• Lo que fue presentado es una colección de medidas insuficientes, que están centradas únicamente en el empresariado y que lo que hacen es agrupar proyectos que ya existían.

Por Redacción

Una farsa y una burla, eso fue lo que presentó hoy el gobierno como su rimbombante “plan de reactivación económica”. Tras varias semanas de estar anunciándolo lo que fue presentado es una colección de medidas insuficientes, que están centradas únicamente en el empresariado y que lo que hacen es agrupar proyectos que ya existían.

En conferencia de prensa se expuso un plan bajo seis áreas de enfoque.

La primera área es de recursos para capital de trabajo. Esta es la medida más ficticia de todas ya que corresponde en una directriz hacia los bancos estatales y el Banco Popular para que dispongan de ¢900 mil millones en créditos para capital semilla, emprendimientos, compra de insumos o pagos de planillas. Sin embargo, esto no representa una inyección de dinero, sino fondos que ya tienen los bancos para prestar y que de todos modos iban a colocar. Además, la norma sugiere que se utilicen tasas preferenciales, algo que se da ya de por si por la coyuntura ya que las tasas de interés en colones están en mínimos históricos, las más bajas en 20 años. Ni una palabra sobre financiamiento, aplazamiento, reajustes u otra para los préstamos que ahogan a la clase trabajadora.

El segundo grupo de propuestas se refieren a inversión pública: ¢3.1 billones entre este y el próximo años para generar 109 mil empleos. Sin embargo, nada de esto son proyectos nuevos, en realidad el anuncio es “continuar impulsando proyectos existentes” como la ampliación de la ruta 27 o la ruta 32. A pesar de que el desarrollo de infraestructura realmente potencia la reactivación al mejorar la competitividad y generar empleo resulta que al menos una tercera parte (¢1.1 billones) son alianzas público-privadas, es decir, el gran negocio para empresas constructoras millonarias y la concesión de las obras para que terminen pagándolas las y los usuarios.

El tercer aspecto está ligado al anterior y es la remodelación, ampliación y mantenimiento de 250 centros educativos por ¢72 mil millones.

La cuarta área es “apoyo al sector productivo” o medidas al dedillo de las empresas. Esto tiene que ver con “modernizar” el INA (ajustarlo a lo que el empresariado solicite), jornadas flexibles, normativización del trabajo precario “autónomo” (trabajos de la mal llamada “economía colaborativa”), reglamentación de la ley para fijar las comisiones de datafonos (que no implica una reducción en los precios pagados por el consumidor) y la agilización de 104 trámites que solo requerirán declaraciones juradas (posiblemente no existan verificaciones a posteriori para determinar la veracidad de lo asegurado).

La quinta medida es sobre inversiones y nuevos negocios que implica una ley para nuevos “incentivos” a la atracción de inversión extranjera directa, léase exenciones para empresarios extranjeros para que sus ganancias sean mayores y se las saquen del país completas, sin pagos de impuestos. Además, un proyecto para promover al país como destino para personas pensionadas y otro para incentivar la producción de cáñamo (una nueva oportunidad de negocios para capitalistas).

Por último, impulso a la productividad de pymes, agricultura y turismo mediante plataformas de comercio electrónico, uso de tecnología para la mejora de la productividad y la promoción del país como destino turístico tras la reapertura de fronteras.

Salta a la vista que no hay una sola mención de beneficios para la clase trabajadora o los sectores populares que continúan viviendo el desempleo y la pobreza. Las medidas son para profundizar la explotación (jornadas laborales flexibles o normalización del trabajo “autónomo”) y asegurar las ganancias empresarias (prestamos, exenciones, nuevos negocios). No por nada la UCCAEP expresó que “las medidas van en la dirección correcta y en consonancia con las propuestas sugeridas por el grupo de economistas que asesora a la Unión de Cámaras, y que fueron enviadas al Presidente Carlos Alvarado Quesada”.

Pero como es de conocimiento público el gobierno responde a los dictados empresariales y la burguesía exige recortes en el gasto público, por lo que, además de lo anterior, la Ministra de Planificación, Pilar Garrido, informó que “hay una agenda adicional que acompaña al consejo económico, donde tenemos otras medidas de índole estructural que estaremos impulsando, como son la reforma al Estado, la modernización del mismo, el empleo público, la economía de cuidado, otras oportunidades vinculadas de inversión extranjera directa”.

Esto tiene que ver con los anuncios de que además de las seis áreas arriba señaladas están en camino reformas al aseguramiento de la CCSS, en lo que supondría reducción de bases contributivas y el potencial desfinanciamiento de la institución, acelerando el proceso de privatización que el empresariado de la salud apetece.

Además, vendría la reforma al régimen de empleo público: “sí, necesitamos reformar nuestro empleo público y, este mes, iniciaremos esa discusión”, dijo el presidente. Anteriormente, el Ministro de la Presidencia y hasta hace poco rector de la UTN, Marcelo Prieto, ya había expresado que “considero que el régimen de empleo público uniforme tiene que aplicarse sin ninguna duda a las universidades públicas y a todas las instituciones públicas del país. Cuando digo a todas, quiero decir a todos los sectores de la institucionalidad costarricense”.

Todo un paquete a disposición de la burguesía que, aunque insuficiente para salir de la crisis, representa un golpe a la clase trabajadora ya que supone que sea ella la que termine pagando el ajuste.

Según las estimaciones el déficit del gobierno central seria de 10% del PIB al cerrar este año. A pesar de eso el gobierno se empeña en seguir golpeando a los sectores más desfavorecidos, en sostener la regla fiscal y en seguir endeudándose y pagando la deuda externa y empresarial. Por eso las autoridades apuestan a bajar ese 10% al 8.6% a punta de créditos internacionales (al momento uno del BID-AFD por $380 millones y $508 millones del FMI), un “aporte” obligatorio de ¢75 mil millones del INS, la toma de superávits de instituciones públicas y un segundo recorte de ¢75 mil millones en gasto público.

La salida para la amplia mayoría, la clase trabajadora y los sectores explotados, no es la propuesta por el gobierno/empresarios, tiene que ser una de “medidas extraordinarias” con impuestos “solidarios” al gran capital, a la banca y a las zonas francas; con la prohibición de despidos, suspensiones y reducciones; con el desarrollo de un plan de obra pública estatal y no para que las empresas hagan negocios; con el no pago de la deuda y la derogatoria de la regla fiscal hambreadora. Que se destinen los recursos a la atención sanitaria y a solucionar las condiciones de vida de los sectores populares.

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