• Esta situación es responsabilidad de su cartera, que debería llamarse “Ministerio de las Patronales”, y del gobierno ajustador del que hace parte.

Johan Madriz

La ministra de Trabajo, Silvia Lara Povedano, declaró, en una entrevista con La Nación, que las personas trabajadoras en el país sufren un alto nivel de incumplimiento de sus derechos y no denuncian por temor a las represalias de sus patronos. Este gran descubrimiento (del cual trabajadores y trabajadoras ya tenemos pleno conocimiento) es en gran medida responsabilidad de su cartera, que debería llamarse “Ministerio de las Patronales”, y del gobierno ajustador del que hace parte.

A pocos meses de dejar su puesto, Lara señaló que “lo que más me ha sorprendido es el nivel de incumplimiento de los derechos laborales, es altísimo, y existe un enorme desconocimiento entre la población trabajadora sobre sus derechos y sobre cómo exigirlos; es decir, a quién recurro, cómo recurro, qué digo, qué tipo de recurso tengo que interponer”.

Este es justamente parte del trabajo que su cartera debería realizar; fiscalizar y sancionar los atropellos cometidos por las patronales y cuya omisión coloca en una posición de precariedad e inseguridad a trabajadores y trabajadoras. Pero, al contrario, el ministerio es garante de la dictadura patronal, donde cada empresario tiene su feudo y decide el qué, cómo y cuándo.

El MTSS fue el que aseguró que durante estos dos años de pandemia miles de personas sufrieran reducciones de jornadas y suspensiones de contratos, reduciéndoles total o parcialmente sus salarios de un día para otro. El sacrificio de las personas trabajadoras para mantener los negocios empresariales.

Esta legislación dio pie a que muchas empresas abusaran de las medidas (lo que la misma ministra confirmó tiempo atrás), por ejemplo, reduciendo el salario, pero no la jornada. A noviembre pasado se registraban 1.709 denuncias por abusos en la aplicación de las suspensiones y las reducciones y solo 20 habían sido elevadas a los Tribunales de Trabajo.

La ministra también expresó que “hay muchos trabajadores y trabajadoras en este país que se están exponiendo a sanciones vedadas de empresas por haberse atrevido a hacer la denuncia. Entonces, hay muchas personas que no se acercan porque no tienen los conocimientos, no tienen la información sobre sus derechos, no conocen los canales institucionales; pero en muchos casos no se acercan por temor”.

Este es justamente el quid del asunto. Ante un ministerio ciego, sordo y mudo, una legislación que le empina el camino a los trabajadores y las trabajadoras y una arremetida antisindical sin precedentes en décadas, las personas trabajadoras están a merced de los caprichos patronales. A esto se le suma un debilitamiento de los ingresos del ministerio. El presupuesto del 2021 fue de ₵575 mil millones y para el 2022 se redujo un 3,5% a ₵555 mil millones.

Trabajo estima que en el sector privado el 36% de las mujeres y 29% de los hombres no recibe el pago por sus vacaciones. El 37% de las mujeres y el 29% de los hombres no tienen cobertura por riesgos del trabajo, mientras que el 38% de las mujeres y el 30% de los hombres no cuentan con seguridad social. En algo tan elemental como el salario mínimo no se cumple en el 38% de las mujeres y el 36% los hombres en la categoría de calificación media y en las personas no calificadas es de 36% para las mujeres y 43% para los hombres.

A pesar de esos alarmantes datos, que reflejan no solo el irrespeto a derechos en general sino la particular afectación a las mujeres, el Ministerio de Trabajo se limita a anunciar un “equipo especial” de seis funcionarias para todo el país para la inspección de las desigualdades de género. Asimismo, el empresariado agrupado en la Uccaep se opone fervientemente a un proyecto de ley que pretende que quienes realizan las inspecciones laborales no solo prevengan sobre las faltas, sino, que puedan sancionar en tramites más expeditos.

Los tiempos del MTSS y las empresas no son los mismos de las personas trabajadoras. Antes de la entrada en vigor de la Reforma Procesal Laboral los juicios laborales tardaban entre 4 y 5 años en resolverse, ahora se estima que ese tiempo es de uno a dos años. Sin embargo, eso es una eternidad para quienes no reciben el salario mínimo o para quienes no les pagan el aguinaldo.