• El hecho de que la producción y el empleo no avancen paralelamente, sin un aumento en la productividad mediante, solo tiene una explicación: un mayor nivel de explotación.

Johan Madriz

Iniciamos una serie de artículos donde examinamos los resultados del Informe Estado de la Nación (IEN) 2021 que fue publicado a mediados de noviembre.

El empleo es uno de los temas más sensibles para la clase trabajadora, ya que, esta es su fuente de ingresos y de ella depende su subsistencia. Costa Rica tiene un problema estructural con la generación de empleo de calidad que hace parte del modelo de desarrollo económico enfocado en la atracción de inversión extranjera directa y la producción para el mercado externo.

La información del INEC para setiembre de 2021 estima en 2,47 millones de personas la fuerza de trabajo con una tasa de participación de 72%. El desempleo se coloca en un 15,3%, el subempleo en 13,4% y el empleo informal es de 44,2%. Estas cifras han disminuido con respecto al pico pandémico registrado a mediados del 2020, donde el desempleo fue de 24,4%, sin embargo, se mantienen por encima de los niveles de 2019, que ya de por si eran altos.

Sin embargo, la realidad del desempleo podría ser mucho peor ya que una parte importante, por diferentes motivos, salió del mercado laboral. “También se ha dado una salida del mercado laboral de una cantidad importante de personas (118.764 menos), especialmente mujeres, que ahora se clasifican como ‘fuera de la fuerza de trabajo’, pues no han hecho gestiones para encontrar un empleo, lo cual apunta a que las tasas de desempleo podrían ser aún mayores si estas personas se insertaran al mercado de trabajo” (pág. 50).

Según el Banco Central los niveles de empleo prepandemia se recuperarán recién a finales de 2022, caso contrario a los niveles de producción generales que ya lograron recobrar el terreno perdido. Esta “asimetría” entre ambos aspectos profundiza la concentración de riqueza en el empresariado y aumenta la pobreza y la explotación de la clase trabajadora. “Este Informe reporta que no se están generando suficientes empleos formales y se está ampliando el dualismo entre la ‘vieja’ y la ‘nueva’ economía. Grupos históricamente más vulnerables, como las mujeres, la juventud, las clases obreras y los sectores de menor calificación educativa siguen siendo especialmente golpeados” (pág. 38).

La afectación, aunque fue generalizada, no se dio de la misma forma para todos los grupos sociales, siendo los pequeños propietarios y los sectores trabajadores los más afectados. “En términos generales, puede afirmarse que las personas pertenecientes a clases sociales asociadas a puestos de trabajo poco calificados y con un bajo perfil educativo fueron las más afectadas por la crisis […] La mayor afectación, tanto por la reducción de la actividad económica como en sus ingresos, se presentó en el grupo de ‘pequeños propietarios’ (78%), sector vinculado a las microempresas comerciales y de servicios (como el turismo). Le sigue la clase de ‘otros trabajadores’, integrada principalmente por el servicio doméstico, junto con las clases obreras ‘industriales’ y ‘de servicios’, con cifras similares al promedio nacional (43%)” (pág. 45).

De esta forma el desempleo, la precarización y la informalidad afectan directamente los ingresos de las personas trabajadoras, lo que desemboca en un aumento en la pobreza y en una peor calidad de vida. “La afectación laboral de los hogares en extrema pobreza se diferencia del resto, pues el desempleo fue el problema que los impactó en mayor grado: un 35% de los hogares, cifra que duplica la de los ubicados en el nivel de pobreza no extrema (18%) y cuadriplica la de los que se encuentran en una situación que supera la condición de pobreza (8%)” (pág. 111).

“En promedio, el ingreso generado por la ocupación principal de las personas con empleo varió un -4,5% en el 2020” (pág. 308). Esto impacta en el consumo de los hogares, que es un elemento esencial para la economía nacional, “representa un 49% de la demanda del país y, entre el 2015 y 2019, había mantenido un crecimiento promedio de 3,5%. En el 2020, este indicador se contrajo con una tasa de -4,8%, lo cual explica cerca de la mitad de la caída en la demanda total” (pág. 42).

El crecimiento de la economía durante 2020 fue negativo, -4,1% del PIB, al igual que el empleo, “aproximadamente se perdieron 237.000 puestos de trabajo, según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC. Comparativamente, en un solo año se destruyeron los empleos netos generados durante los últimos ocho años” (pág. 42). Sin embargo, la perdida de empleo sobrepasa la caída en la producción, “destaca el caso de la industria manufacturera: tuvo un crecimiento del 4% pero la generación de puestos de trabajo se contrajo en -12,5%” (pág. 45).

La explicación de este desacople se debe a la estructura productiva del país. La recuperación se concentra en ciertos sectores, especialmente las zonas francas. “El régimen especial, principalmente compuesto por las zonas francas, se vio menos afectado respecto a lo experimentado en el resto del parque productivo (régimen definitivo) y además tuvo un proceso de recuperación casi inmediato. Por el contrario, en el régimen definitivo, principalmente compuesto por empresas nacionales dedicadas al mercado interno, hasta agosto del 2021 no había logrado alcanzar los niveles de producción pre-pandemia” (pág. 49).

Las zonas francas representan una pequeña parte del empleo y generan menos encadenamientos productivos, por lo que, su bonanza no “fluye” hacia el resto de los sectores. “La mayor parte de la producción es independiente en materia de encadenamientos y no tiene un efecto derrame sobre el empleo. Entre los productos con capital extranjero que no generan encadenamientos ni multiplican el empleo, se distinguen los suministros médicos y dentales (2,46% del PIB), la piña (0,41% del PIB), el banano (0,57% del PIB) y los servicios de información e informática (1,43% del PIB)” (pág. 148).

Es así como los sectores que han logrado recuperarse de mejor manera son los que menos generan empleo. “Costa Rica tiene una baja capacidad de generar oportunidades laborales, pues un 94% de la producción se caracteriza por tener un multiplicador de empleo bajo, y solo un 1% de nivel alto” (pág. 146).

A esto se le suma que una gran parte de las ganancias de las empresas salen del país, configurando una fuga de riqueza que no se invierte en el desarrollo de los factores productivos nacionales. “El Informe Estado de la Nación ha evidenciado que el aumento en la IED implica una mayor salida de capitales por las transferencias y rentas enviadas al exterior (lo que se conoce como pago a factores externos). Esta situación genera una reducción en el ingreso nacional disponible (IND), el cual considera solamente la producción del PIB que efectivamente permanece en el país. El IND es menor que el PIB desde 1999, lo que refleja que parte de las ganancias de la producción salen hacia el extranjero. Entre el 2019 y 2020, la brecha entre el IND y PIB real fue de -15% del PIB” (pág. 305).

Otro elemento del mercado laboral es la generación de empleo de baja calidad, evidente en los trabajos de tiempo parcial (subempleo) y precarizado (informal). Ambos tipos representan casi el 60% del empleo nacional. “Al finalizar el II-2020, la tasa de informalidad disminuyó fuertemente, especialmente entre las mujeres, y llegó a su nivel más bajo en la última década. Sin embargo, esta caída no obedeció a una causa positiva, como lo podría ser una mayor generación de trabajos en el sector formal de la economía, sino al proceso de destrucción de empleo que se experimentó. […] el dinamismo del empleo en la última década era explicado principalmente por la informalidad, lo cual demuestra por qué la pandemia golpeó fuertemente este tipo de empleo y por qué la recuperación ha sido lenta e insuficiente en la creación de empleos formales” (pág. 269).

El gobierno tomó medidas al inicio de la pandemia para preservar las ganancias de los sectores empresariales a costa del empleo y los ingresos de las personas trabajadoras. Es el caso de las suspensiones de contratos y las reducciones de jornadas y salarios. El IEN cifra en 54% los hogares que reportaron alguna afectación por la pandemia, es decir, unos 866 mil. En un 15% hubo personas desempleadas, si se suman los que tuvieron reducciones de jornada se llega al 43% y con reducción de ingresos se alcanza el 45%. Con los hogares que recibieron ayuda económica, alimentos o víveres se aumenta al 50%, con quienes tuvieron que utilizar sus ahorros o endeudarse para pagar las necesidades inmediatas se alcanza el 53% y, finalmente, con las personas entre 15 y 24 años que no pudieron continuar sus estudios se llega al 54%.

Estas medidas no solo no cumplieron su supuesto objetivo de preservar los empleos, sino que, implicaron una excusa para las patronales para avanzar sobre los derechos laborales. “Las reformas legales aprobadas en relación con las condiciones laborales en el marco de la pandemia, como la reducción de jornadas y de salarios, así como la suspensión temporal de los contratos, reforzaron el poder de los empleadores para imponer la disminución de las condiciones sin la participación de las organizaciones de las personas trabajadoras. […] El país enfrenta en este ámbito una compleja problemática: a la violación de derechos dentro de las relaciones laborales, que generan y refuerzan la informalidad, tal y como ha sido documentado en Informes anteriores, se agrega la legalización de algunas medidas para que el empleador pueda disminuir derechos laborales. Por ejemplo, casos en los cuales no disminuyó la jornada, pero sí los salarios por estar en el contexto de la pandemia” (pág. 114).

Los salarios son la forma en que una pequeña parte de la riqueza nacional es distribuida entre quienes la produjeron. De esta forma, un empleo formal es esencial para asegurar una buena calidad de vida para las personas trabajadoras y disminuir la pobreza. Pero ese no es el objetivo del capitalismo. Este se rige por la generación de ganancias y en su camino trata de reducir todos los costos posibles, incluyendo los salarios. Es así como, la pandemia significó una oportunidad para legitimar un gran ataque a la clase trabajadora. El hecho de que la producción y el empleo no avancen paralelamente, sin un aumento en la productividad mediante, solo tiene una explicación: un mayor nivel de explotación. “Muchas actividades se recuperaron, pero con un menor número de empleos, es decir, con el mismo nivel de producción se utiliza menor cantidad de mano de obra” (pág. 312).

El capitalismo costarricense avanza, de la mano de la OCDE y el FMI, a una homologación hacia los niveles de explotación mundiales, configurando un gran ataque a las conquistas históricas de la clase trabajadora. El IEN advierte que “la nueva normalidad posiblemente implique cambios permanentes en las relaciones laborales y formas de empleo” (pág. 313), lo cual será una realidad a menos que luchemos contra el plan de contrarreformas, ajustes y recortes del gobierno.