«Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor», sentenció el clérigo sudafricano y Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. El próximo 16 de noviembre, a las 9:30 de la mañana, en la Sección de lo Penal del Tribunal Municipal Popular de Matanzas se cometerá un acto de injusticia: será juzgada por el supuesto delito de «desobediencia» la historiadora y profesora cubana Alina Bárbara López Hernández.

La acusación de «desobediencia» se debe a que la profesora se negó a asistir a una citación hecha por la PNR que no cumplía con las formalidades legales que la ley establece: carecía de fecha, hora y motivo por el cual debía comparecer.

Aunque, lógicamente, el fallo del tribunal no se conocerá hasta ese día —si bien no es difícil intuirlo dadas las evidentes fallas al debido proceso que han sido admitidas por la Fiscalía sin pudor alguno y por el tribunal al iniciar, pese a ellas, el proceso penal—, el hecho puede catalogarse a priori de injusticia, en tanto lo es juzgar a un ciudadano por ejercer sus derechos consignados en la Constitución de 2019. Esto es además absolutamente ilegítimo.

La profesora —que había sufrido el pasado mes de abril el acoso de agentes de la Seguridad del Estado, quienes llegaron incluso a perpetrar una agresión física contra ella y miembros de su familia—, es víctima de un sistema que discrimina por motivos políticos y criminaliza el disenso, aunque con ello viole sus propias normas jurídicas.

¿Se garantiza la seguridad del Estado cubano atacando con la fuerza pública a los ciudadanos a quienes debería proteger? ¿Necesita defenderse un Estado Socialista de Derecho de quienes ejercen los derechos constitucionales cuyo disfrute pleno tendría que garantizar?

Lamentablemente, la intelectual no es la única que en la Isla sufre la violación de sus derechos. También por razones políticas, cientos de ciudadanos cumplen elevadas penas; otros sufren discriminación, acoso y disímiles formas de intimidación y castigo, mientras decenas han debido exiliarse huyendo de variadas formas de violencia estatal.

Ayer fueron ellos, hoy es la profesora, mañana puede ser cualquiera de los habitantes de Cuba, a cuyo pueblo se pretende dirigir, contrario a la máxima martiana, «como se manda un campamento». Pero Cuba es, y siempre deberá ser, de todos los cubanos; no es pedestal de grupo alguno.

Por todo lo dicho, rechazamos el acoso y la criminalización a la profesora Alina Bárbara López Hernández y exigimos el cierre de su proceso penal. Asimismo, reclamamos la excarcelación de los presos políticos, el cese de la discriminación política y demandamos la articulación y cumplimiento de los derechos que garantiza la Constitución cubana de 2019.

No hay neutralidad posible cuando de injusticias se trata. No es preciso estar de acuerdo con las opiniones de la profesora o con las causas de quienes están presos por razones políticas para ponerse del lado de las víctimas y respetar su derecho a expresarlas sin ser reprimidos. Más que una cuestión de bandos políticos, es esta una causa de integridad, decencia y justicia. Cese la exclusión por motivos políticos en Cuba.