- El gobierno de Carlos Alvarado delegó la determinación de la forma en que la cuarentena paulatinamente se retraiga a las decisiones del empresariado.
Por Redacción
El presidente Carlos Alvarado se reunió con representantes de las cámaras empresariales para establecer una hoja de ruta para la apertura de actividades económicas. En la reunión estuvieron presentes delegados de la UCCAEP, CADEXCO, Cámara de Comercio, Cámara de Agricultura y Agroindustria y la Cámara de Industrias.
Los sectores empresarios siempre han estado en contra del cierre de centros de trabajo motivados por las afectaciones en la generación de ganancias, esto a pesar de que el gobierno les ha colocado en bandeja de plata toda una serie de medidas para que se vean mínimamente perjudicados.
Estos “protocolos de trabajo y manejo del Covid-19” serán elaborados por cada sector productivo para posteriormente ser certificados por el Ministerio de Salud, en lo que promete ser un simple trámite de pantalla. El gobierno responde directamente a la burguesía y todas las medidas tomadas durante la emergencia van en la línea de salvaguardar las ganancias e inversiones empresariales.
Por eso nunca hubo directrices para suspender labores en las fábricas no esenciales y solo se impuso el cierre de establecimientos comerciales, de forma que miles de trabajadores y trabajadoras se exponen cotidianamente en las aglomeraciones de los centros de trabajo y transporte público.
El empresariado propuso “una hoja de ruta que provea certeza para la continuidad de los negocios” y posteriormente el Comité Operativo de Emergencias, la Comisión Nacional de Emergencias y los ministerios de Economía y Trabajo emitieron una guía para que las empresas prevengan y mitiguen los riesgos de la enfermedad. Manual que llega más de una mes después de declarada la emergencia nacional.
Esta guía consiste en un documento de excel donde cada empresa se autoevalúa para conocer su nivel de preparación ante posibles contagios. El resultado valoraría las condiciones de funcionamiento de cada empresa para el restablecimiento de sus operaciones en caso de haber tenido alguna afectación o la continuidad de las que nunca se detuvieron.
La escala de evaluación propone tres escenarios:
- Calificación de 0 a 9 supone un peligro alto que requeriría detener las operaciones y realizar limpieza profunda.
- Calificación de 10 a 18 considera un peligro medio con lo que se asegura la continuidad de las operaciones y 24 horas para solucionar las deficiencias.
- Calificación de 19 a 28 representaría un peligro bajo y no interrumpe la continuidad laboral.
Esta calificación depende de la veracidad de la información brindada por cada empresa ya que no se contemplan verificaciones in situ y el sector empresario no se caracteriza por ser demasiado honesto cuando están en peligro sus ganancias.
De esta forma el gobierno está comisionando las decisiones de salud pública a criterios económicos que son evaluados justamente por quienes se verían afectados. Como quien dice ser juez y parte, algo hipócrita el mecanismo.
Se puede tener a la vista, como ejemplo, dos call center que concentran el 8.6% de las personas infectada en el país[i] porque las patronales velan primordialmente por sus beneficios.
Ante esto, el gobierno no toma medidas a fondo para garantizar el derecho a cuarentena en los centros de trabajo no esenciales y mientras el gobierno pide lavado de manos y quedarse en casa, la realidad que enfrentan cientos de miles de personas trabajadoras de la empresa privada es otra, pues se ven forzadas a desplazarse a centros de trabajo donde no necesariamente se cumplen las medidas de higiene requeridas.
La pandemia sacó a flote las diferencias de clase en la sociedad capitalista, donde las posibilidades de resguardarse ante un virus potencialmente mortal son menores para los trabajadores y trabajadoras, en particular para quienes laboran en los sectores más precarizados y sin organización sindical.
¡Por el derecho a guardar cuarentena! ¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias!
[i] Datos al 15 de abril.
