Nota anónima denunciando las condiciones de violencia, desempleo y precarización que se dan en Puntarenas a raíz del abandono del Estado y la aplicación de medidas de ajuste y recorte presupuestario que afectan principalmente a las regiones costeras del país. En este caso queda reflejado en un índice de desempleo superior al 16% y niveles de pobreza del 30%.

 

Desde la tarde o al caer la noche en “Los Almendros” de Barranca Puntarenas inicia el “Toque de Queda” impuesto por las bandas que se disputan el menudeo de drogas y armas en la zona. Un vecino comenta que desde la semana anterior la urbanización se convirtió en tierra de nadie y el sábado anterior al comenzar la tarde las alamedas se convirtieron en un campo de tiro, dejando a la comunidad en medio del fuego cruzado. El miedo se ha apoderado de la comunidad, los comercios decidieron cerrar más temprano y muchas personas prefieren no salir de sus casas por miedo a ser encañonados o ser sorprendidos por un tiroteo.

La situación que viven l@s vecin@s de “Los Almendros”, es por desgracia de las más comunes en muchos barrios de Barranca, Fray Casiano, El Roble y Chacarita; tomando tintes de mayor violencia conforme avanzan los días. Hace dos semanas, el cuerpo de un joven vecino de Fray Casiano, apareció en pedazos dentro de una bolsa para basura; todos sospechan cuales fueron los motivos y ejecutores, pero muy pocos se atreven a denunciar públicamente estos hechos por el miedo a las represalias.

Hay zonas en Puntarenas donde la policía no entra, o lo hace solo para recoger muert@s. En la práctica, la Fuerza Pública optó por dejar que las bandas se maten entre sí y a otras personas, antes de poner en riesgo sus vidas. No son pocas las ocasiones en que carros de la policía fueron baleados y no volvieron aparecer o lo hacen en horas donde los enfrentamientos entre bandas no son frecuentes.

Sobran motivos para explicar las condiciones que tienen a l@s habitantes del cantón central de Puntarenas en medio de una violencia creciente y sin control; sin embargo, la situación se puede resumir en una frase: Abandono Estatal. El cantón central de la provincia se encuentra entre los diez más poblados de Costa Rica y según la Encuesta Continua de Empleo, a finales de 2018 presenta la tasa de desempleo más alta del país con un 16,6%, casi cinco puntos por encima de la media nacional. Por si fuera poco, la sobre explotación del Golfo de Nicoya hace que pescador@s, molusquer@s y demás sectores dependientes de los recursos del golfo tengan sus ingresos condicionados a un buen o mal día en el mar y los manglares o a los subsidios de hambre que da el gobierno durante las vedas.

La mayor parte de quienes integran las narcobandas porteñas son jóvenes sin acceso al trabajo digno y expulsados del sistema educativo formal, debido centralmente al impacto de la pobreza, el desempleo, la violencia y la marginación que viven diariamente en sus comunidades. Estos elementos se complementan con la sobrepoblación estudiantil, el nulo abordaje ínter-disciplinario de las problemáticas descritas y las pésimas condiciones de infraestructura de instituciones como el Liceo de Chacarita y el Liceo Antonio Obando Chan de Barranca. Est@s jóvenes, además de ser excluidos del sistema educativo, se encuentran sin acceso a la salud, vivienda digna o espacios de recreación artística y cultural; desesperanzados ante el panorama que ofrece la realidad de sus comunidades.

El abandono de la provincia no es obra del actual gobierno, pero tampoco ha hecho nada para cooperar en las soluciones. En sus visitas oficiales, Carlos Alvarado se hace acompañar de fuertes operativos policiales, dejando en claro cuál es la posición de su gobierno respecto de las problemáticas porteñas. La política del Estado sobre las costas se sustenta en un asistencialismo conservador, cuy@s beneficiari@s se caracterizan por ser familias numerosas y en condición de desempleo abierto, es decir, en su mayoría mujeres jefas de hogar y en condición de vulnerabilidad y explotación. Cabe agregar que las iglesias evangélicas han acaparado los espacios y funciones que debería ejecutar el Estado y, mediante su organización, llegan a todos los barrios marginados llevando su política mayoritariamente conservadora en temas laborales, sexuales, reproductivos y equidad de derechos civiles.

 

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