• El juez fue condenado en primera instancia por el Tribunal de la Inspección Judicial que tuvo como probados 24 hechos de acoso sexual contra una funcionaria.

Johan Madriz

El Consejo Superior del Poder Judicial falló a favor de un juez del cantón de Mora para eliminar la orden de despido en su contra por acoso sexual y en su lugar dictar una sanción de suspensión por tres meses sin goce de salario.

El juez fue condenado en primera instancia por el Tribunal de la Inspección Judicial que tuvo como probados 24 hechos de acoso sexual contra una funcionaria. Según la denunciante sufrió de miradas libidinosas, tocamiento de piernas e insinuaciones para mantener relaciones sexuales.

En una ocasión el juez le habría mostrado un video pornográfico y le dijo “yo quiero que usted me haga eso”. En otra oportunidad, tras una capacitación el hombre se ofreció a llevarla y en el camino, cerca de una zona en Pavas conocida por tener muchos moteles, le dijo “porque no nos perdemos”. Las situaciones de acoso escalaron y en un punto él la tomó del brazo y la rozó.

Debido a estas repudiables acciones la Inspección Judicial determinó que las acusaciones constituían una falta grave y ordenó revocar su nombramiento, sin embargo, el juez apeló argumentando que las acusaciones correspondían a una venganza por una queja laboral que presentó contra la denunciante.

La resolución del Consejo Superior dice: “el Tribunal no consideró que el encausado en efecto no registra antecedentes disciplinarios y que como juez de la Republica ha demostrado un buen desempeño dentro de la judicatura, los cuales son aspectos valiosos a efectos de establecer una sanción que resulte acorde al fin correctivo del régimen disciplinario. Por lo anterior, se estima razonable y proporcional modificar la sanción de revocatoria de nombramiento a una sanción de tres meses de suspensión sin goce de salario, pues esa medida sancionatoria resulta apta para alcanzar una corrección en el comportamiento del encausado, quien deberá recapacitar sobre su accionar y evitar incurrir en conductas de esa naturaleza que son contrarias a la libertad sexual y la dignidad de las personas, procurando de esa manera un ambiente de trabajo libre de ese tipo de conductas discriminatorias”[i].

La complicidad del Poder Judicial con acosadores es evidente, al parecer no bastan tener probadas 24 acciones de acoso sexual para determinar que se trata de un comportamiento sistemático. Entre ellos mismos se cubren las espaldas ya que al parecer ser un juez es un atenuante de la pena. Esta es la misma política misógina que permite que Walter Espinoza, director del OIJ, realice declaraciones sexistas y clasistas, como en el caso de Luany.

Es necesaria una declaratoria de emergencia nacional contra la violencia patriarcal y exigir la destitución de todos los jueces y funcionarios violentos y acosadores. Hay que repudiar esta sentencia y hacer responsable al Estado por su complicidad y por asegurar la impunidad.


[i] “Poder Judicial devolvió a su puesto a juez despedido por acoso sexual”. En www.crhoy.com

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