• Sus propuestas pretenden que lo que hoy pagan las patronales en cargas sociales lo asumamos los trabajadores y las trabajadoras a través de impuestos indirectos. 

Johan Madriz

La Academia de Centroamérica presentó esta semana un documento titulado “10 propuestas para mayor bienestar: hacia un debate nacional que impulse las oportunidades del país”. En él exponen una serie de propuestas sobre diez diferentes temas para “acelerar nuestro desarrollo integral”.

En la presentación, Eduardo Lizano, presidente honorario del ente, indica que el documento es para el publico en general, “sin embargo, en época de contienda electoral, esperamos que sea de particular interés para los candidatos y candidatas a cargos de elección popular”.

En esta nota abordaremos únicamente la sección de “Mercado laboral y pensiones” que, por su relevancia y el tipo de propuestas esbozadas, consideramos necesario abordar. Esto sin menoscabo del resto de temáticas, que siguen la misma línea de los planteamientos sobre el empleo.

Este capitulo fue elaborado por el economista Edgar Robles, director del posgrado en Economía de la UCR. En su argumentación analiza que el mercado laboral se ha precarizado y muestra altas tasas de desempleo, subempleo e informalidad.

En cuanto al desempleo referencia cifras del INEC según las cuales “entre el tercer trimestre de 2010 y el segundo trimestre de 2021, la tasa abierta de desempleo pasó de 8,6% a 18,1%”. Los sectores más afectados son las personas jóvenes entre 15 y 24 años con una tasa de 39,4% y las mujeres (24,6%). El subempleo, según Robles, aumentó de 12,1% a 15,3% en la ultima década.

Por su parte, “la informalidad está sobrerrepresentada entre mayores de 45 años, en especial los de 60 años y más (72,8%), los trabajadores con primaria incompleta (63,2%) y primaria completa (63,1%), en las zonas rurales (52,6%), entre trabajadores independientes (91,4%), en el sector primario (56,9%), en ocupaciones poco calificadas (56,3%), en personas que trabajan desde la casa (85,7%), en la calle (70,7%) y en la construcción (73,1%), en empresas con un único trabajador (94,7%) y de dos a cinco trabajadores (72,5%), y entre personas que ganan menos del salario mínimo (85,5%)”.

Como se observa hay un problema estructural con la generación de empleo. Esto tiene una explicación en el modelo de desarrollo que sigue el país en el cual los sectores más dinámicos generan menos cantidad de puestos y, en general, mas especializados. De esta forma, hay una disociación entre los sectores productivos y la generación de empleo. Además, las medidas de flexibilización laboral empujan hacia la precarización a miles de personas.

En respuesta a esta situación el documento emite seis propuestas.

1. Disminuir el costo de la formalidad: trasladar las cargas laborales que pagan las patronales a impuestos generales que pagarían todas las personas, es decir, como trabajador o trabajadora pagarías impuestos por trabajar.
2. Flexibilizar las jornadas laborales: eliminar los lineamientos actuales que definen las jornadas laborales para que estas se puedan adaptar a las necesidades de las empresas. Esto se escuda bajo la fachada de “acomodarse” a las necesidades de las personas trabajadoras.
3. Permitir el cobro de cargas sociales sobre tiempos parciales: eliminar el salario mínimo contributivo establecido para los aportes a la seguridad social, lo que esta ligado al punto anterior.
4. Disminuir de manera temporal las cargas sociales para grupos de difícil afiliación: desfinanciar la seguridad social para que las patronales se embolsen esos dineros, bajo el precepto de promover la empleabilidad y formalidad de grupos excluidos como la juventud o las mujeres. Es cierto que hay que tomar medidas específicas para estos sectores, pero no a costa de afectar el sistema de salud y las pensiones.
5. Desregular los procesos que elevan los costos de formalizar negocios: eliminar regulaciones y requisitos para el establecimiento de empresas.
6. Mejorar la formación de los trabajadores: capacitación según las exigencias del mercado.

Como no podía ser de otra forma las propuestas de la Academia de Centroamérica van en la línea de precarizar las condiciones laborales. El empresariado utiliza el argumento de reactivar la economía para presionar a que se reduzcan las cargas que tiene y así potenciar sus ganancias.

A final estas propuestas lo que pretenden es que lo que hoy pagan las patronales lo asumamos los trabajadores y las trabajadoras a través de impuestos indirectos. De esta forma, se diluye la mínima progresividad de estos gravámenes, al tener como base contributiva a la totalidad de personas y no a quienes se apropian de la riqueza.

Estos planteamientos no son ninguna novedad y simplemente este documento recoge medidas que los sectores empresariales han venido impulsando y que la mayoría de los candidatos y las candidatas incorporan en sus planes de gobierno.

Por el contrario, desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) levantamos medidas anticapitalistas, ya que son las grandes empresas y las fortunas las que deben pagar mas impuestos y no la clase trabajadora. Es necesaria una mayor generación de empleo de calidad, asegurándole mejores condiciones laborales y salariales a las personas trabajadoras.

En ese sentido planteamos un plan de construcción de obra pública financiado a través de impuestos progresivos. Además, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales manteniendo el mismo salario y sin la posibilidad de despidos, con el objetivo de emplear a una mayor cantidad de personas. Asimismo, es imperativo que se regulen los trabajos por aplicaciones, reconociendo la existencia de la relación laboral, conllevando a la formalización y nuevos ingresos por impuestos y cargas sociales.

Además de lo anterior, es necesario un aumento general de salarios para todas las categorías hasta colocarse en ₵500 mil, además de aumentos salariales obligatorios del 10% anuales para recuperar la perdida de poder adquisitivo por el congelamiento de los salarios. También es necesario luchar contra todas las medidas de flexibilización y precarización y defender el financiamiento de la seguridad social.