En un restablecimiento del indulto que el Tribunal Constitucional (TC) ya le había otorgado en 2017, y aprovechando un momento político favorable con el gobierno golpista de Dina Boluarte en el poder, Fujimori vuelve a salir de la calle a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la ilegalidad de su indulto.

Fujimori fue condenado por violaciones a los DD.HH. durante su gobierno de facto ejercido entre 1990 y 2000. Armó «escuadrones de la muerte» con bandas parapoliciales, secuestró, asesinó y desapareció a trabajadores, referentes campesinos, periodistas y opositores políticos. Además de su condena, tiene todavía abierta otras causas de lesa humanidad por las que todavía no fue condenado.

El gobierno de Boluarte pactó con el fujimorismo luego del golpe parlamentario contra el expresidente Pedro Castillo, del cual Boluarte era su vicepresidenta. Las masivas protestas callejeras en repudio a la maniobra golpista de Boluarte fueron respondidas con una salvaje represión que se cobró cientos de víctimas.

Liderados por su hija, Keiko Fujimori, a pesar del encarcelamiento del dictador el fujimorismo nunca dejó de ser una fuerza política relevante en Perú, con una alta adhesión entre las clases medias altas reaccionarias de Lima que expresan un odio de clase visceral hacia el interior campesino.

Al momento de su liberación también se hicieron presentes militantes del grupo neofascista Resistencia, un agrupamiento de ultraderecha que reivindica a Fujimori y que protagonizó actos de violencia contra sectores campesinos y de izquierda.

El Tribunal Constitucional ya le había otorgado el indulto a Fujimori en 2017, gracias a lo cual estuvo cuatro meses en libertad, hasta que la CIDH declaró el indulto ilegal, instrucción que fue acatada por el presidente de aquel entonces, Pedro Castillo, opositor al Fujimorismo.

Pero tras el derrocamiento de Castillo y la «traición» de Boluarte, el fujimorismo retomó el poder. Esta vez, el TC volvió a expedirse favorablemente hacia la libertad de Fujimori y el gobierno adhirió a la decisión, contradiciendo las resoluciones internacionales de carácter vinculante de la CIDH.

Tras su liberación, rápidamente se convocaron protestas en Lima, Cusco y otras ciudades, que repudian la liberación del exdictador y reclaman su encarcelamiento inmediato y justicia por todos sus aberrantes crímenes.