Provocación golpista: Comisión del congreso peruano aprueba extender edad jubilatoria hasta los 75 años

La esperanza de vida en Perú es de 76,5 años. Es decir, pretenden que los trabajadores trabajen toda su vida, sin descanso.

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La Comisión de Trabajo del parlamento peruano aprobó este martes elevar la edad límite para las jubilaciones hasta los 75 años, cinco años más que lo que establece la ley actual.

Se trata del mismo congreso que instrumentó el golpe a Pedro Castillo y que es repudiado por la rebelión popular en la calle, que exige su disolución. En medio de una masacre perpetrada por el gobierno de Boluarte contra los manifestantes, esta institución monta una provocación contra la clase trabajadora, principal actor de las movilizaciones.

Según la ley actual, en Perú la edad jubilatoria es de 70 años, que ya es mayor al estándar de otros países en la región. La iniciativa de llevarla hasta los 75 significa prácticamente una condena a trabajar hasta la muerte: según datos oficiales, la esperanza de vida promedio en Perú es de 76,5 años. Es decir, pretenden que los trabajadores trabajen toda su vida, sin descanso.

También según datos oficiales, entre los trabajadores mineros (una de las principales actividades económicas del país) la esperanza de vida apenas supera los 50 años.

Ahora, la aprobación del proyecto en la Comisión de Trabajo significa que el mismo se tratará en la cámara. De aprobarse, se trata de un escandaloso ataque contra las mayorías trabajadoras.

Como es usual en estos casos, el proyecto vende la iniciativa como ampliando las «opciones» del trabajador, que podría solicitar «voluntariamente» la extensión de su vida laboral durante otros cinco años una vez que llegue a la edad de 70.

Por supuesto, este tipo de argumentos, largamente utilizados por los gobiernos cuando quieren superexplotar a la clase trabajadora, encierran una trampa muy cínica: estas reformas van acompañadas de pensiones jubilatorias de miseria, que apenas alcanzan a cumplir las necesidades básicas, por lo que muchos trabajadores se ven forzados a seguir trabajando para no caer en una situación de pobreza peor. Esto se disfraza de una prórroga «voluntaria» supuestamente elegida por el trabajador, cuando en realidad es lisa y llanamente una extorsión.

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