• El presidente Carlos Alvarado presentó a la Asamblea Legislativa el texto sustitutivo de la ley de empleo público que pretende suprimir las conquistas salariales producto de décadas de luchas sindicales.

Por Víctor Artavia

El día de hoy, el presidente Carlos Alvarado presentó a la Asamblea Legislativa el texto sustitutivo del empleo público. Aprovechando la desmovilización social producto de la crisis sanitaria y económica generada por el Covid-19, el gobierno profundiza los ataques contra la clase trabajadora.

Con esta (contra) reforma al empleo público, pretende suprimir las conquistas salariales producto de décadas de luchas sindicales por medio de la creación de un solo régimen de empleo público con ocho familias de puestos y un salario global. Así, en los hechos se eliminaría el pago de compensaciones salariales (los llamados pluses).

Además impone un tope de 20 días a las vacaciones, lo cual afectará varias convenciones colectivas o regímenes laborales donde, por la antigüedad, se acumulaban más días de vacaciones al año.

Muy al estilo del PAC, este ataque lo tratan de “embellecer” incorporando algunas concesiones puntuales, como la ampliación de la licencia de maternidad en casos específicos y la creación del permiso por paternidad.

De acuerdo a la Ministra de Planificación Pilar Garrido, el “propósito es modernizar el servicio público para mejorar su eficiencia y eficacia, en apego a los preceptos constitucionales, las necesidades de las personas y las buenas prácticas de los países miembros de OCDE”. De todas estas palabras, lo único cierto es lo último, pues estos ataques están en la línea de las tesis neoliberales que manejan los tecnócratas de la OCDE.

Lo más absurdo del caso, es que estos cambios al empleo público tan sólo reducirá el gasto en un 0,7% del PIB, un monto risible con respecto al déficit fiscal que, para este año, se proyecta llegará al 8.6%. Ante esto, lo necesario es crear impuestos al gran capital, atacar la evasión y elusión fiscal y suspender el pago de la deuda.

Por último, el gobierno también impulsa el cierre de FONABE y eliminar el pago de la anualidad 2020 en el sector público.

Es necesario que las organizaciones sindicales rompan la inercia de los últimos meses y preparen acciones desde las bases para frenar este proyecto. En medio de la actual coyuntura se pueden realizar plantones o movilizaciones que resguarden el distanciamiento físico.

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