de muerte en el periodo 202 – 2022 en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón, además del asesinato de Jerhy Rivera el 23 de febrero de 2023”.
En 2020 la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada solicitó el sobreseimiento provisional, que equivaldría a un archivo temporal de la causa, argumentando que ya no tenían nada más que investigar, porque habían solicitado una serie de allanamientos y el juez en dos ocasiones les dijo que no procedía porque no había elementos suficientes.
Está solicitud fue rechazada de parte de los familiares de Rojas Ortiz, a lo que se sumó presión a nivel nacional e internacional, y en diciembre de 2020 se realizó una audiencia oral y en febrero de 2021 el Juzgado Penal emitió su resolución diciendo que se tenía que continuar con la investigación.
A pesar de que Sergio Rojas Ortiz clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas; el 18 de marzo del 2019 fue asesinado de 15 balazos en su casa de habitación en Yery de Salitre, al sur de Costa Rica.
De su asesinato por razones políticas, debido a su participación en la lucha por la tierra y la reivindicación de los derechos de los Pueblos Originarios de todo el país, el Estado de Costa Rica es responsable por omisión, ya que no cumplió con sus obligaciones para garantizar la vida e integridad de Sergio Rojas. Este asesinato continúa impune hasta el día de hoy, los autores intelectuales y materiales no han enfrentado el sistema judicial.
Contrario a la impunidad sobre su asesinato, Rojas Ortiz estuvo siete meses en prisión preventiva (2014-2015) sin que la Fiscalía formalizara alguna acusación en su contra, o sea, estuvo privado de libertad bajo un proceso que nunca pasó de la etapa de investigación.
Debido a la inacción y omisión del Estado de Costa Rica, la mayoría de territorios de los Pueblos Originarios siguen ocupados de forma ilegal por personas no indígenas y los actos de violencia contra estos Pueblos continúan.
El sobreseimiento definitivo solicitado por la Fiscalía significaría el “cierre” definitivo de la causa penal y una injusta y vergonzosa impunidad a favor de los imputados y otros posibles imputados; la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 8 de marzo de 1998, en el caso Paniagua Morales y otros contra Guatemala define la impunidad como: “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.
Las organizaciones firmantes exigimos:
• Que la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada desista de su solicitud o que en su defecto el Juzgado Penal de Buenos Aires desestime dicha solicitud.
• Que el Estado de Costa Rica cumpla con las Medidas Cautelares (medidas MC321 – 12) impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica y garantice la vida e integridad de los Pueblos originarios del país.
• Que el Estado de Costa Rica cumpla con su obligación de devolver a los Pueblos Originarios la totalidad de las tierras que les pertenecen y que hoy son ocupadas ilegalmente por personas no indígenas.
• Justicia pronta y cumplida y el cese de toda impunidad en el caso de los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera Rivera y todos los otros casos de agresiones contra los Pueblos Originarios.
• Implementar las recomendaciones del Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay, acerca de su visita a Costa Rica A/HRC/51/28/Add.1; que indica.
“Protección de las personas indígenas defensoras de los derechos humanos:
h) Proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado para las personas indígenas víctimas, en particular a los pueblos indígenas bribri de Salitre y Brörán de Térraba por los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera, incluidas, pero no limitadas a: i) Garantías de no repetición mediante esquemas preventivos y alerta temprana con participación de la Defensoría de los Habitantes; ii) Medidas de satisfacción como la disculpa pública;
i) Ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.”
Invitamos a todas las personas y organizaciones preocupadas y defensoras de los derechos humanos a enviar cartas a la Fiscalía y al Juzgado Penal solicitando que no se dicte el sobreseimiento definitivo en esta causa, a las siguientes direcciones:
fgeneral@poder-judicial.go.cr
dvargas@poder-judicial.go.cr
Con copia:
despachopresidente@presidencia.go.cr
mesatecaindigenas@mj.go.cr
ariel.robles@asamblea.go.cr
baiocchi@un.org
jbermudez@unfpa.org
gonzalez-gomez@unfpa.com
nehiesmy.navarroaraya@un.org
coordinadoraluchass@gmail.com
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
