• Este proceso fue constituido de forma tal que se libre a la iglesia católica de cualquier tipo de responsabilidad, a pesar de las evidentes implicaciones y complicidad.

Johan Madriz

El Tribunal Penal de Desamparados dictó una sentencia de 20 años de prisión para el exsacerdote Mauricio Víquez Lizano. Se le impusieron 14 años por violación agravada y 6 años por abuso sexual contra persona menor de edad. El juzgado le absolvió, por duda, de un delito de violación. La pena es menor a la solicitada por la Fiscalía de 28 años de prisión (18 años por violación y 10 años por abuso sexual).

A Víquez se le encontró culpable de abusar sexualmente de un niño en 2003 cuando era cura párroco de una iglesia en Patarrá de Desamparados, en ese momento el menor tenía 11 años (actualmente tiene 30).

Esta fue la única causa por la que se juzgó al excura, sin embargo, no fue la única denuncia en su contra. Otros tres hombres le acusaron de delitos similares, pero en octubre del año pasado ese mismo tribunal declaró prescritas las denuncias, aunque actualmente esa sentencia se encuentra en apelación. De incluirse esas causas se elevarían a 61 los sumarios en su contra por delitos sexuales.

Recientemente, esos tres hombres demandaron civilmente al arzobispo de San José, a las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José y a la Conferencia Episcopal por supuestamente encubrir los delitos sexuales en su contra cuando eran menores de edad. Cada uno de estos procesos demanda el pago de ₵100 millones por daños y perjuicios ya que la iglesia habría conocido de los hechos desde 2002 y 2003 sin que tomaran ninguna acción.

Todo este proceso fue constituido de forma tal que se libre a la iglesia católica de cualquier tipo de responsabilidad, a pesar de las evidentes implicaciones y complicidad: desde no tomar acciones más allá de mover al sacerdote de una parroquia a otra, hasta advertirle de su inminente captura para que lograra salir del país en un intento por evadir la justicia.

Hay que tener en claro que dentro de un Estado burgués todas sus instituciones están marcadas por la división de clases y responden a la burguesía y sus aliados (iglesias mediante). Es así como el sistema judicial se aseguró de que la iglesia católica se mantenga impune y no asuma ninguna responsabilidad. Por esto nunca hay que confiar en la Poder Judicial y, por el contrario, hay que luchar contra la violencia patriarcal en las calles.