• Es un contrasentido que en medio de una emergencia se reduzcan los recursos de la institución que está dándole la cara a la pandemia. Ahora más que nunca es necesario fortalecer la seguridad social con impuestos solidarios al gran capital.

Por Johan Madriz

Las gerencias de Pensiones y Financiera de la CCSS dieron a conocer el estimado del déficit que afectaría a la institución resultado de la emergencia nacional por la pandemia: podría llegar hasta los ¢720 mil millones.

En el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que maneja las pensiones, el faltante de recursos podría estar entre ¢236 mil millones en el mejor escenario y hasta ¢417 mil millones. Este último monto representaría el 19% del fondo de reserva que asciende a ¢2.2 billones y que tendría que comenzar a utilizarse para cumplir con los pagos mensuales de 290 mil personas.

Esta situación agravaría el estado del régimen ya que según el último estudio actuarial de julio de 2019 (que no contemplaba el escenario de una pandemia) la reserva permanecería intacta hasta 2030, cuando tendrían que comenzar a utilizarse sus fondos, y se agotaría en 2037.

Por su parte la Gerencia Financiera estimó el golpe al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) entre ¢190 mil millones y ¢303 mil millones entre marzo y agosto. Este seguro es el que cubre la atención medica de todas las personas cotizantes y que en el marco de la emergencia se amplió a la atención de quien requiera servicios médicos por Covid-19 sean o no cotizantes. Para esto se estableció un fondo de reserva de contingencias por ¢47.500 millones y con posibilidad de crecer hasta los ¢69.700 millones. Al 2 de abril la CCSS informó que ya gastó ¢19 mil millones de ese fondo (42.2% del total).

Esta situación se genera por tres elementos. El primero y más evidente es el aumento del gasto por la atención de la emergencia. El segundo es la desaceleración económica del país resultado de la cuarentena y el distanciamiento social provocando una disminución de ingresos y el tercero tiene que ver con las medidas impulsadas por la Junta Directiva de la institución (avaladas por Casa Presidencial) para “aliviarle” las condiciones al empresariado.

Estas disposiciones tienen que ver la suspensión hasta el 30 de junio de las gestiones de cobro a patronos e independientes morosos, la reducción de la base contributiva del SEM y el IVM en un 75%, medidas de flexibilización en la readecuación de convenios de pago y reducción de tasas de interés.

En sintonía con estas medidas, que son en beneficio de la clase poseedora, también se aprobaron leyes para permitir la suspensión de contratos de trabajo y la reducción de jornadas y salarios en hasta el 75%. Medidas que afectan los ingresos de las y los trabajadores y evidentemente también las contribuciones hacia la CCSS que ve reducidos los aportes.

Según Ministerio de Trabajo al 3 de abril 333 empresas aplicaron suspensión de contratos de trabajo (7.196 personas) y 111 reducciones de jornadas (3.707 personas). Sin embargo, la afectación es mucho mayor ya que no hay registros de las personas despedidas pero estas se cuentan por miles.

Otra cara del asunto son las deudas con la seguridad social. El gobierno le debe a la CCSS ¢1.67 billones, es decir, más del doble del hueco que la pandemia le podría provocar a la institución. Por su lado, las patronales e independientes tienen una deuda al 5 de abril de ¢444.776 millones.

Por su parte la clase trabajadora sigue sin ser atendida por el gobierno. Las personas que aún tienen trabajo siguen pagando el 10.5% de su salario en los aportes al SEM, IVM y Banco Popular. Las personas con suspensión o reducción de jornada tienen que seguir haciendo frente a todas sus obligaciones a pesar del reajuste en sus salarios.

Además, se sigue pagando el IVA en todas las compras para que las empresas lo “jineteen” ya que lo tienen que desembolsar a Hacienda hasta diciembre. Mientras tanto todas las personas que se han visto afectado su salario aún esperan el anunciado subsidio de tres meses que prometió el gobierno y cuyo proyecto de ley ni siquiera se ha presentado en la Asamblea Legislativa.

Es un contrasentido que en medio de una emergencia se reduzcan los recursos de la institución que está dándole la cara a la pandemia. Ahora más que nunca es necesario fortalecer la seguridad social, por eso es necesario prohibir los despidos, suspensiones y reducciones, la crisis no debe caer sobre la clase trabajadora. Se debe eliminar la moratoria de cobros a las grandes empresas para que salden sus deudas al igual que el Estado como principal deudor y se deben establecer impuestos solidarios al gran capital que hasta el momento ha gozado de todas las protecciones para que sus ganancias no sean afectadas.

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