La orden de detención contra Evo Morales, una avanzada golpista

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Por Redacción

La orden de detención a Evo Morales, emitida el día de hoy en Bolivia a pedido del gobierno de Jeanine Añez, es una avanzada antidemocrática que busca afianzar extra electoralmente al régimen golpista. Aceptar las elecciones de enero, evidentemente amañadas y condicionadas por la represión, es capitular.

La cabeza temporal del régimen de facto Jeanine Áñez adelantó la decisión luego presentada ante la Fiscalía de La Paz por el ministro de Gobierno, Antonio Murillo.

Hace horas Antonio Murillo publicó en su cuenta de Twitter la orden de detención a Evo Morales, que actualmente se encuentra en calidad de asilado político en Argentina. Los cargos de la denuncia rubricada en la Fiscalía de La Paz son por “sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo”.

La orden emitida por el Ministerio Público Fiscal, adelantada previamente por Áñez, está firmada por los fiscales de La Paz Jhimmy Almanza y Richard Villaca, ya había sido presentada por Murillo el 22 de noviembre. El sustento de la misma es un audio en el que presuntamente Morales dice al dirigente cocalero Faustino Yucra que le dé “dura batalla a los fascistas y racistas”.

Esta orden de detención no es una decisión imparcial de la justicia, sino que está orientada por el actual gobierno de facto boliviano para prescribir a Morales y cercenar su libertad de acción como dirigente político, así como también para amañar las elecciones y proscribir la representación política de una amplia mayoría popular, indígena, campesina por un sector minoritario y racista.

Este tipo de decisiones, dirigidas por el gobierno golpista, tienen la tenaz decisión de consolidar políticamente su régimen e instalar un contexto represivo general. Algo similar fue en su momento la orden de detención de Lula Da Silva, que permitió el triunfo de Bolsonaro «extra electoralmente», por la vía judicial.

Este caso de persecución judicial a la oposición política es, no obstante, mucho más grave: se trata del uso descarado de la «justicia» para la persecución y la censura de la actividad política de manera abierta. El uso de las figuras de «sedición» y «terrorismo» recuerdan demasiado explíticamente a las dictaduras militares.

Las elecciones de enero, aceptadas por el MAS de manera vergonzosa, son una evidente fachada: el régimen ya está decidiendo a quién se puede votar y a quién no sin preocuparse por los votos.

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