Agrotóxicos enferman a trabajadores de la Standard Fruit Company

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  • Denuncian que debido a la aplicación del químico Movento 15 OD sufren de irritación en la piel, ampollas en la zona genital, fiebre, náuseas, mareos, dolores de cabeza y dificultades respiratorias.

Johan Madriz

Una vez mas trabajadores de grandes empresas de monocultivos denuncian graves consecuencias en su salud por la utilización de agrotóxicos. En esta ocasión se trata de trabajadores y extrabajadores de empresa bananera Standard Fruit Company ubicada en Siquirres de Limón.

Denuncian que debido a la aplicación del químico Movento 15 OD, que se utiliza desde 2019, sufren de irritación en la piel, ampollas en la zona genital, fiebre, náuseas, mareos, dolores de cabeza y dificultades respiratorias.

Ante esta situación se presentaron 13 denuncias ante los tribunales laborales por riesgos del trabajo contra la empresa y el INS. Además, otras 11 personas se encuentran en el proceso de formalizar las demandas. Según comentan los trabajadores hay muchísimos mas afectados, pero no se atreven a denunciar por el temor a represalias como el despido o las listas negras, estas son padrones que circulan entre las plantaciones para que ninguna empresa contrate a esas personas.

Según las denuncias a los pocos días de comenzar a utilizar el producto iniciaron los primeros efectos, ante esto acudían a los centros médicos correspondientes donde simplemente se les emitían incapacidades por algunos días y se les recetaban cremas para las afecciones en la piel. Es por esto por lo que en las demandas piden análisis médicos profundos para determinar la gravedad real de las afecciones. Además, solicitan la realización de evaluaciones ambientales para medir los efectos del químico en el suelo y el agua de la zona.

De acuerdo con la ficha técnica del producto, elaborado por Agro Bayer Centroamérica, el Movento es un potente insecticida para el control de plagas, especialmente la mosca blanca. Asimismo, señala que la exposición al producto puede provocar infertilidad, reacciones alérgicas e irritación ocular grave, por lo que recomiendan la utilización de guantes, gafas y máscaras de protección. A pesar de esto, los trabajadores señalan que nunca se les capacitó ni alertó de esto antes de realizar las fumigaciones.

Tras conocerse el caso en la prensa, la empresa alegó, en un primer momento, desconocer la existencia de las gestiones judiciales o de las afectaciones en la salud de sus trabajadores. Posteriormente, emitieron un comunicado expresando que “en toda aplicación de productos, se les da la debida capacitación a los trabajadores, así como equipos de protección personal completo”. Una posición completamente distinta a la de los afectados.

Por su parte, el Ministerio de Salud anunció la apertura de una investigación al respecto el 5 de enero. Sin embargo, las declaraciones a La Nación de Ileana Herrera Gallegos, jefa de la Unidad de Registros, dan cuenta de que dicha indagación probablemente intentará responsabilizar a los mismos trabajadores: “si, por ejemplo a mi me dicen que tengo que utilizar una dilución equis y no la hago así, ya no es problema del producto. Igual, si tengo que usar equipo de protección y no lo utilizo, probablemente no sea problema del producto, sino de la utilización”.

En la misma línea, Salud señala que el producto cuenta con las autorizaciones necesarias para su utilización, sin embargo, los análisis toxicológicos son confidenciales y ni siquiera fueron realizados en el país. Esto se debe a que el ministerio únicamente cumple la función de autenticar que la documentación aportada por la empresa que realiza el registro sanitario sea realmente emitida por el ente que lo suscribe, es decir, sin entrar a analizar la veracidad de lo contenido en el estudio.

Esta no es la primera vez que suceden envenenamientos de este tipo. En la década de 1970 cientos de trabajadores de la Dole Food Company y otras empresas tuvieron serias afectaciones en su salud, incluida la infertilidad y la malformación de recién nacidos, por la utilización de Nemagon. Tras décadas de batallas legales en el país y fuera de él se logró que en 2008 el INS se comprometiera a pagar indemnizaciones y hasta el 2011 la empresa aceptó pagar compensaciones a 780 trabajadores y trabajadoras, bajo protesta de que no existía evidencia de la peligrosidad del químico.

Este tipo de problemáticas son históricas en las plantaciones costarricenses y se deben a dos motivos principales. Uno es el poco o nulo control del Estado sobre los agroquímicos que se utilizan en el país. Justamente durante el gobierno de Carlos Alvarado, por presión de los sectores empresariales, se flexibilizó aún más el registro de los químicos mediante un decreto que eliminó la necesidad de realización de estudios toxicológicos por las autoridades competentes en el país. Esta medida es una de las tantas que ha llevado a que Costa Rica sea uno de los mayores consumidores de agroquímicos en el mundo con un promedio de 18,2 kg por hectárea.

El otro tiene que ver con las condiciones laborales y como se configura una dictadura patronal al interior de las empresas y plantaciones, motivado por la prácticamente inexistente organización sindical de las personas trabajadoras del sector privado. Esto lleva a múltiples abusos por parte de las patronales que en la mayoría de las ocasiones no son denunciadas por los trabajadores y las trabajadoras debido a la certeza de que el Ministerio de Trabajo fallará en su contra y el temor al desempleo resultado del “derecho” al libre despido que gozan los empresarios en el país.

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