Este domingo, el parlamento cubano aprobó por unanimidad un nuevo Código Penal. Reemplaza al de 1997 y empalma con la Constitución sancionada en el año 2019. Lo llamativo es que ahora se castiga la participación en «actividades subversivas» y, entre otras, mantiene la pena de muerte «con carácter excepcional».

De la sesión participó el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro. Éste consideró que la participación en «actividades subversivas» debía castigarse en tanto se trata de «las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones«.

Pero, para problematizar sobre este cambio en el Código Penal detengámonos en los eventos recientes de la vida política y la protesta social en la isla. Es que el pueblo trabajador cubano atraviesa un creciente deterioro de sus condiciones de vida en el marco de una profunda crisis estructural. Parte del malestar social que se respira en la isla se expreso en las masivas protestas del 11 y 12 de julio del 2021.

¿Un nuevo Código Penal para la criminalización de la protesta social?

La situación de pobreza de amplios sectores populares se agrava.

En la actualidad, decenas de las y los manifestantes que protagonizaron las jornadas del 11J sufren la criminalización por parte del gobierno de Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez. En julio del 2021 miles salieron a las calles en al menos 50 ciudades. Se trató de las mayores protestas contra el gobierno del Partido Comunista en 60 años. La represión del mismo provocó un muerto, decenas de heridos y centenares de detenidos. Según la Fiscalía General de la República, fueron procesadas en total 790 personas, incluyendo 55 entre 16 y 17 años.

En marzo de este año se llevaron a cabo los juicios contra los manifestantes. Para las/los protagonistas de los barrios pobres de la Habana de Esquina de Toyo y La Güinera hubo un juicio masivo contra 127 personas. Las condenas en algunos casos llegaron a los 30 años de prisión. Hubo ocho menores de entre 16 y 17 años entre las/los condenados. En el juicio por las protestas en San Antonio de los Baños 17 personas fueron condenadas con hasta diez años de cárcel.

Cuando el nuevo Código habla de «el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones» podemos pensar en el ejemplo de la condena de seis años de prisión que sufrió Yoan de la Cruz. Yoan fue uno de los primeros jóvenes que retransmitió en directo por redes sociales las protestas. En la infame sentencia se asegura que por transmitir en directo lo que sucedía «provocó que tales actos fueran visualizados dentro y fuera del país y que en diferentes municipios y provincias se imitaran las nocivas acciones.»

Actualmente, hay una intensa campaña de solidaridad internacional con las y los manifestantes de las jornadas del 11 y 12 de julio. Entre otras participaciones se destacan la de la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie y, Manuela Castañeira, figura y reconocida dirigente del Nuevo MAS. El pedido es por la liberación y absolución de las y los presos políticos.

La situación es grave dado que las represalias por parte del gobierno cubano continúan y, se llegó a la detención de activistas que en la isla acompañaron esta iniciativa. El ejercicio del derecho a la protesta es llamado «subversión» por el gobierno, la simple transmisión vía redes de una movilización contra el hambre y las carencias se consideran delitos. El nuevo Código Penal no viene más que a legitimar una política de criminalización del derecho a la protesta del pueblo trabajador cubano.